Anulan caso de trabajadores sociales acusados de abuso infantil por el caso de Gabriel Fernandez

Los trabajadores fueron acusados por la Fiscalía en 2016 tras la muerte del menor mientras estaba en custodia de la madre a pesar de decenas de reportes de abuso infantil

El pequeño Gabriel Fernández murió en mayo de 2013.

El pequeño Gabriel Fernández murió en mayo de 2013. Crédito: Archivo | La Opinión

Un juez retiró este jueves los cargos contra cuatro trabajadores sociales acusados de abuso infantil y falsificación de registros públicos por el caso de la muerte del niño latino Gabriel Fernández en el condado de Los Ángeles.

Las trabajadoras del Departamento de Servicios de Niños y Familias (DCFS), Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, y sus respectivos supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt, fueron acusados en abril de 2016 por la fiscalía de Los Ángeles.

Tras una audiencia preliminar en su momento, la juez Mary Lou Villar de la Corte superior de Los Ángeles encontró que los trabajadores sociales y los supervisores tenían “la obligación legal de proteger” al niño y había suficientes indicios para sospechar que el pequeño podía sufrir heridas graves o morir a manos de su madre y el novio de esta.

Los empleados de DCFS fueron despedidos tras una investigación interna por el caso del niño de ocho años, que murió por abusos sufridos a manos de la madre Pearl Sinthia Fernández y su novio Isauro Aguirre.

No obstante, el juez George Lomelí de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles retiró este jueves las acusaciones luego de que en enero la fiscalía informara que la Corte Apelaciones del Segundo Distrito opinó que “el juez de primera instancia debería haber otorgado una moción de defensa para desestimar el caso”.

La investigación inicial encontró que la muerte del niño ocurrió como consecuencia del abuso sufrido a manos de su madre y el novio, pero también debido a que los funcionarios del DCFS tendrían que haber actuado con más diligencia para evitar la tragedia.

Gabriel falleció el 23 de marzo de 2013 en Palmdale, al norte de Los Ángeles, estando bajo la custodia de su madre, a pesar de que se habían presentado 62 quejas de abuso infantil contra ella y su novio, según la investigación del caso.

Isauro Aguirre fue condenado a la pena de muerte y la madre Pearl Fernández a cadena perpetua por el asesinato del menor, que sufrió múltiples heridas, incluyendo fractura de cráneo, costillas rotas y quemaduras en su cuerpo, según la investigación.

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