Lanzan Laboratorio de Justicia Costera

Los angelinos muchas veces van a las playas con sus familias o amigos a disfrutar de un día de esparcimiento, hacer una carne asada o jugar fútbol, pero en el camino se encuentran con letreros que les prohíben el acceso al mar, o con agentes de seguridad que los obligan a tomar desviaciones para no cruzar propiedades marcadas como privadas y que bloquean el acceso a la playa; no obstante, todas esas medidas a menudo violan la ley.

“California es el único estado que, con una ley, garantiza el libre acceso a las playas”, dijo a La Opinión la directora de la organización latina ambientalista Azul, Marce Gutiérrez-Graudins, “pero Los Ángeles registra más de la mitad de todas las violaciones a esa ley”.

“Mucha gente no sabe que tenemos esa ley que garantiza el libre acceso [a las playas], es muy escasa la información sobre ese derecho, y hasta recientemente los avisos en las inmediaciones en las playas estaban únicamente en inglés”, explicó la directora.

Un ejemplo claro ha sido la ciudad de Malibu.

Ahora el grupo Azul y la escuela de Derecho de la Universidad de California en Irvine (UCI) lanzaron conjuntamente un Laboratorio de Justicia Costera, que abordará no solamente las violaciones a ley de acceso a las playas de California, sino la justicia ambiental en las playas del estado, con participación oficial pero también de la comunidad.

“Creemos que el Laboratorio de Justicia Costera será un catalizador para lograr avances en la conservación de los océanos, la política costera y la justicia ambiental para nuestras comunidades, especialmente las que se encuentran en primera línea de las injusticias climáticas-oceánicas”, dijo Gutiérrez-Graudins.

“El laboratorio se va a dedicar a la investigación jurídica e interdisciplinaria, para garantizar que el trabajo de agencias federales, estatales y locales, los procedimientos de planificación y regulación y las iniciativas de cumplimiento y aplicación de la ley promuevan los principios de justicia ambiental y la participación y pertenencia de la comunidad”, dice un comunicado de la organización Azul.

Por parte de la UCI, Gregg Macey coordina el proyecto, pero es también el director de Derecho para la Justicia Ambiental del Centro para la Tierra, el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, un centro con una experiencia de por lo menos 125,000 horas de trabajo no lucrativo en la última década y que en muchas ocasiones ha representado a comunidades latinas.

Para la organización Azul, el laboratorio es una herramienta clave después de doce años de trabajo.

En el 2008 en California se formó un grupo de trabajo para definir políticas de conservación ambiental, con énfasis en las costas.

“Era un grupo que celebraba, por ejemplo, reuniones en un yate cerca de la costa de Los Ángeles y en el que solo había una persona que hablaba español. Era yo”, platica Gutiérrez-Graudins.

La directora subrayó que empezó a darse cuenta de que había un distanciamiento de las personas que tenían algún interés ambiental con la comunidad latina, de hecho percibió que había desconocimiento de la comunidad.

“Cuando, por ejemplo, discutían la necesidad de un reglamento que para sustituir las bolsas de plástico de un solo uso por bolsas reusables, para reducir la contaminación de los océanos, me decían, ‘pero es que los latinos no saben cómo utilizar las bolsas reusables, no las entienden’”, dijo la dirigente.

“¿Pero qué les pasa?”, les respondía Gutiérrez-Graudins, “recuerdo a mi abuelita yendo con la misma bolsa del mandado todos los días al mercado, a mis familiares que no desperdiciaban y guardaban bolsas que después podrían usar”.

Por ejemplos como ese, Gutiérrez-Graudins decidió explorar posibilidades de operar Azul, un grupo que desde el 2011 impulsa medidas de comunidades latinas en idioma español.

La formación del grupo fue casi natural, pues “hicimos una encuesta en la que encontramos que los latinos son la comunidad que más se interesa en temas de preservación ambiental y también es la que tiene interés en más temas diversos ambientales”, explicó la directora del grupo.

Para divulgar todo lo que el Laboratorio de Justicia Costera puede hacer por las comunidades, ahora que inicia operaciones, el grupo Azul va a recurrir a su experiencia de acercamiento para promover el libre acceso a las playas y otros temas de justicia.

“Tenemos presentaciones de 15 minutos, de una hora, de varias horas o un día, e incluso tenemos de varios días”, dijo la directora, y algunos programas sirvan más a los niños, mientras que otros promueven la participación comunitaria.

Las personas interesadas en saber más sobre la organización Azul, enterarse del trabajo que hace el Laboratorio de Justicia Costera, o solicitar alguna presentación, pueden ingresar al portal del grupo en https://azul.org/en/ Ala derecha arriba de la página está el acceso para la versión en español.