Pence: Con Trump, “nunca aboliremos ICE”

WASHINGTON— El vicepresidente Mike Pence lanzó este viernes duros ataques contra líderes demócratas y grupos progresistas que exigen la abolición de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), al advertir que eso aumentaría el tráfico de drogas y personas y daría cancha a posibles terroristas.

Durante una visita a la sede de ICE en Washington, Pence ofreció una especie de arenga de los más de 20,000 agentes a los que describió como “increíbles patriotas” y “héroes estadounidenses”.

“Bajo el presidente (Donald) Trump, nunca aboliremos ICE… la verdad es que los llamados a abolir ICE no sólo son indignantes sino que son irresponsables”, afirmó Pence, en un discurso que repitió las consabidas quejas de la Administración sobre la presunta porosidad de la frontera sur.

Vice President Mike Pence gives a pep talk @ICEgov headquarters, as movement grows to abolish agency pic.twitter.com/B7ZBjCcDUa

— María Peña (@mariauxpen) July 6, 2018

Según Pence, la abolición de ICE sería sinónimo de más inmigración ilegal, más drogas en las calles y colegios, más tráfico de personas y más oportunidades para que presuntos terroristas aprovechen los “resquicios” del sistema migratorio y se cuelen por la frontera.

Calls to abolish ICE are not just outrageous – they are irresponsible. Abolishing ICE would mean more illegal immigration… Abolishing ICE would mean more violent crime… Abolishing ICE would mean more vicious gangs like MS-13. #IStandWithICE

— Vice President Mike Pence Archived (@VP45) July 6, 2018

“Estamos con ustedes 100%” y la Administración luchará para que ICE tenga “el apoyo, respeto y recursos” que requiere para cumplir su labor, prometió Pence ante agente de ICE y la Patrulla Fronteriza.

While some people today are calling for the abolition of @ICEgov, in this @WhiteHouse, we are with you 100%. #IStandWithICE

— Vice President Mike Pence Archived (@VP45) July 6, 2018

Para el año fiscal 2019, la Administración Trump solicitó al Congreso un presupuesto de $47,500 millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye poco más de $8,800 millones para ICE.

Al denunciar los ataques de la “izquierda radical”, Pence citó por nombre a varios líderes demócratas que abiertamente han pedido la eliminación de ICE, como las senadoras Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, o el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien presuntamente calificó a la agencia como una entidad “terrorista”.

Asimismo, Pence aseguró que aunque los estadounidenses tienen derecho a la libertad de expresión y a realizar protestas pacíficas, es necesario que “cesen las amenazas contra los agentes de ICE y sus familias”.

Para machacar el mensaje de que ICE es vital para la seguridad fronteriza y nacional, Pence destacó que, tan solo en 2017, la agencia deportó a 226,000 inmigrantes indocumentados y logró el arresto de 4,818 pandilleros, incluyendo 796 de la “MS-13”, además de que rescató a 518 víctimas de la trata de personas y a 904 niños que estarían sujetos a la explotación.

“Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y protegiendo a los más vulnerables”, señaló Pence, quien invocó la Biblia para elogiar labor de los agentes.

El vicepresidente, que se precia de promover cristianos, no  respondió a preguntas de la prensa sobre si la separación de niños es un valor “cristiano”.

Previo a subir al podio, el nuevo director interino de ICE, Ron Vitiello, reiteró las quejas de su antecesor, Tom Homan, sobre los inmerecidos ataques contra la agencia.

Pence acudió a la sede de ICE en unos momentos en que la Administración Trump afronta una fuerte repulsa internacional por la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, y no parece tener un plan firme para la reunificación de niños separados de sus padres.

En respuesta, tanto el presidente Donald Trump como varios miembros de su Gabinete no sólo han pintado a los agentes de ICE como “los buenos de la película” sino que han subido el tono a su retórica contra los inmigrantes, insistiendo falsamente en que los demócratas y grupos afines apoyan “fronteras abiertas”.

Pero los grupos defensores de los inmigrantes, entre éstos la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), Amnistía Internacional y “Human Rights Watch”, han dejado en claro que la Administración está violando la Constitución, las leyes estadounidenses y convenios internacionales, que garantizan el derecho al debido proceso de quienes solicitan asilo en la frontera.

La orden ejecutiva de Trump del pasado 20 de junio puso fin a la práctica de separar a familias pero, en aras de desalentar la emigración ilegal desde Centroamérica, permite la detención indefinida de las familias mientras se resuelven sus casos en los tribunales.

El pasado 26 de junio, el juez federal Dana Sabraw, en San Diego (California) impuso un plazo para que la Administración reunifique para el próximo martes a niños menores de cinco años bajo su custodia, y para el 26 de julio al resto de los menores.

Pero, según documentos que presentó anoche ante el tribunal el Departamento de Justicia,  la Administración no podrá cumplir con esos plazos y ha solicitado más tiempo para el proceso de reunificación.

La solicitud contradijo las afirmaciones del jueves del secretario de Salud, Alex Azar, quien afirmó que su agencia sabe la “identificación y ubicación” de todos los menores bajo su custodia y repartidos en un centenar de albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

Azar dijo que la ORR tiene bajo su custodia a “menos de 3,000” niños que fueron separados de sus padres desde el mes pasado, incluyendo 100 menores de cinco años edad. Esa cifra forma parte de un total de 11,800 niños y jóvenes en los albergues de ORR, de los cuales poco más del 80% entró ilegalmente al país sin la compañía de un adulto.

Según Azar, la ORR ha desplegado a más de 230 empleados sobre el terreno para agilizar la reunificación de familias –incluso mediante el uso de pruebas de ADN para verificar el parentesco de los menores- y así cumplir con los “plazos artificiales” que impuso el juez Sabraw.