Abogado indocumentado de Florida pide licencia para ejercer
Forma parte de un grupo de inmigrantes graduados en Leyes, que lanzaron una campaña para que las cortes supremas estatales les concedan licencias
José Manuel Godínez-Samperio llegó a EEUU cuando tenía 9 años y se licenció en Derecho en la Universidad Estatal de Florida. Crédito: AP
Washington – Activistas lanzaron este martes una campaña para que las cortes supremas estatales en Estados Unidos concedan licencias a abogados indocumentados y que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral.
Entre los profesionales que se encuentran en esa situación está el mexicano indocumentado residente de Florida José Manuel Godínez-Samperio, de 26 años, quien afirmó que está esperando que la corte suprema de Florida emita su fallo para que pueda ejercer su profesión en este estado.
“Somos indocumentados, pero somos profesionales, no estamos aquí para robarle a nadie, somos personas de bien, y queremos que haya una reforma migratoria integral federal que nos incluya a nosotros y a nuestras familias con un ‘green card’ (tarjeta de residencia) para todos”, recalcó el joven graduado en Leyes.
Otro mexicano indocumentado, César Vargas, de 29 años, y quien es graduado de Leyes en Nueva York, dijo que “las cortes supremas de los estados tienen la autoridad última de la regulación de los abogados, ellas tienen que decidir si podemos ser licenciados”.
“Ya somos profesionales y con esa experiencia y educación vamos a seguir luchando por la reforma migratoria”, añadió Vargas, poco antes de una conferencia de prensa con otros activistas para el lanzamiento de la campaña.
El joven abogado llegó a Estados Unidos a los cinco años y es uno de los impulsores de la Asociación de Abogados Dream que representa a indocumentados graduados en leyes.
La estudiante de Leyes en California Vanessa Pumar, de 25 años, dijo por su parte que las cortes no pueden negar una licencia simplemente por ser indocumentados.
“Las cortes hoy en día han decidido casos sobre personas que han cometido felonías (delitos graves) y un delito de inmigración es considerado un crimen mínimo, civil. No entiendo cuál es el problema de darnos una licencia”, anotó.
Tanto Godínez, como Pumar Vargas, ya iniciaron el proceso para solicitar el programa de acción diferida, anunciado en junio por el gobierno de Barack Obama, que permite a casi dos millones de jóvenes indocumentados una suspensión temporal de su deportación.
