El impuesto de Cárteles Inc.

En México, la extorsión se ha convertido en un impuesto criminal. En regiones enteras del país, comerciantes, transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, profesionistas y familias deben pagar para trabajar, circular o permanecer en sus comunidades. El cobro de piso ya no puede entenderse únicamente como un delito patrimonial: es un mecanismo de explotación económica, control territorial y sometimiento social.

Éste es uno de los argumentos centrales de mi nuevo libro, Cárteles Inc. Las organizaciones criminales mexicanas dejaron de ser estructuras dedicadas exclusivamente al tráfico de drogas. Se transformaron en redes de empresas criminales diversificadas que obtienen ganancias de numerosas actividades legales e ilegales. Son entramados flexibles en los que participan grupos armados, células locales, funcionarios, policías, intermediarios políticos, operadores financieros, empresarios y prestadores de servicios.

Estas redes cobran por producir, vender, construir, sembrar, pescar, transportar mercancías o simplemente mantener abierto un pequeño negocio. Pero no sólo extraen dinero: seleccionan proveedores, imponen precios, controlan rutas, eliminan competidores y deciden quién puede participar en determinadas actividades económicas. En muchos territorios no operan al margen del Estado, sino mediante vínculos con autoridades, corporaciones policiales, estructuras políticas e intereses empresariales que les proporcionan información, protección e impunidad.

La extorsión funciona, por lo tanto, como un sistema informal y violento de tributación. Quien cobra la cuota no ofrece servicios públicos ni derechos; vende una protección precaria frente a la amenaza que él mismo representa. El pago no garantiza seguridad: únicamente pospone la agresión. Su verdadero poder reside en convertir la vida cotidiana en una concesión otorgada por la red criminal.

Las cifras permiten aproximarse a la magnitud del fenómeno, aunque describen apenas una parte de la realidad. La ENVIPE 2025 del INEGI estimó que durante 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos. La extorsión representó 17.1 por ciento del total y registró una tasa de 5 mil 971 casos por cada cien mil habitantes de 18 años y más. Esto equivale aproximadamente a 5.7 millones de episodios en un solo año y la convierte en el tercer delito más frecuente, después del fraude y del robo o asalto en la calle o el transporte público.

El dato más alarmante es que 97 por ciento de las extorsiones permaneció en la cifra oculta: no se denunció o la denuncia no derivó en una carpeta de investigación. En consecuencia, los registros de las fiscalías no deben confundirse con la dimensión real del problema. La distancia entre los casos conocidos por las autoridades y los estimados mediante la encuesta revela miedo, desconfianza y una profunda debilidad institucional.

La extorsión es una forma prolongada de dominación que asfixia comunidades y economías. Obliga a cerrar negocios, abandonar viviendas, vender propiedades, modificar rutas, despedir trabajadores y cancelar inversiones. También destruye la confianza en las instituciones. En demasiados lugares, denunciar puede significar informar al propio extorsionador de que la víctima se atrevió a hablar, especialmente cuando existen policías, funcionarios o empleados de las fiscalías vinculados con la red criminal.

No escribo esto solamente como investigadora del crimen organizado. Yo misma he padecido este problema y conozco el miedo, la impotencia y el abandono que produce. Quien enfrenta una situación semejante descubre que el Estado puede proporcionar números telefónicos, emitir comunicados y abrir expedientes, pero difícilmente garantiza una protección efectiva frente a posibles represalias.

Este desastre no comenzó con Claudia Sheinbaum. Es resultado de un deterioro institucional que se aceleró con la llamada guerra contra las drogas. La fragmentación de las organizaciones criminales, la militarización de la seguridad pública, la corrupción y la impunidad permitieron que los grupos armados dejaran de competir exclusivamente por las rutas del narcotráfico y comenzaran a disputar mercados, presupuestos públicos, gobiernos municipales y actividades económicas completas.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el problema no se corrigió. Su administración minimizó la magnitud del control criminal, adoptó una retórica de pacificación sin construir policías y fiscalías capaces de enfrentar estas redes y transfirió cada vez más responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas. El resultado fue un Estado más militarizado, pero no necesariamente más capaz de proteger al comerciante amenazado o al transportista obligado a entregar una cuota semanal.

El gobierno de Claudia Sheinbaum puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025. El plan contempla el 089 como número único de denuncia, la cancelación de líneas utilizadas para extorsionar, la apertura de investigaciones, el despliegue de células de inteligencia y la intervención de unidades especializadas. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre el 6 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 fueron detenidas mil 674 personas por este delito.

Las detenciones son importantes, pero no bastan frente a millones de episodios estimados y una cifra oculta de 97 por ciento. El error consiste en abordar la extorsión como una acumulación de llamadas, amenazas y cobradores individuales, cuando se enfrenta un sistema económico criminal. Detener a quien recoge la cuota sirve de poco si permanecen intactos quienes seleccionan a las víctimas, protegen la operación, administran los recursos, lavan el dinero y garantizan impunidad.

México necesita investigaciones patrimoniales, protección efectiva para denunciantes, depuración de policías y fiscalías, control de las prisiones desde donde se ordenan extorsiones, unidades locales confiables e inteligencia financiera. Sobre todo, necesita romper los vínculos entre delincuentes, autoridades y actores económicos. Mientras esas conexiones permanezcan intactas, cada captura será apenas una modificación del organigrama criminal.

Precisamente sobre “Extorsión y cobro de piso: respuestas desde el territorio” participaré el viernes 7 de agosto, de 10:50 a 11:50 horas, en el 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social que se llevará a cabo en la Universidad La Salle, Campus Nezahualcóyotl.

Hablar de extorsión es hablar del país que realmente tenemos: un México donde redes de empresas criminales cobran por trabajar, producir, circular y vivir, mientras la corrupción y la impunidad aseguran la continuidad del negocio. Éste es el impuesto de Cárteles Inc.: una tributación impuesta mediante el miedo que el Estado todavía no ha sido capaz de desmantelar.

Hoy 3 de agosto, a las 19:30 horas, presentaré mi más reciente libro, Cárteles Inc., junto con Marcela Turati e Irma Eréndira Sandoval en la Cafebrería El Péndulo de San Ángel, Ave. Revolución 1500, Ciudad de México. Hablar de extorsión es hablar del país que realmente tenemos: un México donde redes de empresas criminales cobran por trabajar, producir, circular y vivir, mientras la corrupción y la impunidad garantizan la continuidad del negocio. Éste es el México de Cárteles Inc. Y es el México que el gobierno de Claudia Sheinbaum todavía no se atreve a enfrentar en toda su dimensión.