Procurador de California urge por reformas que frenen brutalidad policiaca

Tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, y la ola de protestas masivas por todo el país contra la brutalidad policial, el procurador de California, Xavier Becerra llamó a reformar el uso de la fuerza en los departamentos de policía del estado con la finalidad de evitar la pérdida innecesaria de vidas.

Entre sus propuestas más importantes destaca, quitar la certificación a los policías con mala conducta.

Pero además conminó a las policías de todo el estado, a usar estas recomendaciones  para contribuir a reconstruir la confianza pública; y trabajar activamente con los líderes comunitarios para alcanzar una reforma amplia y duradera.

“Con valentia, las comunidades a lo largo del país han demandado un cambio. No podemos darnos el lujo de ignorar las realidades que enfrentan los afroamericanos y las minorías en la nación”, dijo el procurador Becerra.

Señaló que debe atenderse la brutalidad policiaca, y los fracasos sistemáticos que causan y permiten que la mala conducta policial se perpetúe.

Becerra se comprometió a reunirse con legisladores, miembros de la comunidad, policías y otros involucrados para reexaminar la seguridad pública, y traer el necesario cambio.

Reformas propuestas 

• Todas las agencias deben tener una política vigente que obligue a los oficiales a intervenir y detener a cualquiera de sus compañeros que esté usando fuerza excesiva e innecesaria.
• Se prohíben el uso de la llave durmiente, una técnica de estrangulamiento de la arteria carótida empleada para quitarla la vida a George Floyd, y otros procedimientos similares que pueden resultar en el bloqueo de la sangre o el oxígeno a otra persona.
• Todas las agencias deben requerir a los oficiales, reducir la intensidad de sus acciones cuando sea posible, antes de usar la fuerza.
• Proveer guía exprés para asegurar que los oficiales entiendan la relación que debe existir entre la fuerza que usan y la amenaza presentada en una situación en particular.
• Deben requerir a los oficiales dar advertencias verbales cuando sea posible, antes de usar la fuerza ya sea letal o menos letal.
• Deben prohibir a los oficiales disparar al operador u ocupante de un vehículo en movimiento, a menos que representen una amenaza inminente de muerte o daño físico serio para el público o el oficial.
• El uso de la fuerza mortal debe emplearse como último recurso cuando las alternativas razonables se han agotado o no estén disponibles para proteger la seguridad del público y los oficiales.
• Todas las agencias deben crear una orden general dedicada a reportar el uso de la fuerza así como las investigaciones.
• En cuanto al empleo de perros, las agencias deben entrenarlos para alertar ladrando, en lugar de morder a un sospechoso como primera respuesta, y luego rodearlo en círculos y ladrar hasta que el oficial tome control.

Propuesta legislativas

Becerra propuso además una legislación que reforme el sistema de justicia criminal. Entre los puntos más sobresalientes destacan: 

• Retirar la certificación a los oficiales de la fuerza pública que tengan mala conducta, e investigarlos aún después de dejar los departamentos de policía.
• Exigir políticas y entrenamiento para detectar cuando una persona llama a la policía o hace declaraciones o acusaciones falsas con base en sus prejuicios; así como auditorías para evaluar la evaluar la efectividad del entrenamiento.
• Establecer límites claros sobre las técnicas para controlar multitudes durante protestas o eventos masivos, incluyendo guía sobre el uso de gas pimienta, gas lacrimógeno, bastones, balas de goma.
• Se prohíbe el uso de gas pimienta en contra de los niños en centros de detención juveniles. 
• Reexaminar el papel de la policía al atender las crisis de salud mental y otras condiciones médicas de los desamparados, ya que suelen ser los primeros en responder, y no están preparados para atender estas situaciones.

  

Latinos los más afectados

Juan José Gutiérrez, coordinador de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes, precisó que entre el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016, las policías asesinaron a 56 personas en el sur de California, 35 eran hispanos; y 11 afroamericanos y de raza blanca. “Por cada afroamericano se asesinan a tres latinos, y hasta más”, asegura.

Agregó que desde 1980, por año son asesinadas en promedio 1,000 personas en todo el país por parte de la policía o alguaciles.

De 2000 a 2020 en el condado de Los Ángeles, las policías ejecutaron a más de 800 personas, el 45.7% fueron a manos de los alguaciles; y 40% por parte de la policía de Los Ángeles. El cuerpo policiaco más mortífero – dice Gutiérrez, es el de South Gate, ya que ejecutaron al 8.6% como a unas 80 personas.

Del total de los 800 asesinatos, más de la mitad son de origen hispano, precisa.

“Lo que tiene que cambiar es la cultura de la policía de ejecutar y luego investigar. Y como tienen inmunidad policiaca, y se justifican fácilmente al decir que mataron porque tuvieron que proteger su vida, lo siguen haciendo. Tú podrás tener toda la evidencia en contra, pero los agentes van a salir libres y absueltos. Todo lo que ha sucedido recientemente, debe llevar a darle prioridad a la preservación de la vida del detenido”.

Completó que espera que a partir del asesinato de Floyd, veamos cambios estructurales y reales. “Ya basta de farsas”.

Uno de los casos más recientes reportado como abuso policiaco, involucró a Frank Hernandez, oficial de la estación Hollenbeck del Departamento de Policía de Los Ángeles quien fue captado en un video, golpeando de manera excesiva a un hombre en el barrio de Boyle Heights. Hernández ha tenido numerosas quejas en su contra, pero es más conocido por haber matado a Manuel Jasmines, un jornalero guatemalteco en 2010.