La vida de millones de inmigrantes podría cambiar tras próximas decisiones judiciales

La Corte Suprema ha admitido a trámite y está examinando en este periodo de sesiones cuatro casos que pueden afectar gravemente la vida de millones de inmigrantes.

Kansas v. García (16 de octubre)

Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa-Lara fueron condenados por robo de identidad a nivel estatal en el condado de Johnson, Kansas, presuntamente por usar identidades falsas. Cada uno apeló sus condenas, argumentando que la aplicación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) precede y previene su enjuiciamiento a nivel estatal. En la apelación, la Corte Suprema de Kansas revocó las tres condenas.

El caso del estado de Kansas se centra en el proceso de verificación de empleo. La ley federal de inmigración que requiere que los empleadores, en un formulario conocido como I-9, certifiquen que un empleado está autorizado para trabajar. La ley también establece que el formulario “no puede utilizarse para fines distintos de la aplicación de esta ley”.

Aunque el gobierno federal tiene la única autoridad de enjuiciar a las personas por proporcionar información fraudulenta durante el proceso de verificación de empleo I-9, el estado procesó a los tres hombres por usar la misma información falsa en diferentes formularios laborales. Kansas insiste en que eliminar el procesamiento del delito a nivel estatal socavaría la capacidad de combatir el robo de identidad.

En la audiencia, los cuatro jueces liberales de la Corte Suprema (Kagan, Sotomayor, Ginsburg y Breyer), así como el juez conservador Brett Kavanaugh, designado por Trump, hicieron preguntas que reflejaron su preocupación en que la insistencia del estado en perseguir a los trabajadores no autorizados socave un papel reservado para el gobierno federal, de acuerdo con la agencia Reuters.

Barton v. Barr (4 de noviembre)

El jamaicano Andre Martello Barton llegó a Estados Unidos en 1989 con una visa de turista. En 1992 obtuvo el estatus de residente permanente, pero cuatro años después fue condenado por asalto agravado, daños a la propiedad y posesión de un arma de fuego. A esto se unió en 2007 y 2008 otras sentencias por delitos de drogas.

En 2016, el Departamento de Seguridad Nacional intentó deportar Barton, y un juez de inmigración accedió. Cuando Barton solicitó la cancelación de su expulsión, el Gobierno argumentó que no era legalmente elegible para ese privilegio porque había incumplido el requisito de residencia continua debido a sus condenas por asalto agravado.

La ley establece que el fiscal general puede cancelar un caso de deportación si el extranjero ha sido “admitido legalmente para residencia permanente por no menos de cinco años”; ha “residido” en el país “continuamente durante siete años después de haber sido admitido”; y no ha sido “condenado por ningún delito grave agravado”.

Los abogados de Barton alegan que su tiempo de residencia continua en el país fue de siete años, por tanto tiene derecho a que se reconsidere su deportación. El Gobierno alega que su período de residencia continua terminó en 1996, cuando cometió los asaltos agravados y los delitos de armas de fuego.

Lo que está en juego en el caso Barton es la regla del tiempo de detención, que establece que el período de residencia continua de un extranjero en Estados Unidos se considera finalizado si comete un delito que lo hace “inadmisible” o deportable.

En la sesión del 4 de noviembre, los jueces escucharon los argumentos de ambas partes.

El caso es relevante porque, si la Corte Suprema se pone del lado de la Administración, podría facilitar la deportación de residentes permanentes condenados por delitos graves.

Departamento de Seguridad Nacional v. Regentes de la Universidad de California, y Trump v. NAACP (11 de noviembre)

Los magistrados de la Corte Suprema escucharán estos dos casos para decidir si la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de eliminar la condición de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es judicialmente revisable, y si fue legal.

Los tribunales han bloqueado hasta ahora el intento de rescindir el programa iniciado por el expresidente demócrata Barack Obama en 2012, dictaminando que la justificación de Trump es inadecuada.

El breve memorando de Elaine C. Duke, entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, anunciando el fin del programa en septiembre de 2017, se basó en una afirmación del entonces fiscal general, Jeff Sessions, de que era ilegal.

La decisión de Duke de no citar sus propias razones supone un punto débil de la postura del Gobierno, según expertos citados este lunes por el diario The New York Times.

Duke, una funcionaria de carrera que ha trabajado como voluntaria ayudando a inmigrantes en su tiempo libre, renunció al cargo en 2018.

La decisión de la Corte Suprema, que puede demorarse hasta verano de 2020, determinará la suerte de 700,000 jóvenes llegado al país sin autorización cuando eran niños, solos o de la mano de sus padres. Por ahora, siguen protegidos de la deportación y con permiso de trabajo gracias a que DACA sigue en vigor a falta de sentencia definitiva.

Guerrero-Lasprilla v. Barr, y Ovalles v. Barr (9 de diciembre)

El colombiano Pedro Pablo Guerrero-Lasprilla ingresó a Estados Unidos en 1986 de forma legal, pero fue expulsado en 1998 debido a condenas por delitos de drogas.

En septiembre de 2016 presentó una moción para reabrir su caso, alegando que una decisión de 2014 de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) lo hizo elegible para buscar el reingreso bajo la antigua Ley de Inmigración y Nacionalidad, que entró en vigor en 1952.

El juez migratorio negó la moción de Guerrero para reabrir el caso, al considerar que no fue presentada a tiempo, dado que el fallo en el que busca ampararse de produjo dos años antes del requerimiento. El juez determinó que esa demora indicaba que Guerrero no había perseguido diligentemente sus derechos, según lo requerido para el principio legal conocido como peaje equitativo.

El peaje equitativo establece que el estatuto de limitaciones no impedirá un reclamo si el demandante, a pesar de los “cuidados razonables y los esfuerzos diligentes”, no descubrió el perjuicio hasta después de expirar el período de limitaciones.

El dominicano Rubén Ovalles, por su parte, emigró a Estados Unidos en 1985. Logró la residencia permanente, pero fue deportado en 2004 por una condena a libertad condicional por posesión de heroína. Como su caso es similar al de Lasprilla, los jueces escucharán ambos juntos. Ovalles pidió reabrir el caso de su deportación en 2017.

Al tomar este caso, la Corte Suprema determinará si un residente permanente legal condenado por un delito puede apelar una orden de expulsión final cuando un tribunal se negó a la revisión judicial porque descubrió que carecía de jurisdicción para fines de peaje equitativo.

Por Ivette Leyva

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