ONG advierten que migración infantil cambia en Latinoamérica entre retornos y menor protección
El endurecimiento migratorio hacia Estados Unidos impulsa rutas de retorno mientras disminuyen los recursos para proteger a niñas, niños y adolescentes
Familias migrantes ahora modifican sus rutas ante las mayores restricciones para llegar a Estados Unidos. Crédito: David J. Phillip | AP
La migración infantil en América Latina, que pasó de 29,000 menores en movilidad en 2021 a 140,000 entre 2023 y el primer semestre de 2024, enfrenta ahora un cambio de rumbo: el endurecimiento de las políticas migratorias hacia Estados Unidos ha multiplicado los trayectos de retorno y dejado a más familias varadas o asentadas en países como México, mientras organizaciones humanitarias advierten de una menor capacidad institucional para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos como la trata, el abuso y la separación familiar.
Las cifras forman parte del estudioEl endurecimiento migratorio hacia Estados Unidos impulsa rutas de retorno mientras disminuyen los recursos para proteger a niñas, niños y adolescentes publicado en 2025 por Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), organismo especializado de la OEA. El documento ya advertía sobre los riesgos que enfrentan los menores durante los desplazamientos, pero organizaciones que trabajan con esta población aseguran que el escenario volvió a cambiar.
Ivanna Paola Herrán Ballesteros, coordinadora regional de Movilidad Humana de Ayuda en Acción, explicó a la agencia EFE que en los últimos meses aumentaron los recorridos de familias y menores en sentido contrario al que predominó durante años hacia Estados Unidos. Los retornos, además, no necesariamente terminan en sus países o comunidades de origen.
Herrán señaló que, si el estudio se realizara nuevamente en 2026, sería necesario incorporar una nueva categoría, la de “migrantes inversos”, debido a los “muchísimos más fenómenos de retorno” observados recientemente en la región.
El cambio de dirección ocurre mientras disminuyen los recursos disponibles para atender a las personas en movilidad.
“Esta debilidad institucional y pérdida de financiamiento de las organizaciones, por el endurecimiento político, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países también en la región, están haciendo que las redes de trata, las redes de crimen organizado se fortalezcan”, advirtió Herrán.
Menos recursos para proteger
México refleja parte de esa reducción. ACNUR reportó en su informe anual de 2025 una caída cercana a 70% en su capacidad de protección comunitaria, después de enfrentar la mayor reducción presupuestaria de su historia en el país, con casi 65% menos recursos disponibles.
El organismo también alertó sobre una fuerte reducción de organizaciones civiles que brindaban atención a personas desplazadas, una contracción que coincide con el nuevo papel de México como lugar de permanencia para familias que antes buscaban continuar hacia Estados Unidos.
Para los menores, el cambio implica riesgos adicionales. Herrán advirtió que una menor presencia de organizaciones y autoridades en las rutas facilita que niñas, niños y adolescentes queden expuestos a redes criminales, trata de personas, abuso o separación familiar.
La reducción de los flujos visibles tampoco significa que la migración se haya detenido.
“La migración ha seguido”, explicó la especialista, aunque ha “disminuido su visibilidad”, porque las personas utilizan “otras vías” que resultan más difíciles de identificar y acompañar para las organizaciones.
Ese desplazamiento hacia rutas menos visibles, añadió, “también aumenta estos riesgos de trata y abuso”.
México, de tránsito a destino
El cambio también se observa cuando las familias dejan de considerar a México únicamente como una escala hacia Estados Unidos y comienzan a establecerse en el país.
Tania Rodríguez Zafra, directora de Ayuda en Acción México, explicó que México “ahora ya se ha vuelto un país de destino”, una transformación que plantea nuevos problemas para integrar a los menores a la escuela, los servicios de salud y otros derechos básicos.
Uno de los principales obstáculos es la documentación. La falta de papeles puede retrasar durante un año o más la incorporación de un niño a la escuela y dificultar otros trámites. Con acompañamiento de organizaciones civiles, explicó Rodríguez Zafra, esos tiempos pueden reducirse a algunos meses.
ACNUR también identificó obstáculos administrativos durante 2025. El organismo señaló que el acceso desigual a documentos como la Clave Única de Registro de Población (CURP) limitó el ejercicio efectivo de derechos para algunos refugiados y solicitantes de asilo.
El desafío, por tanto, ya no se concentra únicamente en proteger a quienes atraviesan México rumbo al norte. También incluye garantizar derechos a menores que permanecen en el país después de que sus familias abandonaron, aplazaron o modificaron sus planes de llegar a Estados Unidos.
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