“Los vuelos de la muerte” en Argentina: cómo la justicia busca cerrar una herida tras 45 años
Durante el último régimen militar en Argentina (1976-1983) miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Un método para deshacerse de ellas era arrojarlas vivas desde aviones al río o al mar. Ahora un tribunal reconstruye cómo fue este plan sistemático de exterminio y quiénes lo comandaban.
Durante el último régimen militar en Argentina hubo "vuelos de la muerte". Crédito: GUSTAVO MOLFINO | Cortesía
Los militares los llamaban “traslados”, pero en realidad eran “vuelos de la muerte”.
Aviones de las Fuerzas Armadas argentinas arrojaban a personas, en su mayoría vivas, al Río de la Plata o al mar luego de haberlas drogado.
Fue un plan sistemático de exterminio que se llevó a cabo durante el último régimen militar argentino, entre 1976 y 1983.
“Los vuelos de la muerte constituían la última parte de un ciclo represivo que tenía la característica de la desaparición de personas. Es la última faceta del proceso de desaparición”, sintetiza Valentina Salvi, socióloga e investigadora de la historia reciente de Argentina del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Tuvieron que pasar más de cuatro décadas -este 24 de marzo se cumplen 45 años del último golpe militar en Argentina- para que la justicia pudiera reconstruir cómo sucedieron esos vuelos y condenara esa práctica.
Y el trabajo aún no terminó.
Tras el histórico fallo de 2017 de la llamada “Megacausa ESMA” – la sigla de la Escuela Nacional de la Armada Argentina- en el cual 29 exmilitares fueron condenados a cadena perpetua y hubo otras 19 sentencias de entre 8 y 25 años por los delitos de secuestro, tortura y desaparición de personas durante el último período militar, el año pasado comenzó un nuevo juicio.
En esta oportunidad, la fiscalía busca probar la existencia de los “vuelos de la muerte” operados desde Campo de Mayo, una base militar en el noreste de la provincia de Buenos Aires donde funcionaba otro centro clandestino de detención, para que se condene a quienes comandaban esa operación.
“Vamos a reparar, aunque sea una cosa mínima, todo el daño que han causado a los familiares de las víctimas”, le dice a BBC Mundo Mercedes Soiza Reilly, integrante del equipo del fiscal general Marcelo García Berro en las causas donde se investigan “los vuelos de la muerte” en Campo de Mayo.
¿Cómo eran los “vuelos de la muerte”?
En el edificio de la ESMA, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, funcionó desde 1976 hasta 1983 uno de los centros clandestinos de detención más grandes del régimen militar que gobernó Argentina en ese mismo período.
Si bien no se sabe con exactitud la cantidad de personas que estuvieron alojadas allí en contra su voluntad, organismos de derechos humanos sostienen que fueron hasta unas 5.000.
En la Megacausa ESMA, además de los abusos, torturas, robos de bebés y asesinatos, también se pudo probar la existencia de la organización de los “vuelos de la muerte”.
Sucedían entre una y dos veces por semana, mayoritariamente entre los años 1976 y 1977. Un grupo de secuestrados de entre 25 y 30 personas, cada uno de ellos meticulosamente seleccionados, eran llevados a una sala apartada de la ESMA.
Allí se les inyectaba una sustancia -pentotal o ketalar- que los adormecía y luego los desnudaban.
Más tarde eran trasladados apilados en un camión al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires.
Los cargaban en un avión del ejército y en pleno vuelo eran arrojados, al Río de la Plata en una primera instancia y en vuelos posteriores, presumiblemente, al mar.
De esos vuelos que salían con secuestrados de la ESMA -y se cree también de otros centros clandestinos de detención- no hay sobrevivientes.
“Nosotros teníamos idea de esto porque un compañero fue llevado por error y después devuelto. Y él contó esto”, dijo en 2001 Miriam Lewin, periodista y sobreviviente de la ESMA, en un testimonio del Archivo Oral de la Memoria Abierta, parte de una alianza de organizaciones de derechos humanos en Argentina.
Lewin hace referencia a los dichos de Emilio Assales Bonazzola, alias “Tincho”, que tenía 34 años y había sido secuestrado en enero de 1977. Luego se sumaría el testimonio de Lidia Batista, de 36 años, secuestrada en diciembre de 1978.
Ambos estaban detenidos en la ESMA y fueron bajados de los vuelos. Cuando fueron devueltos al centro clandestino, contaron a sus compañeros lo que les había pasado. Es probable que más tarde hayan sido “trasladados” nuevamente. Los dos siguen hoy desaparecidos.
“En general no queríamos escuchar mucho de esto (…) pensábamos que tal vez había pasado esa vez solamente, que no era la forma de eliminación general”, recordó Lewin.
Más detalles escalofriantes
Algunos cuerpos destruidos de esas personas arrojadas en “los vuelos de la muerte” empezaron a aparecer en las costas de Argentina y Uruguay entre los años 1976 y 1977.
En Buenos Aires, los cadáveres fueron enterrados como NN, es decir sin nombre, aunque previamente los médicos forenses de la policía realizaron autopsias y las conclusiones arrojaron que la causa de muerte había sido un choque contra objetos duros desde una gran altura.
Roberto León Dios, uno de los forenses que practicó varias de las autopsias, misteriosamente falleció a los pocos meses.
Otras personas empezaron a hablar de la aparición de los cuerpos, como el periodista Rodolfo Walsh, quien el 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer año de gobierno militar, escribió una “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” en la cual denunciaba estos hechos.
Al día siguiente Walsh, fue acribillado a balazos en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y, moribundo, fue secuestrado y desaparecido.
El primer testimonio por parte de los militares de que “los vuelos de la muerte” existían lo ofreció el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo en una declaración al periodista Horacio Verbitsky publicada en el libro “El vuelo” en 1995.
Allí el exrepresor de la ESMA explicó cómo era la mecánica de “los vuelos de la muerte”.
“Fue una Fuerza Armada que se organiza para cumplir la última parte de un plan sistemático que es el asesinato“, detalla Soiza Reilly, quien se desempeñó como fiscal general en la Megacausa ESMA.
“Los vuelos de la muerte no eran la única forma que utilizaban los militares en Argentina para asesinar, pero sí era una muy usada en la mayoría de los centros de exterminio”, asegura.
“Comida de peces”
La justicia argentina tardó décadas en tomar esa información que se repetía en el relato de los sobrevivientes, exmilitares y testigos.
En esos testimonios se hablaba de jeringas, de frascos de droga, vómitos, marcas en el suelo tras haber arrastrado cuerpos y de los eufemismos que usaban los captores para referirse a “los vuelos de la muerte”.
“Los traslados”; “van a ser comida de peces”; “se fueron para arriba”; “las monjas voladoras” (en referencia a dos religiosas francesas, Alice Domond y Leonie Duquet, que fueron secuestradas, torturadas y arrojadas vivas al Río de la Plata en uno de esos vuelos, en 1977).
“Estos eufemismos daban lugar a que estaba ocurriendo algo con las personas en el aire”, reflexiona la fiscal.
“Los aviones de la muerte”
Todavía hay muchas preguntas sin responder.
Aún se desconoce cuántos vuelos hubo, si se extendieron más allá de 1977 y cuántas personas fueron arrojadas de los aviones al río y al mar.
“En la justicia solo se prueban los casos en que se encontraron los cuerpos. Y este dato no es tan real. En el centro clandestino de Campo de Mayo pasaron entre 3.000 y 4.000 víctimas, dicen, y hay muy pocos sobrevivientes, la mayoría están desaparecidos y hay muy pocos hallazgos de cuerpos”, explica Soiza Reilly.
En el nuevo juicio del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, que comenzó en octubre de 2020, los acusados son Santiago Omar Riveros, exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, y cuatro de sus subordinados: Luis del Valle Arce, excomandante del Batallón de Aviación 601; su segundo, Delsis Ángel Malacalza; el exoficial de operaciones Eduardo María Lance; y el entonces oficial de personal Horacio Alberto Conditi.
Se los acusa de secuestrar y torturar en la base militar de Campo de Mayo a cuatro personas, que luego fueron desaparecidas en el marco de “vuelos de la muerte”.
Las víctimas son Rosa Eugenia Novillo Corvalán secuestrada entre octubre y noviembre de 1976 y cuyo cuerpo fue hallado en las costas de la provincia de Buenos Aires en diciembre de ese año; y Roberto Ramón Arancibia que fue secuestrado en mayo de 1977 y su cadáver apareció en febrero de 1978, también en la costa bonaerense.
Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace fueron privados de su libertad en noviembre de 1976 y sus cuerpos aparecieron a orillas del Río de la Plata, en la costa de Buenos Aires, en diciembre de ese año.
“En esta causa vamos a probar el funcionamiento de los vuelos (de la muerte) en Campo de Mayo, la mecánica y operatoria y cómo este batallón de operaciones le facilitaba aviones al grupo de tareas que funcionaba allí para hacer la práctica de muerte”, dice la fiscal.
A diferencia de los vuelos del ejército que salían a fines de la década de 1970 desde el Aeroparque o el aeropuerto internacional de Ezeiza, el Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo contaba con su propia pista de aterrizaje lo cual facilitaba la realización de viajes a cualquier hora sin llamar la atención.
Los fiscales y miembros de la investigación sabían que en Campo de Mayo había aviones en desuso y que algunos podrían haber protagonizado “los vuelos de la muerte”. Pero cuando hicieron una inspección el pasado diciembre igual se sorprendieron.
Dos de los aviones que se usaron para arrojar personas al río y al mar hace más de 40 años seguían allí, abandonados, pero llenos de historia.
Se trata de las naves Twin Otter matrícula AE-106 y Fiat G-222 matrículas AE-260, AE261 y AE-262.
“En 1977, el ejército trae de Italia aviones Fiat G222 y están hoy abandonados en Campo de Mayo y son los aviones de la muerte. Hicimos una inspección y subimos a los aviones de la muerte”, detalla Soiza Reilly.
Este modelo de avión tiene la particularidad de tener puertas corredizas a ambos lados del fuselaje, que pueden utilizarse para desplegar paracaidistas.
Pero en los “vuelos de la muerte” su utilizaron para arrojar personas vivas y drogadas para asesinarlas.
¿Habrá justicia?
“Yo creo que sí”, dice convencida Soiza Reilly, quien adelanta que la sentencia se conocerá a finales de 2021.
“Argentina es muy proactiva en materia de derechos humanos y nunca bajó los brazos. Desde el Ministerio Público tenemos las pruebas suficientes para que los responsables tengan su pena por lo que hicieron”, asegura.
La fiscal dice que todas esas estructuras militares funcionaron como un gran engranaje, como un dispositivo aceitado donde cada uno cumplía su rol. La aviación cumplió su papel de colaborar con la eliminación final de las víctimas mediante el uso de aviones.
“Si entendemos esta secuencia, este es el plan sistemático de represión“, describe.
La investigadora del Conicet Valentina Salvi coincide en que el camino de los juicios es el más claro y contundente en cuanto a la reparación para las víctimas y para la construcción de una verdad en el país.
“Los vuelos de la muerte fueron lo más oculto (del régimen militar)”, opina.
“En Argentina hubo años de impunidad. Esta era una gran deuda, política y ética”, concluye Salvi.
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