La aplicación de la justicia en México
La paradoja de esta administración: Para la oposición, todo el peso del Estado y detenciones exprés; para los gobernantes propios, justificaciones retóricas
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE
La política mexicana siempre ha estado repleta de escándalos, pero la velocidad con la que se acumulan en esta administración no tiene precedente. El escenario actual en Baja California y el panorama nacional pintan de cuerpo entero una realidad inocultable: la justicia en México se aplica con un estricto criterio partidista.
El epicentro del terremoto político en ese estado gira en torno a Marina del Pilar Ávila Olmeda. La gobernadora de Baja California está atrapada en una tormenta perfecta que combina acusaciones de narcopolítica, tensiones bilaterales y sospechas de traición. Tras la pérdida de su visa estadounidense por supuestos nexos con el crimen organizado —atribuidos inicialmente al entorno de su exesposo, detonando un oportuno divorcio—, el escándalo alcanzó un punto crítico en días recientes con la filtración de audios demoledores. En las grabaciones se escucha a la mandataria pactar reuniones e incluso ofrecer información de seguridad de México a supuestos agentes estadounidenses (que resultaron ser una trampa política) con tal de limpiar su situación migratoria y evitar una extradición.
Ante la gravedad de los audios, la respuesta del Gobierno Federal ha sido la protección total. Desde el gabinete de seguridad y el palacio presidencial se decretó de inmediato que “no hay delito que perseguir”, minimizando el hecho como una simple conversación privada o una venganza interna.
Este manto protector de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un hecho aislado. Es el mismo patrón de conducta observado con los funcionarios sinaloenses y su gobernador, reiteradamente señalados de complicidad con facciones como “Los Chapitos”.
El verdadero contraste —y lo que ha encendido un profundo malestar social— llegó con un caso que ilustra a la perfección el doble rasero con el que actúa la 4T. . Mientras el oficialismo justifica y defiende a su gobernadora en Baja California, la Fiscalía General de la República detuvo de forma fulminante a Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en México, acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal (contrabando de combustible) a través de una de sus empresas.
Nadie argumenta que la ley no deba aplicarse a Ruffo si existen pruebas contundentes. El problema es el doble estándar. El millonario negocio del huachicol fiscal en las fronteras y puertos ha sido ampliamente documentado por investigaciones periodísticas y denuncias de la oposición, salpicando directamente a gobernadores de Morena como Américo Villarreal en Tamaulipas, sin que contra ellos se mueva un solo dedo de la justicia penal.
La paradoja de esta administración: Para la oposición, todo el peso del Estado y detenciones exprés; para los gobernantes propios, justificaciones retóricas, abrazos políticos y el beneficio de la duda permanente.
La narrativa de combatir la corrupción y la impunidad “venga de donde venga” se desmorona en los hechos. La filtración de los audios de Marina del Pilar expone no solo la fragilidad de un gobierno estatal, sino el uso faccioso de las instituciones de justicia para perseguir adversarios mientras se purifican las faltas de casa. La indignación ciudadana no nace de la aplicación de la ley, sino de la evidente y descarada Ley del Embudo: lo ancho para los amigos, lo estrecho para los demás.
