Hagamos valer a la Constitución

Mientras que como parte integrante del pueblo estadounidense nos preparamos para celebrar el 250 aniversario de la proclamación de nuestra independencia de la corona británica muchos preguntan si los derechos consagrados en la constitución se mantienen vigentes. 

Se articula esta pregunta porque en este momento tenemos el caso del ciudadano e inmigrante colombiano Franklin Humberto Coral Garrido—conocido en redes sociales como Beto Coral. 

El Secretario de Estado Marco Rubio, recomendó su expulsión de los EU por su oposición a la candidatura para Presidente de Colombia de Abelardo De La Espriella un político ultra conservador apoyado de forma total por el Presidente Donald Trump. 

En consecuencia de la recomendación del Sr. Secretario, el pasado día 16 de junio Beto Coral fue arrestado por agentes de ICE en la Ciudad de Phoenix, Arizona, y desde entonces permanece bajo la custodia de las autoridades de inmigración. 

Un análisis cuidadoso de las circunstancias del arresto y encarcelación por ICE de Beto Coral indica que las autoridades federales le están violando su derecho constitucional a la libre expresión.  

La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidosle garantiza a toda persona residente dentro del país, y sus territorios, la libertad de expresión. 

La libertad a la libre expresión ha sido interpretada y definida por expertos en derecho constitucional, abogados constitucionalistas, jueces, y hasta por la Suprema Corte de Justicia de la nación como el derecho de todos a expresar opiniones, ideas y creencias sin censura ni represalias por parte del gobierno.

Asi pues, cuando el dia 20 de enero del año pasado el Presidente Donald Trump elevo su mano derecha y literalmente recito, y juramento, darlo todo para preservar, proteger, y hacer valer la constitución su acción solemne no hizo más que resaltar una obligación que todas las y los ciudadanos y residentes de esta gran nación nos obligamos a cumplir. 

Para que a nadie le quede la menor duda de la anterior e importante afirmación, repasemos el juramento sagrado que en la más absoluta libertad, y con plena conciencia, asumió el 47 avo Presidente de los Estados Unidos. Textualmente, su juramento rezo: “Juro (o afirmo) solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que, en la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos.

Por lo anterior, resulta más que claro que quien sea que viole cualquiera de los derechos constitucionales incurre en una violacion muy seria a la ley suprema de la nación. 

Cuando un miembro del Ku Klux Klan suprime el derecho a la libre expresión de un ciudadano por el hecho de este pertenecer a una raza no anglosajona cualquier persona razonable apoyaría que las debidas autoridades sancionen al infractor. 

Más cuando quien viola cualquiera de los derechos consagrados en la constitución es un abogado, además es un político quien de la misma forma como lo hizo el Presidente, juró proteger y defender nuestra constitución, es la obligación de quienes creemos en el orden constitucional exigir que se sancione al infractor que en el caso del Sr. Humberto Coral Garrido (Beto Coral) es Marco Rubio. 

Marco Rubio no solo es abogado sino el Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional de la nación. Previo a asumir tan altos cargos al interior de la Administración Trump, por alrededor de una década sirvió como Senador Federal por el Estado de Florida, además de que en su trayectoria política fue electo líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de su estado.

Como deberíamos valorar que un Secretario de Estado en funciones, como es el caso de Marco Rubio, haya hecho caso omiso de sus obligaciones constitucionales, y haya recomendó la expulsión de los EU de un ciudadano colombiano por su oposición a la candidatura para Presidente de Colombia de Abelardo De La Espriella un político ultra conservador impulsado por el Presidente Donald Trump? 

Resulta irónico que mientras Beto Coral languidecía en un centro de detención para inmigrantes indocumentados, se celebró la elección presidencial en Colombia, y triunfó el Candidato del Presidente Trump y del Secretario Rubio.

Sin embargo, fue la recomendación de expulsión de Beto por Marco Rubio lo que constituye prácticamente una orden para su arresto y deportación. 

Más allá de lo grave que resulta que a un inmigrante, quien no a incurrido en delito alguno, salvo ejercer su derecho a la libre expresión, se le arreste y se le encarcele, lo que en realidad resulta muchísimo más grave es la afrenta que se comete por la autoridad a los derechos constitucionales de todos los residentes en los EU. 

En esta fecha en que estamos celebrando el 250 aniversario de la Proclamación de la Independencia tenemos que hacer la pregunta de rigor, sigue vigente el derecho a la libre expresión?

Porque si los derechos constitucionales ya no los van a hacer valer las autoridades en todos los niveles de Gobierno, entonces es la obligación de todos aceptar que  estamos ingresando en pleno a un periodo en nuestra historia donde los derechos se reconocen por parte del estado de forma selectiva, y cuando las opiniones de los ciudadanos no concuerdan con las políticas de las máximas autoridades estas pueden utilizar todo su poder para suprimir los derechos garantizados a la ciudadanía por la constitución. 

En el plano constitucional, lo que se está jugando en el caso del Sr. Beto Coral es si como reza la proclamación de la independencia, y en la carta de los derechos que de ahí emanan, el que la garantía de la construcción de una “more perfect union (una unión más perfecta)” se encuentra en nuestros derechos constitucionales. Y en en este caso en el derecho pleno a la libre expresión. 

Si Beto Coral es deportado porque no hacemos nada por evitarlo, todo el pueblo de este poderoso país sale perdiendo. 

Exijamos que se haga lo que la constitución manda, respeto pleno por las máximas autoridades al derecho a la libre expresión. Y por consecuencia libertad inmediata para Beto Coral. 

Juan José Gutiérrez es un miembro del Comité Social Autónomo (CASA-HGT) y el Director Ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos Para Los  Inmigrantes.