Editorial: Otra demanda caprichosa del gobierno

La administración Trump quiere obtener la información almacenada en los departamentos de Motores y Vehículos (DMV) estatales, así como la que los estados tienen sobre los beneficiarios de asistencia pública. Esta petición tiene que ser rechazada. En el momento en que se pide crea sospechas sobre el uso que el gobierno federal quiere hacer con esa información. A juzgar por la ideología anti-inmigrante y anti-latina del Presidente, esas sospechas están bien fundadas.

En este caso es la Oficina del Censo la que solicita a los DMV ayuda para el Censo 2020. La información específica pedida es sobre nacimientos, direcciones, raza, origen hispano y ciudadanía. Son datos que se recopilan a la hora de sacar una licencia de conducir o una identificación estatal. El gobierno no explicó el porqué son necesarios.

Un problema adicional es que la información de los DMVs suele ser inexacta por lo cual es contraproducente considerarla como base de datos sobre ciudadanía. También es inusual que de un momento a otro se solicite esta información para el Censo, cuando hay sistemas establecidos con años de anticipación para obtener este tipo de informaciones.

Tampoco hay una explicación clara de por qué se solicita información sobre las personas que reciben ayuda pública. Especialmente, porque ya existen maneras establecidas por las cuales estos datos son enviados regularmente a la Oficina del Censo para la elaboración de los reportes económicos poblacionales. No es casualidad que simultáneamente la administración Trump quiera utilizar la “carga pública” para impedir la ciudadanía de los residentes legales.

Y aunque el gobierno dice que requiere la información para facilitar el Censo 2020 y mejorar la precisión de los datos, las intenciones parecen mucho menos matemáticas y mucho más migratorias.

Hace solo semanas, la Casa Blanca fracasó en su intento de sabotear el conteo nacional colocando una pregunta sobre ciudadanía con el fin de desalentar la participación de los inmigrantes, especialmente los indocumentados. Trump pretendía asustarlos de manera que no aparezcan a la hora de distribuir poder político y fondos federales. Pero la Suprema Corte de Justicia lo impidió, cuestionando el razonamiento detrás de esa iniciativa.