Funcionarios dicen que harán lo necesario para mantener vigentes leyes que salvan vidas
Ya hay varias medidas en fila para tener más control sobre las armas de fuego en California
Partidistas y opositores del uso de armas de alto calibre se pronunciaron después que una corte federal de apelaciones suspendiera la decisión de un juez de revocar la prohibición sobre las armas de alto calibre en California el lunes.
En un Tweet el fiscal general de California, Bob Bonta dijo que están luchando porque la prohibición continúe para seguir defendiendo leyes que salvan vidas.
“Esto deja nuestras leyes sobre armas de asalto en vigor mientras continúan los procedimientos de apelación”, indicó Bonta.
Este es el resultado de la apelación que Bonta y el gobernador de California, Gavin Newsom, en representación del estado, presentaron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California en Miller v. Bonta el 10 de junio.
Esta apelación se dio después que el 4 de junio el juez Roger Benítez anuló la prohibición de armas de alto calibre en California que tiene más de 30 años de existencia.
#BREAKING: The 9th Circuit granted our motion to stay the district court’s ruling in Miller v. Bonta.
— Rob Bonta (@AGRobBonta) June 21, 2021
This leaves our assault weapons laws in effect while appellate proceedings continue.
We won't stop defending these life-saving laws.https://t.co/L8F8zpLuhv pic.twitter.com/udtszNfOis
En ese momento el juez de San Diego dijo que la prohibición de armas de asalto viola el derecho de la Segunda Enmienda de la Constitución a portar armas y priva a los californianos de poseer armas de asalto que son permitidas en otros estados.
El fiscal dijo que comparar las armas de fuego que se han utilizado en muchos de los tiroteos masivos más mortíferos en el país con navajas del ejército suizo, como lo hizo Benítez en su discurso, no tiene ningún fundamento en la ley o en hechos.
“La prohibición de las armas de asalto no pondrá fin a toda la violencia armada, pero es una herramienta importante que tiene el estado para proteger la seguridad de los californianos y al mismo tiempo respetar los derechos de los residentes respetuosos de la ley que optan por poseer armas de fuego”, indicó Bonta en un comunicado.
Legisladores luchan por más leyes
El asambleísta de California Miguel Santiago dijo que con esta decisión, hay más tiempo para continuar previniendo que armas militares diseñadas para matar lleguen a las calles.
“California ha tenido algunos de los proyectos de ley contra el crimen más difíciles de la nación en ausencia de acción por parte del gobierno federal”, dijo Santiago. “Pero ciertamente nos recuerda que debe haber una legislación federal que sea estricta con el control de armas”.
Al hacer esto se prevendría que las personas compren piezas de armas fantasma, o comprar armas en otros estados con menos restricciones y cruzarlas ilegalmente a California.
Santiago dijo que es ilógico que el juez Benítez haya comparado un rifle de alto calibre con una navaja.
“Son dos cosas muy singulares, con una navaja corta mantequilla, un arma de asalto es una máquina de guerra diseñada específicamente para matar”, dijo el asambleísta.
Por su parte el senador Dave Min dijo que se siente alentado que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito haya suspendido la “escandalosa” decisión de revocar la prohibición de las armas de asalto en California.
“Las armas de guerra no son navajas suizas y los AR-15 han sido el arma preferida en tantos tiroteos masivos durante la última década”, dijo Min en un comunicado. “La decisión del juez Roger T. Benítez fue incorrecta y, si se mantiene, hará que nuestras comunidades sean más peligrosas”.
Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, dijo que el fallo está muy por fuera de la corriente judicial principal y es un caso atípico que contradice tanto el precedente como el sentido común.
“Afortunadamente, el fiscal general Bonta está luchando para garantizar que esta ley se mantenga en los libros mientras se llevan a cabo las apelaciones”, indicó.
La ley no previene el caos
El abogado de derechos civiles Chuck Michel, quien también es el presidente de la California Rifle and Pistol Association (CRPA) dijo que la prohibición del uso de armas de alto calibre no ha servido para que el estado esté más seguro.
“El legado de esa ley son los delincuentes accidentales, porque la ley es tan complicada que incluso los expertos, policías, jueces y fiscales no saben qué es o qué no es un arma de asalto”, dijo Michel. “Así que tienes un montón de personas con un arma en su gabinete de armas que de la noche a la mañana se convierte en un arma de fuego ilegal con el plumazo de un político”.
El abogado indicó que esto también ha causado que muchas personas sin historial hayan violado la ley “accidentalmente” por no entender lo complicado que es seguir las reglas.
No obstante, aclararlas tomará algún tiempo, según Michel, ya que actualmente el Noveno Circuito se enfrenta a un “cuello de botella” de casos de la Segunda Enmienda.
Indicó que uno tras otro están atorados los casos; Duncan v. Becerra, que prohíbe la posesión de cargadores de gran capacidad con más de diez rondas de municiones, el caso Rhode v. Becerra, que es el desafío para las restricciones de munición, el caso Rupp v. Becerra que es el desafío a la prohibición del rifle semiautomático, y ahora Miller v. Bonta, la prohibición de armas de asalto en California.
Michel dijo que el caso Rupp—respaldado por la CRPA—y Miller son muy similares.
“En la orden de la corte que otorga la suspensión del caso Miller, dijeron, ‘el caso, Miller está suspendido hasta que se resuelva el caso Rupp’”, dijo Michel.
Medidas adicionales para el control de armas
Actualmente en la legislatura de California se están trabajando varias leyes para continuar un control sobre las armas de fuego.
Estas incluyen la SB 320 (Eggman), con el asambleísta Santiago como coautor. Haría más fácil remover las armas de alguien que esté enfrentando caso de violencia doméstica. La propuesta está pautada para ser escuchada en el comité de la asamblea de seguridad pública el 29 de junio.
La AB 1191 (McCarty), la cual requiere que el Departamento de Justicia analice los datos de armas criminales que tiene para determinar tendencias y patrones relacionados con la forma en que se venden y trafican las armas criminales. Esta será escuchada en el comité de Seguridad Pública del Senado el 13 de julio.
Y la AB 1223 (Levine) la cual pondría un impuesto en las armas de fuego el cual sería utilizado para financiar el programa de subvenciones para la prevención y la intervención y la violencia de California. Este está detenido en la asamblea hasta el próximo año.