Preguntas frecuentes sobre el censo de los EEUU

Expertos en leyes migratorias recomiendan que inmigrantes con DACA y sus familias participen en el Censo 2020

La participación de la gente en el Censo 2020 es uno de los retos de Chirla este año.

La participación de la gente en el Censo 2020 es uno de los retos de Chirla este año. Crédito: Impremedia

Hoy continuamos con nuestra serie ocasional dedicada a responder las preguntas más frecuentes sobre el Censo.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre el Censo, escriba a pilarmarrero700@gmail.com y usaremos sus preguntas para consultar a expertos y obtener respuestas.

Las preguntas utilizadas hasta ahora en la serie se recopilaron a través de las redes sociales.

Pregunta: “Soy ciudadana de Estados Unidos y vivo con mi novio que tiene estatus DACA. Si la Corte Suprema desactiva DACA, ¿me conviene incluir la información de mi novio en el recuento del censo en 2020? Me temo que mi participación en el cuestionario afecte negativamente a mi compañero. Gracias “.

DACA es un programa que suspende o difiere (retrasa) la deportación y permite el estatus legal temporal a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a los EEUU cuando eran niños. El programa, también conocido como “acción diferida” fue implementado por el expresidente Barack Obama en 2012.

En 2017, la administración Trump anunció que lo eliminaría gradualmente, alegando que había sido ilegal desde el principio. Esa disputa aún se encuentra en tribunales y se espera una decisión de la Corte Suprema en los primeros seis meses de este año.

Desde el principio, varias demandas argumentaron que la decisión de Trump sobre DACA incumple la ley federal de procesos administrativos y también violenta ciertos derechos constitucionales como la igualdad de protección y las garantías al debido proceso.

Varios tribunales federales emitieron medidas cautelares en todo el país, impidiendo al gobierno de Trump terminar con DACA y forzándolo a continuar renovando los permisos a quienes califican. El pasado año, la Corte Suprema del país decidió considerar la disputa antes que los tribunales inferiores realizaran un juicio completo y tras una audiencia en noviembre, podría anunciar su decisión en cualquier momento antes del próximo junio sobre el futuro de los DACA.

Este fallo del alto tribunal llegará casi al mismo tiempo que se está realizando el Censo de los Estados Unidos, que comienza en áreas remotas de Alaska en enero, y sigue por varias fases hasta finales de julio. Un proceso no tiene nada que ver con el otro, pero genera interrogantes sobre si los DACA deben o no participar en el Censo.

La información del Censo no puede compartirse con fines de deportación.

Hay más de 700,000 personas en los Estados Unidos con permisos DACA activos, y a menudo viven en familias de estatus mixto, con otros que tienen una variedad de situaciones de inmigración o ciudadanos de nacimiento. Otros familiares pueden sentir que ponen en peligro a los DACA al nombrarlos en las respuestas del censo de su hogar.

Esto no es así, explica Daniel Sharp, Director Legal del Centro de Recursos Centroamericanos en Los Ángeles CARECEN, una organización que ayuda a los jóvenes inmigrantes con DACA a conocer sus derechos cuando se trata del beneficio.

A Sharp le preocupa que los titulares de DACA o sus familias no participen en el Censo de los Estados Unidos debido a la idea errónea de que su nombre y otra información podrían divulgarse al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y utilizarse en su contra para fines migratorios.

“Hay dos cosas que decir a esa pregunta”, dijo Sharp.

La primera es que la Oficina del Censo de los Estados Unidos está bajo leyes muy estrictas sobre el intercambio de información personal. “Las leyes de protección confidencial que se aplican a la información del censo se encuentran entre las más fuertes que existen en nuestras leyes”, dijo Sharp. “La Oficina del Censo de los Estados Unidos tiene prohibido compartir información con otras agencias relativas a cualquier individuo o empresa”.

Eso significa que la Oficina del Censo de los Estados Unidos “no puede revelar el nombre de la persona, su estado migratorio o cualquier otra información”. Pueden compartir “datos agregados”, es decir, pueden decir cuántas personas hay en un grupo demográfico en particular, por ejemplo, pero no pueden transmitir la información de ninguna persona a ningún otro departamento del gobierno. “Esto es por ley”, agregó.

La segunda respuesta a esa pregunta es que agregar al titular de DACA a la respuesta del censo de un hogar en particular no le da al gobierno ninguna información adicional que el Departamento de Seguridad Nacional ya no tenga por el acto de la persona de solicitar el beneficio.

“El gobierno federal ya tiene toda esta información“, dijo el abogado. “Cualquier riesgo de deportación que tenga el titular individual de DACA es independiente de si participa o no en el Censo. Estas personas entregaron su información al gobierno cuando solicitaron y renovaron su DACA. Incluso si se mudaran, el gobierno podría rastrear su número de seguro social y encontrar dónde trabajan o viven.”

Sin embargo, la información dada al gobierno por los titulares de DACA está protegida por un acuerdo hecho en 2012 por el gobierno de no usar sus datos para fines de deportación a menos que la persona presente un riesgo de seguridad nacional.

Ese acuerdo está en litigio en este momento y el gobierno federal está bajo una orden judicial a nivel nacional para seguir su guía original de 2012 sobre no compartir o usar la información privada de los destinatarios de DACA para fines migratorios, a menos que existan ciertas circunstancias, como que la persona representa una amenaza a la seguridad nacional o ha cometido ciertos delitos.

Sharp señala que agregar titulares de DACA a las respuestas del censo en el hogar donde viven es “recomendable”.

La información está segura y es importante contar a todos los residentes de un hogar”, dijo Sharp.

Recientemente, Sharp dijo que en caso de haber una decisión adversa de la Corte Suprema contra DACA, la mayoría de los titulares tendrán el derecho de defenderse en la corte de inmigración, un proceso que podría asegurarles su vida en el país durante varios años más.

Se desconoce cuándo la Corte Suprema decidirá sobre DACA, pero los activistas y los abogados quieren asegurarse de que cada titular de DACA participe en el Censo, y así tener derecho a obtener los recursos y servicios que todos los demás obtienen del conteo de población.

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