Residentes de Pasadena intensifican su lucha por el control de rentas

Decenas de familias anglosajonas, latinas y afroamericanas participaron en una caminata de 7.5 millas en la ciudad de Pasadena, en defensa de los derechos de los inquilinos para crear conciencia sobre la necesidad del control de rentas y tener nuevas leyes que impidan los desalojos injustos.

Los ciudadanos de esa ciudad e inmigrantes han desarrollado una campaña de recolección de firmas de por lo menos 14,000 para que se promulguen enmiendas a través de la llamada “Carta de Enmiendas de Vivienda Justa y Equitativa de Pasadena”.

Entre numerosas secciones, se menciona que la enmienda tiene como objetivo promover la estabilidad del vecindario y de la comunidad.

De calificar primero, y de triunfar posteriormente en la boleta electoral del próximo 8 de noviembre, la enmienda ayudaría a las familias de Pasadena a tener acceso a una vivienda accesible y asequibilidad para los inquilinos, todo mediante la regulación de los aumentos excesivos de alquiler  y desalojo arbitrario en la medida máxima permitida por la ley de California.

Al mismo tiempo, garantizaría a los propietarios de vivienda un rendimiento justo de su inversión, respaldando también, protecciones justas para inquilinos, propietarios y negocios.

En la campaña participan numerosos voluntarios de la Coalición de Justicia para Inquilinos de Pasadena (PTJC), quienes al 3 de marzo habían recolectado 7,694 firmas válidas de una meta total de 8,400.

“Creo que ya tenemos las 13,666 firmas necesarias para que la petición sea llevada a la boleta electoral”, comentó Anita Mackey, integrante de PTJC.

Con menos de tres semanas para entregar las firmas el próximo 25 de marzo, seguirán trabajando con la finalidad de llegar a 15,500 firmas.

“Lo vamos a lograr”, indicó Michele White, también miembro de la organización. “Solamente esperaríamos que los votantes nos respalden en las urnas”.

La petición no se encuentra en internet. Como es una petición de medida legal, ello significa que los proponentes necesitan obtener una firma física que se compararía con las listas de votantes por parte de la oficina del secretario del condado.

Para firmar dicha petición, el ciudadano debe estar registrado para votar en una dirección postal en la ciudad de Pasadena, Altadena, South Pasadena. Las áreas no incorporadas de East Pasadena no cuentan.

La caminata en Pasadena

Bajo un clima frio, miembros de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), se unieron a la marcha pacífica de los integrantes de Pasadenans Organizing for Progress (POP), a la Union de Inquilinos de Pasadena y representantes de Black Lives Matter Pasadena.

Los manifestantes marcharon desde el Centro de Trabajo Comunitario de Pasadena en la calle Lake, en dirección hacia Orange Grove Boulevard y hasta llegar al Villa Parke, gritando a todo pulmón: ¿Qué queremos? Control de renta. ¿Cuándo? ¡Ahora!”, y desplegaron cartelones con mensajes de “vivienda asequible” o “protección contra desalojos”.

Las rentas se dispararon

“Hemos trabajado por meses para que la petición califique para la boleta electoral”, dijo Ed Washatka, miembro de Pasadenans Organizing for Progress  (POP). “Aquí las rentas son ridículas”.

De acuerdo con los manifestantes, en los últimos dos o tres años, el alquiler en Pasadena se ha disparado entre 40% y 50%

Washatka informó que en Pasadena, un apartamento pequeño de dos recámaras se renta en la actualidad por $2,200 a $2,500.

“Hay hasta dos o tres familias viviendo en un mismo apartamento o casa porque no tienen suficiente dinero para pagar el alquiler”, añadió.

Una de las personas que sufre por el alto costo del alquiler es Adela Torres, una madre soltera de Oaxaca con dos hijas, quien paga $1,000 por un pequeño cuarto.

“Hace tres años, de un solo golpe me aumentaron $400 al mes”, dijo la mujer que limpia casas.

“Con  la inflación que vivimos, imagínese ahora lo difícil que se ha puesto para poder pagar”.

Leticia Ortiz, de 60 años, oriunda de Guadalajara, Jalisco, destacó que trabaja reciclando botellas y también cuida a un joven con necesidades especiales, aunque ahora sus prioridades son distintas.

“Lo primero que pienso es en pagar la renta y dejo la comida para después”, declaró a La Opinión. “Mi esposo ya casi no trabaja y por eso necesitamos que ya no nos aumenten la renta”.

Jess Rivas, concejal de Pasadena, dijo que como defensora de las familias trabajadoras y como madre joven sabe cómo la falta de un alquiler accesible está afectando a las familias de color.

“Cuanto más alto es el alquiler, más familias son expulsadas de nuestros vecindarios e incluso quedan sin hogar. Estoy agradecida por los esfuerzos de PTJC para resaltar esta lucha y traer una posible solución a los votantes en noviembre”.

 “Es una crisis humanitaria”

Para Pablo Alvarado, co-director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la carestía de la vivienda en Pasadena “es muy dura para nuestra gente”.

Alvarado declaró a La Opinión que el 68 por ciento de los latinos que viven en esta ciudad rentan, pero también muchos se han ido a otras ciudades como Azusa o Monrovia donde el alquiler pudiera ser más barato, pero regresan a Pasadena porque es donde tienen sus trabajos.

Agregó que, durante la pandemia de coronavirus, conoció los casos de tres madres inmigrantes solteras que perdieron sus departamentos por no poder pagar la mensualidad del alquiler.

Sin embargo, destacó que, desde antes de la crisis de salud, ya había un importante éxodo de residentes de Pasadena.

“Muchos terminaron viviendo en las salas de las casas de amigos o familiares”, explicó. “Son testimonios verídicos y muy duros”.

El líder y activista manifestó que la campaña de petición y recolección de firmas de ciudadanos se intensificará durante los próximos meses.

Primero deben reunir más de 13,000 firmas, entregarlas a Tameka Cook, la nueva secretaria de la ciudad en el Departamento de Servicios Administrativos de Pasadena, y ella  a las autoridades del condado para su revisión y validación, antes que califique para la boleta electoral de las elecciones generales del próximo 8 de noviembre.

Con respecto a las expectativas que tienen en NDLON y las demás organizaciones sin fines de lucro que trabajan para obtener el control de rentas y evitar los desalojos injustificados, expresó que la ciudad “siempre ha declarado progresista y se puede lograr el objetivo”.

“Hay que ver si los dueños tienen empatía con la gente que les renta”, dijo.

Para ello, intentarán convencer a los dueños de propiedades de la necesidad de que se solidaricen con quienes les ayudaron durante la pandemia para que cumplieran sus actividades mediante el teléfono o desde la comodidad de sus hogares.

Alvarado señaló que en la ciudad de Los ángeles y en el condado hay una crisis de desamparados que se ha agudizado por los precios estratosféricos del alquiler de vivienda.

“Esta situación que se vive trasciende la política común y corriente; se trata ya de una crisis humanitaria donde la gente ya no puede pagar más en renta”, subrayó. “Es algo terrible lo que está pasando”.

Componentes principales de la Enmienda

• En la medida permitida por la ley estatal, los aumentos de alquiler se limitarían al 75% de la inflación cada año después de que se establezca un arrendamiento.
• El 75 % de la inflación normalmente equivale a alrededor del 2% al 3% cada año. Esto significa que la cantidad de tiempo que tardaría en duplicarse el alquiler es de unos 35 años.
• Esto no fijaría los alquileres para los nuevos arrendamientos.
• Si un propietario puede demostrar que sus gastos operativos han aumentado, puede solicitar un aumento de alquiler especial por única vez.
• Si un inquilino puede probar que los servicios proporcionados o la calidad de su unidad ha disminuido, puede solicitar una reducción de alquiler especial por única vez.