Familia de Guatemala fue salvada por el Obispo O’Connell

Una carta firmada y escrita por la rabina Jacee Hudson, del Templo Israel de Hollywood y una más de David O’Connell, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles para la región pastoral de San Gabriel fueron determinantes ante las autoridades de inmigración para que, después de varios años de lucha, Estados Unidos le otorgara el asilo en diciembre de 2022 a la familia Arredondo.

Marco Antonio Arredondo, de 17 años había sido asesinado por pandilleros en Guatemala, la tarde del 28 de abril de 2017 y su familia entera tuvo que huir del país centroamericano.

En la travesía de miles de kilómetros, llegaron a la frontera precisamente en los momentos álgidos cuando el expresidente Donald Trump aplicó la política de separación de familias.

La madre, Cleivi y sus hijas Keyli y Alison ingresaron el 18 de mayo de 2018 a Estados Unidos y fueron confinadas durante tres días a la “hielera” de Laredo, Texas, un centro de detención de ICE.

“Luego nos mandaron a San Antonio con todas las mamás que tenían niños y ahí contamos nuestra historia”, recuerda Cleivi. “Dormíamos en un piso granulado o en una banca de cemento…es horrible; para que aguantaran el frío, a Alison, que era la más pequeña la tuve que envolver de pies a cabeza en rollos de papel de baño”.

Pasaron la prueba de “miedo creíble” y pudieron ser liberadas y viajaron a Los Ángeles, con una prima de Cleivi.

Cuatro días después del ingreso de la madre y dos de sus hijas. Fernando cruzó la frontera con la pequeña Andrea.

Pero fueron apartados a la fuerza.

La niña fue enviada a un refugio en San Antonio, Texas. A él, le colocaron esposas y grilletes y lo mandaron al Centro de Detención de Rio Grande, una prisión con fines de lucro que administra el poderoso grupo GEO.

La pesadilla de Fernando

La pesadilla de Fernando continuo en el infame Centro de Detención Stewart, en Lumkin, Georgia, situado a más de mil millas de distancia. Es otra cárcel que funciona como negocio privado y pertenece al grupo CoreCivic.

En ese lugar, Fernando sufrió severos dolores de cabeza, fiebre, y perdió ocho libras de peso en dos semanas de estar tras las rejas, se le cayó el pelo y estaba cubierto de urticaria

A mediados de junio de 2018, Fernando fue trasladado y nuevamente encadenado al Centro de Procesamiento de Inmigración en Folkston, otra prisión con fines de lucro de GEO en Georgia, a unas 200 millas de Stewart.

En cada traslado, nunca le explicaron los cargos en su contra ni los motivos de su detención. Tampoco le dieron oportunidad de presentar su caso de asilo antes un juez, informó a La Opinión la abogada de la familia, Linda Dakin-Grimm, quien era el brazo derecho en cuestiones migratorias para el obispo O’Connell.

“Otra vez lo regresaron a Stewart y un agente de ICE le visitó a Fernando en su celda y le dijo que había fallado en una entrevista de “miedo creíble” en Folkston, que no calificaba para el asilo y que sería una pérdida de tiempo para él pedir ver a un juez de inmigración”, dijo la abogada Dakin-Grimm. “Los jueces de inmigración siempre ceden ante las decisiones de ICE”.

El agente le dijo a Fernando que su caso era “personal” para ICE y que Estados Unidos “no está interesado en personas como él”.

El 23 de junio de 2018, Andrea -quien entonces tenía 12 años- fue liberada del centro de detención juvenil en Texas donde había estado detenida y fue enviada a vivir con su madre a Los Ángeles.

Y, a pedido de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en un caso llamado Ms. L v. U.S. Immigration and Customs Enforcement (“ICE”), 310 F.Supp.3d 1133 (S.D. Cal. 2018 ), el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Dana Sabraw, otorgó una orden judicial a nivel nacional contra la política de separación familiar de la administración Trump.

La medida cautelar prohibía específicamente a ICE deportar a padres como Fernando que estaban bajo custodia después de haber sido separados de sus hijos.

El 3 de agosto de 2018, el juez Sabraw ordenó a ICE que encontrara y reuniera a todos los niños con los padres de quienes se los habían quitado.

ICE se había resistido a esta orden y admitió que no habían hecho un seguimiento de los padres y los niños, ya que no había habido intención de reunificación.

En lugar de reunir a Fernando con Andrea, y en violación de la orden judicial federal, el 22 de agosto de 2018, ICE deportó a Fernando a Guatemala, quien tuvo que huir de un lado a otro, en sus intentos por no ser detectado por los pandilleros que asesinaron a su hijo.
El Obispo paga la renta

Cleivi narra a La Opinión que el Obispo O’Connell le decía que no se preocupara; que él pediría a Dios por ella y sus hijas, que le ayudaría y que haría todo lo posible para que su esposo fuera devuelto a Estados Unidos.

“Me dijo que todo saldría bien, Y sus palabras se cumplieron”, dice. “A pesar de los problemas, nunca perdimos la fe ni la esperanza”.

Como presidente del Grupo de Tarea de Inmigración Interdiocesana del sur de California, el obispo O’Connell, quien fue asesinado el sábado 18 de febrero en su hogar de Hacienda Heights, en vida ayudó a coordinar la respuesta de la iglesia a los niños inmigrantes y familias de Centroamérica.

Además de patrocinar a varios niños para que recibieran educación en escuelas católicas -algunos de los cuales ya son universitarios-, con la familia Arredondo, O’Connell colaboró para pagarles la mitad del alquiler durante un año. Fernando Arredondo, el jefe de familia había sido repatriado a Guatemala.

Pero, una orden de la corte permitió el retorno de Fernando y otros nueve padres a Estados Unidos, en enero de 2020, y se reencontró con su esposa e hijo en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

“Lloramos de alegría”, dice Cleivi. “Pero lo que sufrimos no se lo deseamos a nadie”.

Tanto ella como su esposo traían consigo fotografías sobre el asesinato de su hijo Marco Antonio, tirado en la calle, además de fojas del Ministerio Público y el acta de defunción. A ella sí le habían aprobado el “miedo creíble”, pero no a su esposo.

La pandilla de la Calle 18 también había amenazado a Keyli, porque ella estaba a la par de su hermano cuando lo mataron.

En la escena del crimen del adolescente se encontraron 18 casquillos de bala y, de no haber sido porque Marco Antonio cubrió con su cuerpo a su hermana, a ella también la habrían matado.

Los pandilleros nunca fueron atrapados. Ellos dominaban en la comunidad marginada de Peronia, una sección de Villa Nueva, Guatemala, una ciudad de casi un millón y medio de habitantes.

“Todo nuestro sufrimiento valió la pena, porque la vida nos puso en el camino a tres ángeles: mi hijo, que con su sacrificio nos ayudó a buscar salvar la vida en otro país y a encontrar un mejor futuro para mis hijas, a mi madre, Francisca, que falleció un mes después de mi hijo y el obispo O’Connell que siempre nos brindó sus bendiciones y apoyo”.

Cleivi y Fernando Arredondo llevan 22 años de casados; su hija Keyli ya tiene una pareja y espera un bebé; Andrea va a cumplir 17 años y cursa el décimo grado en la preparatoria Fremont, mientras que Alison, de 10 años, cursa el décimo grado en una primaria cercana a su casa, en el sur centro de Los Ángeles.