La administración Trump y sus aliados en el Congreso causan la pérdida de cobertura médica más grande en la historia de EE.UU.

Un informe de UnidosUS concluye que el presidente Donald Trump preside actualmente la mayor pérdida de cobertura médica de la historia estadounidense, amenazando con revertir de forma abrupta 14 años de avances conseguidos con mucho esfuerzo para las familias latinas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 8.7 millones de estadounidenses perderán su seguro médico bajo la actual administración. Esto representa un incremento de un tercio; una cifra que duplica la mayor pérdida de cobertura registrada anteriormente, ocurrida a principios de la década de 1990.Esta pérdida de cobertura médica, la más grave en la historia de Estados Unidos, tiene una particularidad alarmante: es la primera de gran magnitud derivada enteramente de decisiones federales en materia de salud pública. Mientras los retrocesos históricos previos fueron consecuencia de crisis económicas — en las que el desempleo arrastraba las pérdidas del seguro — las cifras actuales son completamente autoinfligidas.

Gracias a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), casi 10 millones de latinos lograron acceso al sistema de salud entre 2010 y 2024. Sin embargo, estos avances enfrentan hoy una amenaza directa debido a los recortes propuestos a Medicaid y al mercado de seguros privados de la ACA (conocida como Obamacare).

Se estima que 14 millones de personas, entre ellos más de 4 millones de latinos, quedarán sin seguro en la próxima década como consecuencia de dos acciones legislativas. En primer lugar, el Congreso permitió el vencimiento de los créditos fiscales de la ACA en el mes de enero, lo que incrementó el costo promedio de las primas en 1,000 dólares anuales para más de 20 millones de estadounidenses, incluidos 6.5 millones de latinos. Se anticipa que este aumento de costos resultará en la pérdida de cobertura para millones de familias.

En segundo lugar, el presupuesto federal aprobado el verano pasado incluye recortes a la atención médica por más de un billón de dólares. Dichas medidas imponen nuevas cargas burocráticas que privarán a familias trabajadoras del acceso a la salud. A partir de 2027, Medicaid dará de baja a los adultos de bajos ingresos a menos que acrediten empleo o excepciones específicas que acrediten la imposibilidad de trabajar como la discapacidad o responsabilidades de cuidado. Además, cada seis meses deberán demostrar que siguen siendo elegibles, a pesar de la falta de indicios de cambios en su situación.

Estas barreras administrativas pueden tener un impacto devastador en las familias hispanas, muchas de las cuales enfrentan limitaciones lingüísticas y dificultades para aportar la documentación requerida de forma electrónica, o bien para ausentarse del trabajo y acudir a las oficinas de servicios sociales.

Históricamente, el 52 % de los latinos que perdieron Medicaid en la recertificación eran elegibles, pero fueron excluidos por fallas burocráticas. En contraste, entre la población no hispana, la tasa de exclusión errónea fue del 40%; una cifra también excesiva, pero significativamente inferior a la que enfrentan las familias hispanas.

El presupuesto federal también perjudica específicamente a la comunidad latina al eliminar el seguro médico de numerosos inmigrantes con estatus legal, incluidos refugiados y beneficiados de DACA, quienes llegaron al país en su infancia y no conocen otro hogar.

Otras políticas de la administración Trump han erosionado el acceso de la salud. La aplicación indiscriminada de las leyes migratorias, el intercambio de registros de Medicaid con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la normativa de carga pública han generado un profundo efecto disuasorio. En 2025, la proporción de padres inmigrantes que reportaron haber abandonado programas como Medicaid por temor a las consecuencias migratorias casi se duplicó, pasando del 11% al 18%. Los Afiliados de UnidosUS que atienden a comunidades hispanas locales reportan con frecuencia que familias enteras evitan atención médica por miedo a que agentes de ICE puedan presentarse en hospitales o clínicas y proceder con detenciones basadas en su aspecto o forma de hablar.

Nadie debería sentirse inseguro al ir al médico. Ningún padre debería verse obligado a renunciar a la atención médica por miedo a ser separado de sus hijos, y nadie en este país debería ser detenido por su apariencia o idioma. Sin embargo, esta es la realidad de los latinos día tras día.

Las decisiones adoptadas por los legisladores afectan a los estadounidenses de todos los orígenes, pero estas medidas han impactado deliberadamente a la comunidad latina y tienen un daño especialmente profundo. Nuestros representantes electos tienen el deber de mejorar la vida de la ciudadanía, no de precarizarla. Es imperativo que el Congreso revierta estos recortes y reconstruya los programas sanitarios para garantizar un seguro médico asequible para los latinos y para toda la nación.

(*) Stan Dorn, director de Políticas de Salud de UnidosUS.

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