Urge justicia para los mexicanos muertos por ICE

Nuevamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocupa los titulares noticiosos por sus abusos y exceso de violencia que a menudo causa muertes innecesarias. El pasado 8 de julio, un agente de esa institución abatió a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un indocumentado mexicano que intentó escapar de un operativo en Houston, Texas. La propia agencia reconoció que se trató de un error craso, porque el fallecido, que estaba a punto de conseguir su permiso de trabajo en Estados Unidos, no era la persona a la que buscaban.  

La muerte de Salgado ha generado múltiples llamados de funcionarios demócratas y grupos defensores de derechos de los inmigrantes para que se realice una investigación independiente sobre lo ocurrido. 

Ante esta tragedia, la respuesta del gobierno mexicano ha tomado un giro drástico. La presidenta Claudia Sheinbaum rompió con la tradicional pasividad burocrática y anunció que su administración irá “más allá de las reclamaciones diplomáticas” ordinarias. Desde el Palacio Nacional, la mandataria instruyó el inicio de medidas jurídicas contundentes y denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EE. UU. por lo que abiertamente calificó como “homicidios”.  

Además, se contemplan acciones civiles contra las empresas privadas que lucran con los centros de detención. La postura de Sheinbaum es firme:  

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos… Estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Lo que no podemos es ser omisos”.  

Si bien las enérgicas acciones legales anunciadas por la presidenta y su cancillería son necesarias y representan un cambio de marcha indispensable, es imposible ignorar la pregunta más amarga de esta crisis: ¿por qué se esperó tanto?

Hoy se sabe que la cifra de mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o en operativos de ICE en este ciclo de endurecimiento migratorio asciende ya a 17 personas. Diecisiete familias destrozadas que, hasta ahora, solo habían recibido el consuelo estéril de 11 notas de protesta diplomática. 

El gobierno mexicano debió haber golpeado la mesa de los tribunales internacionales y estadounidenses desde el primer deceso. Tratar las muertes sistémicas de connacionales como “incidentes aislados” merecedores de quejas de papel fue una omisión histórica. Dejar pasar 16 tragedias antes de instrumentar una ofensiva legal vigorosa es la dolorosa prueba de que la diplomacia de la “cabeza fría” a veces peca de congelar la urgencia humanitaria.

Un error que cuesta una vida humana no es un error administrativo; es una negligencia criminal amparada por un sistema de persecución punitivo. Los migrantes mexicanos sostienen industrias enteras y enriquecen la economía del país del norte; su único “delito” es la falta de un documento. Es hora de que el peso del Estado mexicano defienda de verdad esa dignidad en los tribunales estadounidenses. Las demandas que hoy se anuncian son correctas y urgentes, pero llegan arrastrando el eco de 17 muertes que exigían justicia desde hace mucho tiempo.