“Graves consecuencias” en AL por colaborar en “ejecuciones extrajudiciales” como las que hace EE.UU.: HRW
La denuncia surge tras la publicación de un informe que documenta torturas y ataques con drones a embarcaciones civiles en las costas del Pacífico y el Caribe
El aviso de HRW se produce en respuesta a la intensificación de las operaciones antidrogas estadounidenses en aguas internacionales, que desde septiembre pasado ha dejado más de 200 muertos. (Imagen ilustrativa) Crédito: Nayib Bukele | Cortesía
Human Rights Watch (HRW) lanzó una severa advertencia a los gobiernos de América Latina sobre las posibles consecuencias legales y políticas de colaborar con operaciones que puedan derivar en ejecuciones extrajudiciales, en referencia a presuntos ataques contra embarcaciones pesqueras en el Pacífico y el Caribe vinculados a la estrategia antidrogas impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La organización presentó un informe en el que documenta presuntos abusos cometidos durante la creciente cooperación de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, una alianza que, según la ONG, se desarrolla en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y con escasa transparencia sobre el papel de las fuerzas estadounidenses.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, afirmó que los gobiernos de la región que colaboren directa o indirectamente con operaciones que vulneren derechos fundamentales podrían enfrentar responsabilidades internacionales. La organización sostuvo que el combate al crimen organizado no debe implicar la eliminación de garantías legales ni el sacrificio de los derechos humanos.
El informe, elaborado a partir de 62 entrevistas, análisis satelitales, registros marítimos, documentos judiciales y más de un centenar de fotografías y videos, examina cuatro incidentes ocurridos entre enero y marzo de este año que, según HRW, plantean serias dudas sobre el alcance de la cooperación entre Washington y Quito.
Denuncian torturas y ataques en una operación militar conjunta
Uno de los casos señalados ocurrió en la localidad ecuatoriana de San Martín, cerca de la frontera con Colombia, durante una operación que funcionarios estadounidenses calificaron previamente como conjunta.
De acuerdo con la investigación, fuerzas ecuatorianas detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores agrícolas colombianos, los sometieron a presuntas torturas y posteriormente atacaron con municiones lanzadas desde el aire propiedades que, según Human Rights Watch, no tenían relación con grupos criminales. Las víctimas denunciaron golpizas, descargas eléctricas, amenazas y simulacros de ejecución. La organización aseguró haber encontrado evidencia médica, testimonios y análisis forenses que respaldan las acusaciones.
Aunque la administración Trump reconoció la presencia de fuerzas estadounidenses en la operación, no ha detallado cuál fue su participación específica. El Comando Sur de Estados Unidos describió públicamente la misión como un éxito y aseguró que las tropas ecuatorianas actuaron de manera profesional.
Persisten dudas sobre ataques a embarcaciones pesqueras
El informe también analiza la desaparición del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y los ataques con drones contra las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, registrados frente a las costas de las islas Galápagos. Trece sobrevivientes entrevistados por HRW aseguraron que, tras los ataques, fueron detenidos por hombres armados vestidos con uniformes militares que portaban insignias de Estados Unidos. Posteriormente, dijeron haber sido entregados a la Guardia Costera de El Salvador.
Sin embargo, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera estadounidense han negado cualquier participación o conocimiento de los hechos, mientras que las autoridades ecuatorianas tampoco han confirmado oficialmente varios de los incidentes descritos.
Human Rights Watch reconoció que no pudo identificar quién ejecutó los ataques con drones ni determinar con certeza qué ocurrió con el Fiorella y gran parte de su tripulación. No obstante, señaló que existen indicios suficientes para exigir una investigación exhaustiva y transparente.
La organización anunció que compartirá sus hallazgos con otros grupos defensores de derechos humanos y pidió al Congreso de Estados Unidos exigir explicaciones a la administración Trump sobre el alcance de las operaciones de seguridad con Ecuador. La organización reiteró que desmantelar el crimen organizado no requiere sacrificar las garantías constitucionales ni vulnerar los derechos humanos en el continente.
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