Exagentes del sheriff de LA involucrados en asesinato de Andrés Guardado enfrentan cargos criminales
A casi tres años de su muerte, los responsables de quitarle la vida, no han sido llevados a rendir cuentas
Cristobal y Elisa Guardado aún esperan justicia para su hijo Andrés Guardado. (Jacqueline García/La Opinión) Crédito: (Jacqueline García/La Opinión) | Impremedia
Los depuestos agentes del sheriff de Los Ángeles, Miguel Vega y Chris Hernández fueron acusados de conspiración, manipulación de testigos, falsificación de expedientes y privación de derechos en relación con el caso de un patinador hispano de 24 años, pero no se descartan que enfrenten también cargos criminales por el asesinato del joven salvadoreño-americano Andrés Guardado.
“El caso del patinador se presentó a nuestra oficina el 11 de junio de 2021. A partir de entonces, la Oficina del Fiscal de Distrito y la Oficina del Fiscal Federal se comunicaron sobre el caso”, dijo la vocera de la fiscalía del condado de Los Ángeles, Tiffiny Blacknell en un comunicado enviado a La Opinión.
Agregó que después de ser informados de que se había emitido una acusación por un juez federal, pasamos el enjuiciamiento del caso del patinador a la Oficina del Fiscal Federal para no interferir con su investigación y enjuiciamiento.
“Estamos en el proceso de reunirnos con la familia Guardado sobre el caso de disparos que involucra a los mismos dos oficiales y esperamos poder anunciar nuestra decisión sobre ese caso”.
Según dio a conocer el diario Los Angeles Times, la noticia de los cargos contra Vega y Hernández, llega exactamente tres años después de que los dos agentes supuestamente secuestraron en la calle a Jesús Alegría de 24 años y lo dejaron con la cabeza sangrante.
El problema fue que tras el incidente con Alegría quien demandó al Departamento del Sheriff y forzó a que se abriera una investigación judicial, los dos agentes del sheriff siguieron trabajando en la calle por dos meses, y fue cuando Vega le disparó cinco veces a Guardado causándole la muerte en el lugar donde los persiguieron.
Tanto Vega como Hernández siguieron trabajando como agentes del sheriff hasta diciembre de 2020.
“Los oficiales que abusan de su poder deben rendir cuentas, y mi oficina se compromete a enjuiciar las violaciones de los derechos civiles por parte de quienes violan sus juramentos y victimizan a aquellos a quienes juraron proteger”, dijo el abogado federal, Martín Estrada en un comunicado.
Fue el 18 de junio de 2020, cuando Guardado de 18 años, murió tras recibir los impactos de bala que Vega, entonces agente del sheriff de Los Ángeles, quien le disparó por la espalda, en hechos ocurridos entre la ciudad de Gardena y West Compton.
De acuerdo a la policía, Guardado estaba platicando con alguien en un carro bloqueando la entrada de los vehículos. Así que detuvieron la unidad, y el muchacho se echó a correr y presuntamente disparó. Los agentes del sheriff lo alcanzaron en un callejón y les dispararon múltiples veces.
Pero según el dueño de negocio Andrew Heney, Guardado se hincó y puso sus manos en la cabeza, pero aún así los alguaciles le dispararon cuando el muchacho todo lo que hizo fue correr porque se asustó ante la presencia policiaca.
Los agentes no solo no portaban cámaras de video corporales sino que fueron acusados de destruir las evidencias de las cámaras de vigilancia de los negocios alrededor.
Guardado vivía con su familia en el barrio de Koreatown de Los Ángeles, y recientemente se había graduado de la secundaria. Tenía dos empleos al tiempo que estudiaba en Los Angeles Trade Technical College. Laboraba como guardia en un taller mecánico de Gardena.
El asesinato de Guardado se dio un mes después de la muerte de George Floyd por parte de un oficial de la policía de Minneapolis, lo que motivó protestas a nivel nacional y mundial, y sacó a relucir la brutalidad policiaca contra las comunidades de color.
El asesinato de Guardado abrió la primera investigación judicial en más de 30 años, mientras que el médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de Guardado fue un homicidio.
El abogado de Vega, Adam Marangell declaró a CNN que Vega accionó el gatillo porque Guardado se rehusó varias veces a deponer su arma, y temió por su vida.
En noviembre de 2022, el condado de Los Ángeles llegó a un acuerdo con la familia de Guardado por una compensación monetaria por $8 millones.
“Este acuerdo alcanzado con el condado de Los Ángeles termina con más de dos años de una demanda civil, pero no trae paz a nuestra familia o justicia para nuestro hijo Andrés”, dijo Cristóbal Guardado por medio de una declaración por escrito.
