Más de 500 niños bajo custodia federal aguardan reunificación con sus padres
Ante el caótico proceso de reunificación, senadores demócratas y republicanos exigen informes periódicos y fiables a la Administración
Activistas han organizado protestas en varias entidades por la detención de niños inmigrantes. Crédito: Drew Angerer/Getty Images
WASHINGTON— Más de 500 niños en albergues del gobierno federal aguardan la reunificación con sus padres sin tener un rumbo claro en el futuro inmediato, según informaron este martes funcionarios de la Administración Trump, al indicar que no tuvieron previo aviso sobre la puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur.
Durante una audiencia de poco más de tres horas en el Comité Judicial del Senado, cinco funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS), de Justicia, y de Salud y Recursos Humanos (HHS), afrontaron duras preguntas de líderes demócratas y algunos republicanos, que criticaron el manejo de la separación de familias migrantes y el caótico proceso de reunificación.
El comandante Jonathan D. White, a cargo de los esfuerzos de reunificación de niños no acompañados dentro de HHS, precisó que en la actualidad, 559 niños permanecen en los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS.
Esa cifra incluye a niños y jóvenes que no podrán ser reunificados con sus padres porque estos tienen condenas criminales por abuso infantil u otros delitos graves, porque fueron deportados o están al interior del país y no pueden ser localizados, porque no se ha establecido su parentesco, o porque suponen una “amenaza real” para el bienestar de los menores, explicó White.
En total, ORR tiene bajo su custodia a 11,316 niños y jóvenes, la mayoría de los cuales entraron ilegalmente por la frontera sin la compañía de un adulto.
No consultaron a ORR
White indicó que su último día en ORR fue el pasado 15 de marzo y jamás fue consultado por la Administración sobre la eventual puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” el pasado 6 de abril, aunque había participado en discusiones sobre propuestas relacionadas en el último año.
“Nos dijeron que no había una política de separación de familias… no hay duda de que la separación de niños de sus padres implica un riesgo significativo de daño” psicológico a los menores, dijo White durante un intercambio con el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal.
A raíz del anuncio de esa política por parte del fiscal general, Jeff Sessions, los agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron a referir el pasado 5 de mayo a un mayor número de inmigrantes indocumentados a los tribunales federales por los cruces ilegales.
White no pudo precisar cuántos de los 431 padres deportados han sido contactados o localizados como parte de los esfuerzos de reunificación.
Bajo presión de grupos cívicos e internacionales, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de junio para frenar la separación de familias, pero desde entonces él y su Administración han instado al Congreso a que elimine las “lagunas legales” que, a su juicio, alientan la emigración ilegal desde Centroamérica.
En ese sentido, Matthew Albence, a cargo de las deportaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), pidió al Congreso la “autoridad de encerrar” a padres e hijos como una “unidad familiar”.
Preguntado por el presidente del Comité, Chuck Grassley, sobre las medidas para prevenir abusos en los “centros residenciales” -como los que han sido documentados por grupos cívicos-, Albence insistió en que hay un proceso “riguroso” para inspeccionar esos centros e investigar abusos.
Por otra parte, Grassley se mostró muy preocupado por informes de que los padres deportados no recibieron información “en un lenguaje que pudieran entender”, y firmaron documentos sin entender que dejarían a sus hijos en EEUU.
Albence replicó que los padres deportados firmaron documentos cediendo el derecho de ser reunificados con sus hijos.
Frustrado por lo que calificó como una “crisis humanitaria” que “intencionalmente ha infligido sufrimiento” a las familias inmigrantes, Blumenthal dijo que 14 senadores demócratas y republicanos enviarán una carta a Sessions y a los secretarios de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y de Salud, Alex Azar, exigiendo informes periódicos sobre los esfuerzos de reunificación.
Blumenthal fustigó a la Administración por crear la “tercera crisis humanitaria” en la comunidad inmigrante, comenzando por la “veda musulmana”, seguida por la eliminación de DACA, y ahora la política de “tolerancia cero” en la frontera.
Tanto el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, como las senadoras demócratas de Hawaii, Mazie Hirono, y de California, Kamala Harris, denunciaron que el caos actual demuestra que la Administración nunca tuvo un plan claro para la reunificación de las familias.
Harris reiteró que la Administración ha violado los derechos humanos de los inmigrantes y, al igual que Durbin, nuevamente pidió que Nielsen dimita al cargo.
Carla Provost, directora interina de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), afirmó que la política de “tolerancia cero fue y es necesaria para combatir décadas” de fallidas políticas que “han envalentonado a organizaciones criminales transnacionales y contrabandistas de humanos”.
La audiencia, de la que algunos activistas fueron expulsados por mostrar carteles con mensajes contra el gobierno, contó también con la participación de Jennifer Higgins, subdirectora para asuntos de Refugiados de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva para Revisión Migratoria (EOIR) del Departamento de Justicia.
HAPPENING NOW: The Senate Judiciary Committee is holding a hearing on family separation.
— ACLU (@ACLU) July 31, 2018
We call on Congress to hold the Trump administration accountable for missing the deadline to reunite families and end this inexcusable crisis. #FamiliesBelongTogether https://t.co/ubNHuAvBmk
Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen is at a conference in Lower Manhattan this morning. Our members were there to greet her.
— ACLU (@ACLU) July 31, 2018
Dissent is patriotic and #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/wKW5lOBHlw
Ninguno de los panelistas pudo señalar al verdadero responsable de la política de “tolerancia cero”, salvo McHenry, que recordó que Sessions emitió el memorándum en abril pasado.
Albence describió los centros de detención de familias como “campamentos de verano” en los que los que los niños tienen acceso a comida, cuidado médico, educación y recreación.
Salvo Higgins, quien visitó los centros en Dilley y Karnes, en Texas, dijo que ninguno de los demás funcionarios ha visitado esos centros y ninguno pudo indicar si enviarían a sus propios hijos a esas instalaciones. Albence subrayó que los migrantes violaron la ley y deben permanecer encerrados hasta que se resuelvan sus casos en los tribunales.
Preguntados por Blumenthal sobre si la política de separación de familias ha sido un “éxito”, ninguno levantó la mano.
