El impacto económico en Ecuador de Cascabel, la mina más grande de plata, tercera de oro y sexta de cobre en el mundo
El proyecto requerirá de una inversión de capital cercano a los $26,000 millones de dólares
Crédito: SolGold
Había grandes expectativas sobre la capacidad de sus reservas. Finalmente, se confirmó como una de las diez minas de oro, cobre y plata más importantes del mundo.
El proyecto minero Cascabel en Ecuador, operado por la empresa australiana Solgold, fue identificado como uno de los más grandes del país y una importante fuente de ingresos para un Estado que confía en la exportación de minerales como una de sus principales oportunidades de desarrollo.
Según la Evaluación Económica Preliminar dada a conocer por la firma concesionaria, se estima que las reservas en Cascabel lo convertirían en la mina subterránea más grande de plata, la tercera de oro y la sexta de cobre en todo el planeta.
Atendiendo a estas cifras, el gobierno de Ecuador no dudó en destacar los beneficios que esto supondrá para la inversión y generación de empleo en el país y en la provincia de Imbabura, en el norte del país, en particular.
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Sin embargo, organizaciones ecologistas y algunas comunidades de la zona se oponen al proyecto e incluso llegaron a pedir el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto.
Pero ¿cuál puede ser el impacto económico de un proyecto de la envergadura de Cascabel para un país que cada vez apuesta más por el sector minero?
Millones de inversión extranjera
El estudio de Solgold calcula que en el depósito Alpala existen reservas que alcanzan las 10,9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro.
La información la dio a conocer el pasado 12 de junio el presidente ejecutivo de la compañía, Jason Ward, en un acto al que acudió el ministro de Energía y Recursos Naturales de Ecuador, Carlos Pérez, y representantes del sector minero.
Pérez destacó las altas cifras de inversión privada que, según sus cálculos, promoverá el desarrollo del proyecto que, según la empresa, tendrá una vida útil de entre 49 y 66 años.
“Antes de que la mina empiece a producir un gramo de oro o una tonelada de cobre ya alcanza los US$2.800 millones, mientras que durante la vida útil del proyecto se requerirá un capital cercano a los US$26.000 millones”.
Según el ministro, esto se traducirá en importantes beneficios en materia de empleo, infraestructura, impuestos y regalías, así como “la inversión en obras de compensación social o cuidado del medio ambiente”, destacó.
En base a las cifras hechas públicas, el economista ecuatoriano Rubén Flores calcula que Cascabel implicaría “en función de las normas, acuerdos y contratos, alrededor de US$1.326 millones para el gobierno por el lado de los impuestos”.
La evaluación económica plantea cuatro escenarios para la producción mediante un método de explotación subterránea y no a cielo abierto, debido al profundo nivel en que se encuentran los recursos.
Según la compañía, que adelantó que el proyecto ya ha generado hasta el momento 500 empleos directos y podría llegar a emplear a 7.000 personas, la construcción de la mina podría comenzar a finales del año que viene.
Flores, pese a que reconoce que no hay posibilidad de hacer comparaciones al no existir otros proyectos mineros de las dimensiones de Cascabel, recomienda tomar con cautela las previsiones de impacto económico planteadas por la concesionaria y el gobierno.
“Para tener una idea, la economía ecuatoriana en promedio genera más o menos US$100.000 millones. Esto querría decir que lo que prevé el ministro de Energía es un crecimiento del sector minero de pasar del 1% actual a cerca del 4-5% del PIB en los próximos tres o cuatro años“, le dice a BBC Mundo.
En opinión del profesor de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, “esas expectativas hay que mirarlas con mucha, mucha reserva, porque estos ciclos tienen procesos jurídicos, productivos o de exportación, entre otros, que hay que analizar según va avanzando el proyecto para concretar de verdad su impacto económico”.
Cinturón de Cobre Andino
Cascabel, que ocupa unas 5.000 hectáreas de territorio, se encuentra en la región norte del país conocido como Cinturón de Cobre Andino, un reclamo muy atractivo para las empresas mineras.
En su sitio web, la propia SolGold reconoce su interés en esta zona “poco explorada” porque asegura que de allí sale casi la mitad de todo el cobre que se produce en todo el mundo.
“La propiedad se encuentra en el margen de las franjas metalogénicas del Eoceno y Mioceno, que son famosas por albergar algunos de los depósitos de pórfido de cobre y oro más grandes del mundo”, explica la compañía.
Su interés se encontró con el del gobierno ecuatoriano, que en los últimos años impulsa las actividades mineras —junto a las petroleras— como una de las principales fuentes de ingreso para el país.
En su discurso de rendición de cuentas el pasado mes de mayo, el presidente Lenín Moreno puso el acento sobre este sector.
“32.000 empleos directos e indirectos surgirán de una inversión ya captada de 2.000 millones de dólares en el sector minero que superará los 3.800 millones de dólares en 2021″, aseguró.
“La minería es la solución económica para el país”, aseveró a finales del año pasado el viceministro de minería, Fernando Benalcázar.
El año pasado, la minería a gran escala fue el principal motivo de que la inversión extranjera directa se duplicara en comparación con 2017.
Según datos del Banco Central de Ecuador, la explotación de minas y canteras atrajo US$742 millones, más de la mitad de los US$1.4101 millones total recibidos.
“Pero en los últimos diez o doce años, el sector minero no ha participado apenas en la economía ecuatoriana. Es ahora cuando, con proyectos como Cascabel, se va a ver la posibilidad de cumplir todas estas expectativas y podremos valorar”, opina Flores.
“Ante esta expectativa de lograr mayores ingresos, el gobierno tiene el desafío de garantizar una nueva versión del extractivismo basado ya no en el petróleo sino en la mineral, y considerando también la perspectiva de impacto ambiental”, agrega.
Oposición de ecologistas y comunidades
En efecto, pese a las halagüeñas cifras expuestas por la empresa concesionaria y el gobierno, Cascabel cuenta también con una fuerte oposición por parte de grupos que sostienen que el proyecto atenta contra la biodiversidad de la zona.
Cuatro comunidades cercanas solicitaron a la Corte Constitucional realizar una consulta popular sobre el desarrollo de la actividad minera en esta zona.
Sin embargo, el tribunal rechazó su petición el pasado jueves al considerar que la propuesta de consulta no cumplía con todas las exigencias formales, si bien aclaró que no entró a examinar la procedencia o no de realizar este tipo de consultas entre la ciudadanía.
Antes del pronunciamiento del tribunal, el presidente Moreno ya había advertido sobre las consecuencias de autorizar consultas sobre zonas mineras que ya han sido concesionadas de manera legal a empresas extranjeras.
“Si se autoriza cualquier mecanismo que implique un incumplimiento que, tarde o temprano, nos obligue a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán esos recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento, que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar”, dijo Moreno en referencia a los jueces de la Corte Constitucional.
También grupos ecologistas secundaron esta petición al tribunal para que la población pudiera pronunciarse sobre el manejo de recursos naturales que son de interés nacional.
Organizaciones sociales reclaman al presidente Moreno que no emita nuevas concesiones para explotación minera, y critican que otros proyectos en el país hayan provocado graves violaciones de los derechos humanos y la naturaleza, que van desde contaminación del agua hasta agresiones a personas.
Pero no todos los pobladores de la zona se oponen a Cascabel.
Durante una visita al proyecto en la que algunos vecinos conocieron cuestiones como el tratamiento de agua en el proyecto realizado para que “no se afecte de ninguna manera al medio ambiente”, según los responsables, el presidente de la comunidad El Carmen, Marcelo Tobar, denunció “amenazas de otras comunidades” por apoyar a la empresa SolGold.
“La empresa nos ofreció trabajo y están cumpliendo, estamos trabajando (…). Queremos el desarrollo de todos. No se dejen llevar de los malos argumentos”, dijo.
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