Editorial: Corrupción e injusticia desde el poder
Los abogados del Departamento de Justicia de un Presidente no pueden montar una defensa contra los abogados personales de él mismo
Donald Trump,, presidente de EE.UU. Crédito: Jacquelyn Martin | AP
En la segunda presidencia de Donald Trump cayeron las máscaras de decencia, tolerancia, compromiso con la democracia y preocupación por los problemas de la gente que figuraban en la primera. Se diluyeron y en su lugar reflotaron los atributos verdaderos del régimen
Sea porque lo que sale a la luz es su verdadero carácter e ideología – o la falta de ella – o porque son los signos de envejecimiento de quien cumplirá 80 años el 14 de junio, le es cada vez más difícil a la Casa Blanca explicar la conducta de su principal inquilino, el hombre más poderoso del mundo.
No es que pensemos que a Trump no le importen las tribulaciones y finanzas del pueblo. Es que él mismo lo ha dicho la semana pasada hablando de la guerra en Irán: “No pienso sobre las finanzas de los estadounidenses”. “Ni siquiera un poquito”, agregó. Un par de días después, confrontado con las reacciones adversas, lo repitió. “Es una declaración perfecta”, dijo. “Lo diría otra vez”.
A partir del 20 de enero hemos visto al Presidente, su familia y su entorno social se dedicaron a la acumulación de dinero y poder y menos en la tarea de gobernar.
Pocas evidencias de ello podrían ser más claras que la demanda que en Presidente y varios de sus allegados contra su propio gobierno. A fines de enero, el Presidente, junto con Trump Organization, su principal empresa y sus hijos Eric y Don Jr., iniciaron un litigio contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) solicitando “al menos $10,000,000,000” en daños y perjuicios.
¿El motivo? En 2019 y 2020, Charles Littlejohn, para entonces un contratista del IRS que filtró a la prensa 15 años de declaraciones de impuestos de Trump, donde se revelaba que el multimillonario no pagó impuestos por 10 años aduciendo pérdidas y pagó $750 dólares en 2016 y en 2017, su primer año como Presidente. En 2024, Littlejohn fue condenado a cinco años de cárcel por sus actos
Los Trump adujeron que la publicación dañó su “prestigio” e “imagen”.
Los miles de millones de indemnización que demandaron concuerdan con las demandas judiciales entabladas por los Trump por difamación, desacuerdos en negocios de su casino, empresas de bienes raíces y campaña electoral. En 2017, un análisis de USA Today las calculó en 4,095 demandas.
Pero nunca contra su propio gobierno. Contra él mismo en su calidad de principal ejecutivo de la nación. La demanda entablada era corrupta porque los abogados del Departamento de Justicia de un Presidente no pueden montar una defensa significativa contra los abogados personales de él mismo.
La jueza federal de Florida que atendía el caso, Kathleen Williams, dio a las partes hasta el 20 de mayo para que explicaran por qué deberían considerarse dos, siendo uno solo Nombró un comité de seis abogados para dar su parecer sobre lo mismo y se manifestó escéptica de que ello fuese posible.
Para evitar este escrutinio judicial, la administración negoció un acuerdo extrajudicial, y justo cuando estaba por expirar el plazo, el mandatario y los suyos retiraron la demanda. Ayer se supo el precio: el IRS creará un fondo de compensación por 1,776 millones de dólares para las “víctimas” de la supuesta persecución por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Joe Biden. El comité que lo gestionaría sería controlado por Trump. El tendría, en última instancia, control del fondo. Un inmerecido regalo.
¿El nombre del comité? “Comisión de la Verdad y la Justicia del presidente Donald J. Trump”.
Los fondos vendrían del erario público sin aprobación del Congreso, que es quien tiene el derecho a determinar los gastos del gobierno. Lamentablemente, estando ambas cámaras en manos de republicanos adeptos a Trump, nada están haciendo al respecto.
Supuestamente el dinero iría a “indemnizar” a los golpistas del 6 de enero de 2021, que intentaron tomar el Congreso para impedir la declaración de Joe Biden como ganador de las elecciones de noviembre anterior y por ende, presidente electo.
Además de corrupta, la idea es inconstitucional. Viola la Decimocuarta Enmienda que dice en su Sección IV: “ni Estados Unidos ni ningún estado asumirán ni pagarán ninguna deuda u obligación contraída en ayuda de una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos”.
