Administración Trump publica su plan sobre “carga pública” contra inmigrantes legales

WASHINGTON — Frustrada con la inacción del Congreso por reducir la inmigración legal, la Administración Trump publicó este miércoles, por la “puerta trasera”, su esperado reglamento sobre la “carga pública”, que restringirá el acceso a la “tarjeta verde” y otras visas para quienes reciban ciertos beneficios públicos.

El reglamento, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó hoy en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), propone ampliar y redefinir quiénes podrían ser considerados como “carga pública” para efectos de sus trámites migratorios, y podría afectar a hasta 24 millones de personas.

“Los extranjeros que buscan ajustar su estatus o una visa, o que han solicitado ingreso (a EEUU), deben establecer que probablemente no serán en algún momento una carga pública, a menos que el Congreso les haya dado expresamente una exención”, explicó el reglamento unilateral.

El DHS también propone exigir que todo extranjero que solicite una extensión de su estadía en EEUU o un cambio de estatus migratorio “demuestre que no ha recibido, no está recibiendo, ni probablemente recibirá, beneficios públicos” como los delineados en el reglamento publicado hoy.

El reglamento, que reemplazaría a uno de mayo de 1999, forma parte de los demás factores que la Administración Trump tomaría en cuenta para determinar si permite o no la entrada o estancia legal de la persona.

Según el DHS, el reglamento no afectará a refugiados o solicitantes de asilo y tampoco se aplicará de forma retroactiva, pero eso no ha calmado las denuncias contra la Administración.

La Administración abrió oficialmente un período de comentarios públicos durante 60 días, tras lo cual evaluará los últimos retoques antes de adoptar el nuevo reglamento de forma definitiva, lo que podría ocurrir a comienzos de 2019.

Desde 1999, el gobierno de EEUU consideraba como una “carga pública” a extranjeros que recibían subsidios, asistencia de ingresos, o cobertura para institucionalización de largo plazo.

De aprobarse, la nueva definición de “carga pública” incluirá a quienes reciban cupones de alimentos bajo el programa “SNAP”, “Medicaid”, subsidios de vivienda, y la cobertura de recetas médicas bajo la “Parte D” del sistema de “Medicare”.

Aunque el gobierno asegura que su objetivo es promover la “autosuficiencia” de los inmigrantes y velar por los contribuyentes estadounidenses, para los activistas el reglamento no más que es un esfuerzo “por la puerta trasera” para poner más trabas al ya difícil proceso para ingresar legalmente a Estados Unidos.

Rechazo a gente pobre

El reglamento, para efectos prácticos, cuelga el rótulo de que EEUU discriminará a inmigrantes de bajos ingresos, además de que siembra el temor para quienes solicitan ciertos beneficios públicos para ellos y sus familias.

Es que la propuesta, tal como está escrita, dará preferencia a solicitantes de “tarjeta verde” con ingresos anuales superiores a los $62,000 y refleja el manifiesto deseo de la Administración Trump de atraer al país a inmigrantes más ricos, así la negación de visas fomente la separación de familias.

Es decir, la Administración medirá el valor de las familias por el tamaño de su billetera no por las contribuciones de quienes llevan años en EEUU esperando a la reunificación con sus cónyuges y demás miembros del núcleo familiar.

“Este es otro ataque más de un hostil grupo de políticos en Washington hacia los inmigrantes, que tendrá un impacto generalizado en todas las familias de Illinois”, aseguró a este diario Sylvia Puente, ldirectora ejecutiva del “Latino Policy Forum” en Chicago.

“Todos los residentes de Illinois deben hacer oír su voz y oponerse a esta propuesta”, dijo Puente, al alentar la participación de la comunidad inmigrante en el proceso de comentarios públicos.

Impacto de la propuesta

El Instituto de Política Fiscal (FPI) afirmó hoy en un informe que la propuesta podría afectar a unas 24 millones de personas,  incluyendo a nueve millones de niños y jóvenes menores de 18 años, porque el reglamento aplicaría a quienes obtienen visas por vínculos familiares o laborales.

No es que todos afronten el escrutinio de la “carga pública” sino que el llamado “reglamento Trump”, tendrá un efecto intimidatorio para quienes rechazarán beneficios públicos -pese a que califican- por temor a perjudicar su estatus migratorio, explicó FPI.

Otro análisis de “FamiliesUSA”,  que se apoya en datos de la Fundación de la Familia Kaiser, indicó que el reglamento suscitará una reacción en cadena, o “efecto dominó”, en la salud, desarrollo, y potencial económico de futuras generaciones.

En 2016, había 23 millones de extranjeros no ciudadanos en EEUU, y una cuarta parte de los niños, o aproximadamente 19 millones, tienen al menos un padre inmigrante.

El reglamento no es un mero arreglo técnico en la política migratoria sino que pondrá a muchos inmigrantes ante el dilema de tener que escoger entre la salud de sus hijos u otros familiares o poner en riesgo sus trámites migratorios.

“Este es un asalto contra el Sueño Americano y los valores de nuestra nación,  porque cambia una política pública pensada para ayudar a inmigrantes legales ya en el país a ser miembros plenamente realizados”, dijo Frederick Isasi, director ejecutivo de FamiliesUSA.

Los ancianos de ingresos bajos o moderados, que han contribuido al sistema de Seguridad Social durante años, tendrían que escoger entre recibir beneficios para cobertura de “Medicare” y sus trámites para la “tarjeta verde”, advirtió Isasi.

Pese a la retórica de la Administración, los inmigrantes no son una “carga pública”, y en realidad son un menor porcentaje de quienes reciben beneficios públicos, en comparación con personas nacidas en EEUU. Por ejemplo, los extranjeros no naturalizados conforman el 6,5% de quienes reciben “Medicaid”, y el 8,8% de quienes reciben cupones de alimentos.

En todo caso, no sería la primera vez que el gobierno de EEUU abusa del reglamento de “carga pública” para denegar visas legales a inmigrantes, ya que en el pasado se restringió la entrada sobre la base de la nacionalidad o religión de los extranjeros.

Avalancha de protestas

Grupos cívicos y defensores de los derechos de los inmigrantes en todo el país ya habían venido advirtiendo durante meses sobre este nuevo reglamento y ahora han renovado su lucha para impedir su puesta en marcha.

Por ello, representantes de más de 1,500 organizaciones locales, estatales y nacionales divulgaron hoy una declaración conjunta para “frenar el ataque cruel de Trump contra las familias inmigrantes”, y pedir que el público luche contra el reglamento.

En el documento, los activistas señalaron que el reglamento agravará las carencias de familias inmigrantes, incluyendo a aquellas con hijos nacidos en este país, aumentando las ya problemáticas disparidades en indicadores sociales.

Olivia Golden, directora ejecutiva del “Center for Law and Social Policy” (CLASP, por su sigla en inglés), calificó la propuesta como “imprudente, profundamente injusta y contraria a los valores estadounidenses fundamentales”.

Por su parte, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, en inglés), condenóque la Administración se haya empeñado en avanzar esta propuesta y que, no contenta con el daño que produjo su política de separación de familias en la frontera sur, ahora busca “nuevos poderes para decidir cómo luce un estadounidense”, alterando la futura demografía en el país.

“Nos corresponde recuperar ese poder mediante comentarios públicos y exigir que nuestros representantes elegidos expliquen sus posiciones sobre este asunto, antes de ir a las urnas en noviembre”, agregó Hincapié, en alusión a los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre.

Los comentarios pueden ser anónimos y las personas no tienen obligación de divulgar su estatus migratorio.

En vez de adoptar políticas que amenazan el bienestar de las familias, la Administración debería proponer políticas que las ayuden a prosperar y llevar vidas saludables y productivas, urgió la declaración.

Entre los firmantes figuran Amnesty Internacional USA, la Asociación de Salud Pública Estadounidense, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), Oxfam America, y diversos sindicatos.