‘Temporal no significa desechable’: salvadoreños en Los Ángeles exigen respuestas

Ante la falta de una decisión por parte del Departamento de Seguridad Nacional sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para el Salvador, y ante el miedo, la confusión y la tensión emocional que ha generado esta incertidumbre prolongada, el Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles (CARECEN), en alianza con otras organizaciones de la ciudad, realizó el jueves una conferencia de prensa para exigirle al gobierno que brinde respuestas concretas a los beneficiarios del TPS.

“Las familias salvadoreñas merecen información clara, oportuna y confiable por parte de su gobierno; sin embargo, al reunirnos hoy, no contamos con una prórroga para los beneficiarios del TPS, sino que nos encontramos en una situación de incertidumbre”, dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN-LA. “Esta falta de transparencia ha dejado a las familias sumidas en el miedo y la confusión. Cada día sin respuestas supone una enorme carga mental y emocional para las personas que han vivido y trabajado durante años”.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) permite a ciudadanos de otros países que se encuentran en situaciones de inseguridad debido a conflictos armados o desastres naturales vivir y trabajar en Estados Unidos, y estaba previsto que expirara el miércoles para los salvadoreños. 

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional a La Opinión, las protecciones para salvadoreños con TPS permanecen en pie hasta que se haga un comunicado oficial por parte de la administración de Trump. Y por la tarde el departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. EE. UU. aclaró que esa protección se extendía a sus permisos de trabajo. 

Algunos interpretaron el anuncio de que las autorizaciones de trabajo seguían vigentes como un motivo de esperanza, mientras que otros lo vieron como una tortura mental prolongada, ya que muchos se sienten en el limbo.

“Simplemente creo que es una injusticia tremenda que esta comunidad tenga que pasar por este nivel de miedo y terror una vez más”, dijo la alcaldesa Karen Bass refiriéndose al último año de temor y redadas. “Mi mensaje para la comunidad es que siempre estaré aquí, de pie, lado a lado con ustedes, y no nomás yo, pero que toda la ciudad de Los Ángeles está a su lado”.

En la junta del jueves, Lorena Zepeda, una salvadoreña y beneficiaria de TPS, dio un emotivo testimonio sobre lo que ella y su familia han vivido. La mamá de dos ha vivido en los Estados Unidos por más de tres décadas; ha establecido su familia, su trabajo y su comunidad en la ciudad de Los Ángeles. Cuenta que llegó en los 90 por asilo político y que, cuando se implementó el TPS, pudo obtenerlo.

“El TPS ha sido un documento que me ha dado la oportunidad de trabajar en este país, de contribuir, y en este momento, en que el gobierno no tiene algo concreto, no tenemos la certeza de si nos van a extender el TPS”, contó Zepeda. “He vivido aquí durante más de tres décadas y quiero quedarme aquí con mi familia y mi comunidad. Mis hijos dependen de mí; mi niña va al colegio y yo le ayudo con sus estudios. ¿Me pronto qué pasará con ellos si tengo que irme?”

Los salvadoreños en los Estados Unidos han sido beneficiarios del TPS durante los últimos 25 años, desde que los terremotos devastaron el país en 2001.

De acuerdo con la Alianza Nacional de TPS, alrededor de 170.000 salvadoreños están en riesgo de perder sus protecciones y 150.000 hijos de padres con TPS están en riesgo de ser separados de sus padres.

Zepeda dijo que su permiso de trabajo vence el 9 de septiembre, lo que significa que su empleador y los de otros podrían aprovechar esa fecha para despedir a los trabajadores o hacer que duden en seguir contratando a alguien, ya que no hay suficiente información más allá del breve comunicado emitido por DHS y el USCIS.

“Queremos seguridad y claridad”, exclamó Zepeda. “La inseguridad solo nos mantiene estresados”.

De acuerdo con Laura Urias, de la organización CARECEN, las personas preocupadas por sus permisos de trabajo pueden acudir a la página de NDLON o a la de la Alianza Nacional de TPS para imprimir una carta dirigida a su empleador en la que se explica que sus permisos de trabajo siguen vigentes hasta nuevo aviso. 

Otro beneficiario de TPS que se presentó ese jueves fue José Ramírez, quien dijo que se reportó por última vez al trabajo el miércoles porque no sabía qué pasaría con su estatus migratorio. De acuerdo con él, su jefe le dijo que, por ahora, no podía regresar al trabajo. 

Cuenta que se ha dedicado durante los últimos 25 años al sector de la construcción y que tiene una familia que incluye a tres hijas en la ciudad de Compton. 

“He trabajado en edificios que se elevan hacia los cielos de Los Ángeles”, dijo Ramírez. “He contribuido económicamente y he aportado mi trabajo a este gran país. Al mismo tiempo, al igual que muchos otros, he contribuido a la economía de mi propio país, El Salvador, con las remesas semanales y mensuales que envío”.

Los organizadores dicen que se preocupan por la salud mental y física de las personas que aún no saben qué ocurrirá con el programa de TPS. 

En la junta del jueves, Carlos Vaquerano, representante de la Clínica Monseñor Óscar A. Romero, dijo que el futuro de la salud de muchas familias se verá afectado. Explicando que la inquietud y sus efectos pueden presentarse en la depresión y en el estrés extremo, que puede causar problemas de diabetes y otras enfermedades. 

Yunuen Trujillo, abogada de inmigración de CHIRLA, dijo que ese jueves no solo era para hablar sobre TPS, pero sobre las personas reales que están siendo directamente afectadas, pidiéndole un poco de humanidad al gobierno. 

“Después de años, se les obliga a vivir con este temor constante de perder todo lo que han construido, estamos hablando de seres humanos”, concluyó Trujillo. “Por eso le exigimos al Congreso que actúe y establezca un camino real para la ciudadanía, porque ‘temporal’ no significa ‘desechable’”.