Protestas van a ser reguladas
Inciativa de los ministros egipcios tiene que aprobarse en el Parlamento
Varias personas, cuando prendían fuego a las puertas del palacio presidencial de Itihadiya en El Cairo, Egipto. Crédito: EFE
EL CAIRO, Egipto (EFE). El Consejo de Ministros egipcio aprobó ayer un proyecto de ley que regula la convocatoria de manifestaciones en lugares públicos y que contiene algunas restricciones, tras las últimas protestas que han derivado en graves disturbios.
Tras la reunión ministerial, presidida por el jefe de Gobierno, Hisham Qandil, el ministro de Justicia, Ahmed Meki, dijo que esa normativa ha sido elaborada para “devolver el pacifismo a las protestas” y evitar que se mezclen manifestaciones pacíficas y acciones de violencia.
Entre las condiciones para efectuar una movilización pública figura la prohibición de manifestarse a menos de 200 metros de instituciones vitales del Estado y de cubrirse con capuchas, máscaras o pasamontañas.
Algunas de las últimas protestas han tenido lugar frente al Palacio Presidencial de El Cairo, donde han estallado violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Además, en los recientes disturbios han irrumpido con fuerza un grupo autodenominado Black Bloc, cuyos miembros cubren su rostro con pasamontañas negros y abogan por la violencia para lograr la caída del presidente egipcio, Mohamed Mursi.
El proyecto de ley también estipula que los convocantes deben notificar a las autoridades la manifestación con tres días de antelación, y que la policía debe proteger las marchas, según señaló Meki en rueda de prensa.
Los gobernadores provinciales deberán, asimismo, prohibir la tenencia de todo tipo de armas y las agresiones a personas y a la propiedad pública y privada durante las protestas.
La normativa permite a la policía alterar el recorrido de las marchas, prohíbe obstaculizar los intereses del Estado y sanciona a todo quien financia manifestaciones no pacíficas.
El proyecto de ley “Protección al derecho de manifestarse” será ahora remitido a la Cámara Alta del Parlamento, que ostenta todo el poder legislativo al estar la Cámara baja disuelta.
En la reunión del Consejo de Ministros, se analizó también un proyecto de ley sobre la tortura, cuyas discusiones continuarán la próxima semana.
