Activistas acusan a las cortes del condado de Los Ángeles de ser cómplices de los desalojos exprés

El lunes por la mañana Alma Quiñonez contó que se acababa de levantar cuando llegó el sheriff a su casa alrededor de las 8 de la mañana. Asustada, abrió la puerta y fue recibida con una orden de desalojo inmediata.

“Eran dos -agentes- y uno me dijo que tenía unos minutos para salirme de la propiedad”, contó Quiñonez, quien es inquilina en un garaje convertido en apartamento en el área de Wilmington, al sur de Los Ángeles. “Mi hijo estaba tomando sus clases en Zoom y solo agarramos lo que pudimos y nos salimos”.

La inquilina, quien sufre de fibromialgia, túnel carpiano y apnea (falta transitoria de la respiración), dijo que al salir prácticamente huyendo de su hogar olvidó su máquina que utiliza para dormir, así como varias de sus pertenencias.

“En la noche nos quedamos con una señora, pero yo dormí sentada porque no puedo dormir sin la maquina”, indicó Quiñonez. “Pero hoy estamos en la calle, nos dejaron sin vivienda”.

El problema en el hogar de Quiñonez viene desde hace más de un año. Ella contó que su arrendataria la quiere echar de la propiedad para rentarla más cara.

Pese a que Quiñonez solicitó la asistencia estatal del alquiler para los inquilinos afectados por el covid-19 y así, evitar el desalojo, esto no impidió que la sacaran con una orden temporal de restricción, la cual fue archivada en la corte Governor George Deukmejian de Long Beach.

Esta explica que Quiñonez no vive en esa propiedad y está instalada como una intrusa tomando ventaja de la pandemia del covid-19. Quiñonez desmiente esto, asegurando que ella pagaba $700 mensuales hasta el año pasado cuando dejaron de tomar sus pagos.

La inquilina no pudo evitar las lágrimas pensando a dónde va a ir con su hijo de 10 años, quien en lugar de estar estudiando el martes por la mañana, llegó junto a su madre y un grupo de inquilinos organizados para protestar los actos que está aprobando la corte.

“Esta corte está otorgando desalojos acelerados bajo ese pretexto [orden de restricción temporal]”, dijo Quiñonez, quien pese a vivir en Wilmington, el caso es archivado en Long Beach. “Exijo que esta corte y todos los empleados del sistema judicial del condado de Los Ángeles que dejen de estar otorgando estos desalojos y órdenes de restricción bajo falso testimonio”.

Los activistas y miembros de la Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) dijeron que la orden de restricción, otorgada por un juez es injusta, ya que actualmente los desalojos por falta de pago del alquiler son ilegales, según la actual moratoria de desalojos de la ciudad.

Aseguraron que ahora los propietarios están usando tácticas novedosas como órdenes de restricción para evadir la moratoria de desalojo.

En un comunicado, Elena Popp, directora ejecutiva de Eviction Defense Network, dijo que Quiñonez es representante de varios casos de propietarios que intentaron usar las mismas tácticas para eludir la moratoria de desalojo, que el Ayuntamiento de Los Ángeles extendió después de que las protecciones estatales terminaron en septiembre.

“Hemos visto un marcado aumento de propietarios que utilizan el proceso de orden de restricción para evitar tener que pasar por un tribunal de desalojo”, explicó Popp. “En las últimas semanas hemos visto tres casos en los que un juez violó el derecho al debido proceso de un inquilino al desalojarlo sin ninguna oportunidad de defenderse”.

Ordenanza anti-acoso no funciona

La ciudad de Los Ángeles cuenta con la ordenanza anti-acoso que especifica que los propietarios no pueden acosar a los inquilinos al rehusarse a aceptar el pago del alquiler, dejar de hacer reparaciones necesarias en los apartamentos, hacer amenazas con daño físico al arrendatario, preguntar sobre el estatus migratorio o tomar alguna otra represalia contra ellos, entre otras medidas.

Emma Aranza, activista con ACCE, dijo que este acoso lo continúan enfrentando muchos inquilinos y solo está empeorando, pese a que existe la ordenanza anti-acoso.

“Estamos cansados de esto, vamos a luchar en contra del desalojo”, dijo Aranza.

Quiñonez aseveró que gracias al trabajo inmediato de la corte de aprobar, firmar y mandar la orden de restricción, ella tuvo que salir sin su máquina de respirar y está en la calle.

“Ustedes me sacaron. ¿Ya se preguntaron en donde conecté mi máquina anoche? Dan vergüenza”.

Los inquilinos que sufren acoso pueden llamar a la línea directa de ACCE al 1-888-964-8086.