El legado del abogado angelino Samuel Paz, ícono de los derechos civiles

Richard Samuel Paz, el abogado de derechos civiles conocido por su experiencia en exigir responsabilidad a agencias gubernamentales por la violación de derechos de las personas, falleció el 14 de agosto. Tenía 83 años.

La salud de Paz se deterioró a causa de varios accidentes cerebrovasculares sufridos a lo largo de los últimos tres años y medio, además de una posterior neumonía.

Ampliamente respetado, el abogado tuvo una trayectoria profesional marcada por la ética y la integridad, en particular por victorias significativas en los casos Willis v. Baca y Starr v. Baca.

En 2010, Tyler Willis presentó una demanda federal por violación de derechos civiles contra el Sheriff Lee Baca y otros cuatro funcionarios del Departamento del Sheriff de Los Ángeles tras haber sido brutalmente golpeado en la Cárcel Central de Hombres en 2009. Un jurado federal falló a favor de Willis por violaciones a la Cuarta Enmienda. 

El abogado Paz investigaba a alguaciles del LASD que utilizaban pesadas linternas para golpear y controlar a los reos, lo que les causaba lesiones graves. Lee Baca hizo caso omiso de lo que sucedía en la cárcel e ignoró numerosas advertencias: se documentaron 106 golpizas significativas en 2007 y 258 en 2009.

“Baca fue obligado a pagar $100,000 dólares de su propio bolsillo en concepto de daños punitivos”, dijo la abogada Sonia Mercado, viuda de Paz.

En 2013, el supervisor Mark Ridley-Thomas y la Junta de Supervisores quisieron pagar ese dinero, pero el abogado Paz les advirtió que si lo hacían también los demandaría. 

Impulsor de reformas penitenciarias

Ese mismo año, el condado de Los Ángeles llegó a un acuerdo por $722,000 dólares para resolver una demanda por negligencia en la supervisión presentada por un exrecluso de la cárcel del condado, Dion Starr.

Starr alegó que el Baca mostró una “indiferencia deliberada” ante las condiciones peligrosas de la cárcel del condado, lo que resultó en que él sufriera lesiones graves.

El caso presentado por el abogado Samuel Paz fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito el 11 de febrero de 2011. Dicho tribunal dictaminó que el sheriff Baca podía ser considerado personalmente responsable de las acciones de los agentes encargados de la custodia, aun cuando no los supervisara directamente ni estuviera presente cuando ocurrió la supuesta mala conducta.

Tras el fallo del Noveno Circuito, el Condado de Los Ángeles solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revisara el caso, pero el Tribunal se negó a aceptarlo, dejando así intacta la decisión del Noveno Circuito.

El acuerdo alcanzado no implicó el reconocimiento de culpabilidad por parte del condado, de la Oficina del Sheriff ni del propio Baca.

Dos caminos distintos de la justicia

Hijo de madre de ascendencia mexicana e irlandesa y padre mexicoamericano, Richard Samuel Paz nació en Los Ángeles y sus primeros años los vivió en Banning, en el condado de Riverside.

“Por ironías de la vida, Sam estudió en la misma preparatoria que [Lee] Baca, la Franklin High School de El Sereno”, reveló la abogada Sonia Mercado, quien conoció a su esposo en 1992 cuando ella daba sus primeros pasos como abogada.

“Le solicité ayuda en un caso de derechos civiles relacionado con un recluso al que le habían amputado una pierna debido a una atención médica deficiente en prisión”, recordó.

El abogado Samuel Paz luchó por la integridad de la justicia y acabó haciendo responsable a Baca, personal y legalmente, de la violencia sistémica, la corrupción y las violaciones de los derechos civiles en el sistema penitenciario del condado de Los Ángeles.

Reconocido por el Wall Street Journal como uno de los mejores abogados de Estados Unidos, Paz destacó por su meticulosa labor de investigación y su generosidad al asesorar a otros abogados.

“El presidente Bill Clinton lo nominó para un puesto de juez federal, pero finalmente retiró su candidatura tras el bloqueo de su avance en los comités del Senado por parte del senador Orrin Hatch, de Utah”, recordó la viuda de Paz.

Además de servir en la Marina a bordo del USS Coral Sea, donde destacó en electrónica, Samuel Paz cursó estudios en la USC y posteriormente en la UCLA. Durante su etapa en esta última, ayudó a fundar el periódico “MEChA”, del llamado Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, una organización político-cultural fundada en 1969.

“Nunca se dejó intimidar”

Entre sollozos, la abogada Sonia Mercado describió a su esposo como un defensor incansable de los derechos humanos y civiles que jamás abandonó su lucha por la justicia.

“Sam Paz nunca se dejó intimidar por quienes buscaban socavar su labor”, declaró a La Opinión en su casa de Encino. En efecto, el finado abogado era conocido por el profundo aprecio que sentía por sus colegas y por su dedicación a la Constitución. Fue un mentor clave para muchas personas, entre ellas abogados litigantes y profesores.

“Se distinguía por su accesibilidad, dedicando tiempo a escuchar a todo tipo de personas, desde jardineros, fontaneros o reclusos hasta abogados principiantes”, subrayó la abogada. “Sam Paz compartía sus amplios conocimientos sobre derechos humanos con quienes se iniciaban en este campo”.

Su influencia perdura entre los profesionales que formó, quienes ahora continúan con su misión.

A Sam Paz le sobreviven su viuda, Sonia Mercado; sus hijos Paloma Paz, Marysol Sánchez Velamoor, Tomás Mercado y Andrés Mercado, además de cuatro nietos.

Las cenizas de Sam Paz serían depositadas durante un “sepelio” en el Océano Pacífico, como era su deseo antes de morir.

Dejó huella en ACLU

“Sam Paz dedicó décadas de su vida a buscar justicia para las víctimas de la brutalidad policial y a defender a las comunidades frente a las políticas antiinmigrantes en el sur de California”, declaró Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“Recuerdo a Sam no solo como miembro de la junta directiva de la ACLU que me contrató como director ejecutivo, sino como una fuerza inmensa para el bien en la defensa de nuestros derechos y libertades”, añadió. “Honramos el legado de Sam sin abandonar jamás la lucha por la justicia”.

Sam Paz se incorporó a la junta directiva de la ACLU del sur de California en 1978 y a la junta directiva nacional en 1989, y formó parte de ambas durante 30 años hasta su jubilación en 2019.

Durante su tiempo en la junta, trabajó en numerosos casos legales en defensa de personas cuyos derechos civiles habían sido vulnerados por la policía. Entre sus logros se encuentra la obtención de múltiples acuerdos indemnizatorios millonarios con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Paz fue también un firme defensor de los derechos de los inmigrantes y un líder en la lucha contra la Proposición 187 de California en 1994, una medida que pretendía negar el acceso a la educación pública, la atención sanitaria y los servicios sociales a los inmigrantes indocumentados, y que finalmente fue declarada inconstitucional.

“Sam Paz fue un héroe local que tuvo un impacto a nivel nacional en los derechos civiles, sin olvidar nunca sus raíces en el sur de California”, afirmó Chandra S. Bhatnagar, director ejecutivo de la ACLU del sur de California.

Los triunfos de Paz contra el LAPD

En 1978, en el caso *Myerson v. LAPD*, Samuel Paz obtuvo lo que se considera la primera indemnización civil sustancial contra un departamento de policía por actividades de espionaje ilegal.

Poco después, fue miembro principal del equipo legal de la ACLU que consiguió una indemnización de $2,000,000 dólares y una orden judicial contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para impedir la infiltración y la recopilación ilegal de información sobre organizaciones comunitarias y políticas.

En 1986, en el caso “Placencia v. L.A. Sheriff Dept.”, se reportó que se obtuvo lo que se consideró el primer veredicto por un millón de dólares contra un departamento policial en California por la muerte a tiros de un trabajador de la industria del mueble de 33 años.

En 1993, Paz obtuvo un veredicto de $8.9 millones de dólares contra un agente del LAPD en un caso derivado del tiroteo contra un empleado de mantenimiento del L.A. Memorial Coliseum.

Otros casos que resultaron en indemnizaciones sustanciales e impulsaron cambios incluyen: “Gavira v. County of Los Angeles” (muerte de Ramón Gavira por estrangulamiento y golpes propinados por agentes del sheriff); “Ortega v. County of Los Angeles” (muerte de un recluso por falta de atención médica y desnutrición, alegando violaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o ADA).

En el caso de “Moye v. Baca”, el abogado Paz ganó por la falta de supervisión por parte de los guardias de la cárcel que permitieron una golpiza entre reclusos que resultó en una muerte. En “Whitfield v. State”, el triunfo de la ley demostró la falta de atención por parte de funcionarios de la Autoridad Juvenil de California (CYA), provocando el doble suicidio de dos adolescentes recluidos en el centro CYA de Ione, en el norte de California. 

La lista incluye los casos *Chavez v. Martinez*, 538 U.S. 760 (2003) y *Martinez v. City of Oxnard*, 337 F.3d 1091 (9th Cir. 2003), relacionados con un tiroteo policial que dejó al demandante ciego y paralizado, en el que se determinó que un interrogatorio coercitivo constituía una violación constitucional. 

A lo largo de décadas de ejercicio de la abogacía, Samuel Paz recibió numerosas distinciones por su labor jurídica. Entre ellas destacaron: su selección como profesional visitante en materia de justicia social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara durante la primavera de 2010; el reconocimiento otorgado en 2008 por la ciudad de Los Ángeles por haber sido uno de los siete exalumnos incorporados al Salón de Honor de la Escuela Secundaria Benjamin Franklin; y el galardón más importante del National Lawyers Guild, el premio “Honorable Robert W. Kenny” de 2007, por su labor pionera en litigios relacionados con los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad.

Otros reconocimientos incluyen el premio más destacado de la ACLU, el “Eason Monroe Courageous Advocate Award” de 2003 y el premio al exalumno inspirador de 2002 de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California, otorgado por la asociación de estudiantes de derecho La Raza.