Líderes demócratas del Congreso presentan medida sobre derecho de empleados públicos a formar sindicatos
La medida no tiene apoyo republicano ni posibilidades de ser sometida a voto en el futuro cercano
Líderes demócratas, de sindicatos, y empresarios piden aumentar el salario mínimo. Crédito: Maria Peña/Impremedia
WASHINGTON— Líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso presentaron este jueves una medida para proteger el derecho de los empleados públicos a formar sindicatos, un día después de que el Tribunal Supremo emitiera un dictamen que diluyó ese derecho.
Durante una rueda de prensa, la principal promotora de la iniciativa, Mazie Hirono, afirmó que, a raíz del dictamen, es más urgente que nunca proteger a los trabajadores públicos “del asalto frontal contra los trabajadores” en EEUU.
Acompañado de líderes sindicalistas, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Tribunal Supremo se escudó detrás de una endeble excusa para revertir el progreso de los últimos 40 años, con una “repugnante decisión” que es “un golpe al estómago” para los trabajadores y la lucha por la igualdad salarial.
Los sindicatos son “fundamentales” para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que éstos tienen “voz” y representación en su lucha por mejores salarios y beneficios, explicó, por su parte, la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto.
“A la luz de crecientes amenazas contra los derechos de los trabajadores, debemos enfocar nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores de organizarse, y empoderarlos para que puedan buscar mejores salarios, beneficios, cuidado de salud y mejores condiciones laborales”, enfatizó.
La medida, que por ahora no tiene apoyo republicano, resguarda el derecho legal de los empleados del sector público a formar o sumarse a un sindicato y hacer negociaciones colectivas para mejoras laborales, y exige que los empleadores reconozcan ese derecho y cumplan con los contratos negociados.
También reafirma que la política del gobierno de EEUU alienta las negociaciones colectivas para promover una relación de cooperación entre los empleados públicos y sus patrones.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la federación sindical AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), y diversos sindicatos de empleados públicos.
El proyecto de ley fue presentado en el Capitolio un día después de que el Tribunal Supremo, bajo control de los conservadores, diera un duro revés a los sindicatos de empleados públicos y su bolsillo, con un dictamen en el caso “Janus v. AFCSME”.
En su dictamen de 5-4, logrado sobre líneas ideológicas, los magistrados anularon una ley estatal de Illinois que exigía a los trabajadores no afiliados a un sindicato a pagar de todas maneras las cuotas mensuales implicadas en su representación sindical y negociación colectiva.
También revirtió un dictamen de 1977 que exigía un “pago justo” de todos los empleados para asuntos no relacionados a actividad política de los sindicatos.
El juez conservador Samuel Alito afirmó que el cobro de “miles de millones de dólares” a empleados sin afiliación sindical para destinarlo a los sindicatos del sector público es anticonstitucional.
La jueza de corte progresista, Elena Kagan, replicó que la Primera Enmienda nunca tuvo como objetivo debilitar la gobernabilidad democrática sino protegerla y proteger el papel que juegan los sindicatos del sector público en el sistema.
En todo caso, el dictamen significa que los sindicatos tendrán que seguir representando a los empleados aunque no estén afiliados y no paguen una cuota mensual para su representación, logrando beneficios pero mermando las arcas de esos sindicatos.
El dictamen del Tribunal Supremo, uno de varios favorables a grupos conservadores en las postrimerías de su sesión actual, puso de relieve el hecho de que la confirmación del juez Neil Gorsuch el año pasado ha sido un puntazo para la agenda del movimiento conservador en EEUU.
