México corta cuentas de tratantes de personas en medio de ola migratoria

Una nueva ola de migración centroamericana que pretende llegar a Estados Unidos se escabulle por México, esperanzada por las políticas pro migrantes del demócrata Joe Biden, mientras el gobierno mexicano pelea entre la contención y el bloqueo a las cuentas bancarias de redes criminales ante la presión de la Organización de las Naciones Unidas que le advierte:

“¡Hay un alto riesgo de trata de personas!”

La trata de personas para explotación laboral y sexual no es un tema reciente en el camino de las mujeres y niños migrantes, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

“Esa es la razón de la mayoría de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas en México”, precisa Marta Sánchez, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, la organización que hasta antes de la pandemia organizaba a la Caravana de Madres desde Centroamérica que han rastreado por años a los suyos sin paradero. La mayoría de estas madres recurren a congales y bares de las fronteras y otras ciudades en busca de pistas.

Algunas de ellas, se han llevado la sospecha a la tumba como la hondureña Emeteria Martínez, quien poco antes de morir narró a este diario sobre el sinsabor de que su hija pudo haber sido enganchada a una red de prostitución.

“Tal vez ahora le da pena comunicarse por la vergüenza”, dijo después de 20 años de búsqueda y tras presenciar historias similares con hijas que sí fueron localizadas y narraban que las enganchaban ofreciéndoles primero un trabajo de meseras o hostess.

Otra razón que explica la trata de migrantes es el trabajo forzado para el crimen organizado: en casas de seguridad para vigilancia en los secuestros, como cocineras, sirvientas de todo tipo, en el caso de mujeres; como gatilleros o diversos asuntos necesarios para el tráfico de droga, en el caso de los hombres, agrega Sánchez.

Por todo, la llegada multitudinaria de niños a la frontera agrega una preocupación más a la agenda. Actualmente hay retenidos 15,000 niños migrantes no acompañados en Estados y se espera el arribo de otro tanto ante las políticas de Joe Biden de reactivar la reunificación familiar: muchos padres están utilizando a coyotes para enviar a sus hijos a la frontera sea como avanzada o porque ellos ya están en Estados Unidos.

Desde 2019, la Patrulla Fronteriza alertó de los peligros de estos niños y puso como ejemplo el hallazgo de un niño de tres años que fue localizado en un campo de maíz de Fort Brown, al sur de Texas. El pequeño tenía unos números de teléfono en los zapatos y luego se supo que había sido parte de un grupo al que un pollero abandonó. El niño era un número clave: era el caso 8,900.

La cifra se duplicó en esa oleada. En 2021 se prevé una oleada más. Cuando Biden asumió la presidencia hace dos meses, detuvo la construcción del muro promovido por Trump y se dispuso a cumplir lo que había prometido en campaña como políticas de inmigración “más humanas”.

Biden advirtió a hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que se queden en sus países, sin embargo, el cambio de política, según los analistas, animó a los migrantes. El flujo había comenzado antes, desde abril del año pasado, nueve meses antes que Trump dejara el cargo, pero se disparó recientemente, según las cifras oficiales del gobierno de EEUU.

El dato es que 74,000 personas fueron paradas en la frontera en diciembre, pero el total aumentó a 100,000 en febrero, el primer mes completo de la presidencia de Biden. En esos dos meses, el número de niños no acompañados que entraron ascendió de alrededor de 5,000 a más de 94,000.

Águeda Marín, especialista regional sénior en asistencia y protección a migrantes de la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU, enfatizó en la necesidad de que la lucha contra la trata no se concentre únicamente en las capitales.

“Se tiene que mirar a las zonas fronterizas y rurales”, dijo.

Ilias Chatzis, jefe de la sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), reafirmó: “Cada vez más niños son objeto en la red oscura de trata sexual”.

En días pasados, se suicidó una niña en refugio para víctimas de trata de personas en la Ciudad de México. Tenía 13 años y fue localizada en una habitación con las calcetas atadas al cuello. El caso y la identidad aún no han terminado de esclarecerse.

Durante el 2020, del Consejo Ciudadano recibió 2,117 reportes, de los cuales el 60% fueron procedentes del interior de la República, 27% de la Ciudad de México, 13% del Estado de México y 12% del extranjero.

El bloqueo de cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lo pronto presentó un reporte de avances en materia de combate al lavado de dinero producto de la trata de personas en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró que ha bloqueado cuentas en distintas divisas con un cúmulo total de poco más de 10 millones de dólares.

La institución, que depende de la Secretaría de Hacienda, dijo a través de un comunicado difundido en la segunda semana de marzo que bloqueó varias cuentas relacionadas con este delito por 211 millones de dólares más dos millones de pesos mexicanos y 1,600 euros.

Hacienda promueve “impulsar la importancia de ampliar las tipologías y perspectivas en materia de finanzas ilícitas vinculadas a la Trata de Personas y empuja otras temáticas binacionales de combate al trabajo forzado, explotación laboral infantil, tráfico de personas migrantes, tráfico de órganos, experimentación biomédica, entre otras”.

Entre los hallazgos que obtuvo en el bloqueo de dinero, destacan dramas binacionales entre México y Estados Unidos por lo cual el jefe de la UIF, Santiago Nieto, dijo que hizo falta firmar una serie de convenios con instituciones dedicadas a investigar la trata de personas del otro lado del Río Bravo.

Entre ellas, la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), el Departamento del Transporte (DOT), el Departamento del Trabajo (DOL), la Oficina de Control de Bienes Extranjeros

(OFAC), el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Instituto para la Salud y la Seguridad (HSI).

Después de bloquear las cuentas, la UIF presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República, por hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el delito precedente de Trata de Personas, una de ellas implicaba el uso de Bitcoins.

En otra de las quejas, la UIF detalló el hallazgo de una red de personas físicas en su mayoría con relación familiar que contactaba a mujeres en el extranjero, principalmente sudamericanas y las invitaba a México mediante engaños, al ofrecerles trabajo para prestar servicios de “modelaje”.

Los delincuentes fueron ubicados porque contaban con diversos avisos por la compra de inmuebles en efectivo, así como Reportes de Operaciones Inusuales (ROI’s) alertados por identificar a una de las personas como fundador y dueño de una página electrónica en la que presuntamente se promocionaban servicios de “acompañamiento”, una fachada para la explotación sexual.

Algunas de las personas involucradas ya contaban con averiguaciones previas, carpetas de investigación, e incluso órdenes de aprehensión en su contra por despojar a las extranjeras de sus documentos para evitar que pudieran regresar a su país; eran recluidas, amenazadas y obligadas a ejercer la prostitución ofreciendo sus servicios mediante un sitio web.

“Tienes una deuda con la organización por sacarte de tu país”, les decían: por los gastos generados al traerlas a México, así como la publicidad de la página de internet, alimentación, hospedaje y protección, misma que quedaba a cargo de una organización criminal identificada también como clientes del sitio web.

A las víctimas se les instruía sobre las cuotas que deberían cobrar por cada servicio, y el recurso era retenido por el líder de la organización como “abono” de su deuda, las victimas permanecían relativamente poco tiempo en México y al servicio de la red ya que una vez que vencía su permiso de migración éstas eran puestas en libertad como parte del “pago total” de la supuesta deuda.

Los recursos obtenidos del ilícito cometido se depositaban a favor de una persona moral (Empresa A), donde los accionistas y firmantes eran familiares del líder, para después devolverlos a éste último, principalmente mediante SPEI’s por concepto de “honorarios” simulando una prestación de servicios.

Con el objetivo de perder el rastro de los recursos, el líder de la organización envió́ transferencias internacionales a diferentes países, registró la compra de criptomonedas y creo una serie de empresas fantasma que también le retribuían por concepto de “honorarios”, además, los relacionados realizaban operaciones con tarjetas de crédito, compra de inmuebles, automóviles y joyas con precios elevados que resultaban incongruentes con su perfil económico y su información fiscal, en la que no se registraban los ingresos que justificaran los montos operados.

Estrategias para tapar el delito

En un segundo caso documentado por la UIF y dado a conocer en este mes, se detalló con lujo de detalle las cantidades y los depósitos de los criminales de los que aún se desconoce el nombre, porque la averiguación aún falta por integrarse en el Ministerio Público.

En el adelanto se dijo que un el “Empresario 1” realizaba operaciones en efectivo en sus cuentas contratadas con 21 diferentes instituciones financieras. Entre 2002 y 2019 realizó 206 depósitos en sus cuentas por 2.5 millones de dólares, de los cuales retiró una quinta parte. De ésta última se desconoce el destino o para qué fueron gastados.

El Empresario 1 usaba dos empresas para “jugar” con el blanqueo del dinero. En la primera fungía como apoderado legal y dueño y de la segunda como apoderado. Entre ambas iban y venían millones. De 2008 a 2019, pasó entre las cuentas diferentes cantidades entre 1.7 millones de dólares y 18,000, a veces más, a veces menos.

De 2011 a 2019, el Empresario 1 realizó venta de dólares estadunidenses por medio de ocho operaciones a transacciones e inversiones desde una ciudad mexicana a cuentas internacionales a 15 países (varios de ellos considerados paraísos fiscales).

En el camino, el Empresario 1 adquirió propiedades, involucró a familiares, inventó domicilios, se dio de alta como empresario “de abarrotes, ultramarinos y misceláneas” y “artesanías” aunque no usa cuentas bancarias a su nombre.

Uno de sus compinches justificaba algunas de sus transacciones como “alquiler de oficinas y locales comerciales” aunque carecía de cuentas bancarias, de ahorros o de valores, créditos, o su domicilio fiscal o financiero, ni tampoco presentó declaraciones anuales de impuestos federales aún cuando manejaba millones de pesos.

De todo ello dio cuenta la UIF poco después del Reporte sobre Trata de Personas 2020 de Estados Unidos. 

¿Qué dice EEUU?

En su Reporte oficial sobre el tema, EEEUU advirtió que México suministró más servicios para las víctimas e inicio más investigaciones debido a las remisiones recibidas en las líneas telefónicas directas. No obstante, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varios ámbitos clave; impuso condenas a menos tratantes que en el año anterior, aun cuando esas personas recibieron penas de prisión considerables.

Además, prestó servicios especializados deficientes a las víctimas de la trata, e inexistentes en la mayor parte del país; y mantuvo un número insuficiente de albergues dada la gravedad del problema. En ocasiones, el gobierno detuvo equivocadamente a las víctimas de la trata durante las operaciones, e investigó y llevó a juicio pocas denuncias de trabajo forzoso.

En entrevistas con diversos expertos en el tema a través de sus embajadas, EEEUU concluyó que muchos problemas se debieron a los recortes presupuestarios y el conocimiento del problema de la trata por parte de los funcionarios, amén de la corrupción  que permitió que en el 2020 hubiera cuatro investigaciones de funcionarios de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y otros del Instituto Nacional de Migración  por recibir dinero para permitir la entrada y la residencia legal de migrantes víctimas de trata de personas.

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