Claves del presupuesto de Biden para mejorar procesos migratorios y asegurar la frontera
El proyecto de presupuesto del presidente Joe Biden contempla importantes inversiones para reducir los retrasos en procesos migratorios ante USCIS, así como en tribunales, pero también contempla inversiones en seguridad fronteriza y fondos para su proyecto en Centroamérica
El presidente Biden dio a conocer su plan presupuestal para el año fiscal 2023. Crédito: Anna Moneymaker | Getty Images
Con su proyecto presupuestal para el año fiscal 2023 del presidente Joe Biden busca avances significativos en su agenda migratoria, sobre todo en la atención de niños migrantes, reducir retrasos en cortes, peticiones de visas y reforzar la seguridad fronteriza.
El plan del mandatario también contempla $987 millones de dólares para su proyecto de desarrollo en Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), para su objetivo de cuatro años de destinar $4,000 millones de dólares a la región.
“Como parte de una estrategia para implementar una reforma sistémica mientras se enfrentan las rutas de las causas de la inmigración irregular desde Centroamérica a los Estados Unidos, el presupuesto invierte $987 millones de dólares en la región”, indica el proyecto.
Destaca una inversión de $275 millones de dólares para la recuperación de Haití, en un esfuerzo por reducir la inmigración de ese país. Los fondos serán destinados en recuperación tras recientes desastres y en reforzar la capacidad de la Policía Nacional.
Visas, asilo y refugio
La Administración Biden contempla inversiones significativas para reducir retrasos en las solicitudes de visas y procesos de naturalización, así como en la resolución de casos en cortes migratorias.
Para ello la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recibirá $765 millones de dólares.
“[Esto ayudará a] eficientar los procesos de asilo, enfrentar los retrasos en las aplicaciones y mejorar los procesos de refugiados”, indica el Gobierno.
Al plan de aceptar a 125,000 refugiados se destinarán $6,300 millones de dólares para la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés).
“El presupuesto ayudaría también a asegurar que los niños inmigrantes no acompañados sean reunidos con sus familiares y tutores, en forma segura y rápida”, se adelanta.
Cortes migratorias
Sobre la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, en inglés), es decir, las cortes migratorias, se destinarán $1,400 millones de dólares, lo que significa un aumento de $621 millones de dólares.
Los fondos buscarán terminar con el retraso de casi 1.6 millones de expedientes en la EOIR, la cual depende del Departamento de Justicia. Esos recursos incluyen la contratación de 100 jueces y personal de apoyo.
También los fondos para tribunales consideran presupuesto para “el nuevo programa de acceso legal”; se trata de $150 millones de dólares para la representación de adultos y familias en procesos migratorios.
La Administración Biden recuerda el arranque de un plan a 10 años de $4,500 millones de dólares para expandir los esfuerzos en tribunales, incluida la representación a los no ciudadanos.
Seguridad fronteriza y ICE
La seguridad en la frontera, una de las principales críticas a la Administración Biden por parte de opositores republicanos, tendrá una importante inversión con $15,300 millones de dólares para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibiría $309 millones para la adquisición de tecnología de seguridad y $494 millones exclusivamente para el procesamiento de no ciudadanos que arriben a la frontera.
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibirá $8,100 millones de dólares para aplicar las leyes migratorias, eso incluye procesamientos de deportaciones y nuevos procesos de detención.
Organizaciones civiles criticaron dos planes concretos: el aumento de oficiales fronterizos con la contratación de 300 adicionales, así como el destino de $527 millones de dólares para programas de vigilancia y lo que califican “encarcelamiento electrónico”, es decir, el monitoreo de indocumentados a través de sistemas como la aplicación de celular SmartLink.
La coalición Defund Hate hizo un llamado al Congreso para reducir el presupuesto destinado a la persecución de inmigrantes, coincideron Hillary Li, consejera de Políticas de Detention Watch Network; Cynthia García, Gerente Nacional de Campañas para la Protección Comunitaria de United We Dream; Lindsay Koshgarian, directora del Programa del Proyecto de Prioridades Nacionales, y Paromita Shah, directora ejecutiva de Just Futures Law.
“Un presupuesto que continúa financiando con miles de millones la aplicación de la ley de inmigración mortal y anti-negra no es un presupuesto alineado con nuestros valores”, consideró García.
