Corrupción pone en jaque a programa 3×1 de ayuda migrantes en México

MÉXICO.- Los clubes de oriundos en Estados Unidos y sus familias que desde hace 15 años sacan dinero de su bolsa para levantar a los pueblos de la pobreza que los obligó a emigrar están inquietos por el  futuro de su programa estrella: el 3×1.

“No es que actualmente el 3×1 esté fracasado, pero sí está en decadencia”, advierte en entrevista con este diario Guadalupe Gómez, ex presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, uno de los fundadores del programa que en 2002 arrancó con el apoyo del entonces presidente Vicente Fox.

El principal problema –coinciden los impulsores- es el mismo de siempre en México: la corrupción.

Y a esta práctica delictiva metida hasta la médula de la función pública mexicana se suma la apatía de presidentes municipales así como el desconocimiento de los orígenes del 3×1 entre las nuevas generaciones tanto de políticos como de migrantes.

El 3×1 nació de una idea de la diáspora organizada en clubes dispuesta a poner un peso para mejorar sus comunidades de origen, su entorno social y económico, a cambio de que los gobiernos federal y el estatal o municipal pusieran otro.

Así se acordó que la  Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recibiría el presupuesto federal y lo otorgara a las obras o planes beneficiados que previamente se presentaran en alguno de los consulados mexicanos.

Los proyectos deben ser aprobados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes conformado por un delegado de Sedesol, del estado, municipio y de la comunidad migrante.

Bajo ese esquema se han realizado miles de obras de infraestructura básica, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, escuelas, hospitales y un sin fin de micronegocios acordes a las necesidades de los pueblos y las habilidades de los interesados.

“Ha funcionado mucho tiempo pero en los últimos años los presidentes municipales hacen del 3×1 un programa cualquiera que manejan a su antojo”, advierte Gómez.

Tan solo en el 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades del 3×1 por alrededor de medio millón de dólares en proyectos que no se realizaron o presentaron costos elevados; por falta de comprobación de gastos o uso de dinero sin la autorización requerida y hasta pagos a terceros ajenos a los proyectos.

Guadalupe Gómez pone como ejemplo algunas malas carreteras que se construyeron con recursos de migrantes. “Se les asigna un buen presupuesto para suficiente material y mano de obra, pero resulta que se van por lo barato; construyen con material de mala calidad y las obras no duran”, detalla.

“Lo que no es justo que últimamente el gobierno no reconozca nuestro esfuerzo y encima nos robe”.

Jaime Rodríguez, actualmente vicepresidente de la Federación de clubes Zacatecanos, coincide. “En los últimos años el 3×1 ha sido secuestrado por los presidentes municipales y el gobierno estatal. Se forman clubes falsos para presentar proyectos que no son de la iniciativa migrante, solamente para cubrir sus propios intereses”, detalla en conferencia telefónica.

En un análisis que hizo público en 2016 la consultora Ahumada Lobo y Asociados documentó que algunos encargados del programa llegan a pedir sobornos de hasta el 30% de la obra para dar el visto bueno a proyectos de clubes por encima de otros al amparo de la falta de transparencia eficaz en el programa.

Otros inconvenientes para algunos clubes ha sido el cambio de prioridades que la actual administración federal dio al 3×1: se privilegian proyectos en municipios marginados y a proyectos productivos o pequeños negocios que en su mayoría fracasa por falta de experiencia de los migrantes en el mundo empresarial.

La inseguridad es otro talón de Aquiles, dice Roberto Bravo, presidente de la Federación CBO comunitarias, organización poblana que difunde información y participa en proyectos en pro de los migrantes. “Nadie quiere invertir en un lugar si saben que les van a robar o derribar lo que ya se haya logrado”.

A pesar de todo, los migrantes aún tienen fe en que el programa puede seguir aportando beneficios. Entre el 2016 y 2017 se lograron obras como el asilo en la comunidad de Villa Nueva, Zacatecas o en el municipio de Santa Juana donde hace un par de años un campo deportivo estilo EEUU para “alejar a los jóvenes de la delincuencia”.

En meses pasados el Senado de la Repúbica emitió un punto de acuerdo para solicitar al presidente Enrique Peña que no baje los recursos al programa que pasó de alrededor de 35 millones de dólares en 2016 a sólo 26 millones de dólares en 2017, pero ignoró un pequeño  detalle: antes de incrementar los recursos se necesita más rigor para transparentarlo.