La gobernadora de Arizona despoja a los fiscales de condados de la autoridad para perseguir casos de aborto

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, prohibió que los 15 fiscales de condado de Arizona procesen delitos relacionados con el aborto y centralizó esa autoridad bajo la oficina del fiscal general estatal, en un cambio que probablemente brindará una mayor protección al derecho al aborto.

Hobbs anunció su firma de la orden ejecutiva en un tuit el viernes, diciendo que garantizará que las diferencias en la aplicación de las leyes estatales por parte de los fiscales del condado no restrinjan el acceso a los abortos legales en un estado con una prohibición del aborto después de las 15 semanas de embarazo.

“Firmé una Orden Ejecutiva que protege la libertad reproductiva de los arizonenses. No permitiré que los políticos extremistas y desconectados se interpongan en el camino de los derechos fundamentales de los arizonenses”, dijo la gobernadora el viernes.

La orden de Hobbs se refiere a cualquier enjuiciamiento penal pendiente o futuro de un proveedor médico, entidad o individuo por violaciones de cualquier ley estatal que restrinja el acceso al aborto, “en la medida en que lo permita” la ley de Arizona.

El fiscal general de Arizona es quien tiene autoridad exclusiva sobre los procesos penales de proveedores médicos, otras entidades o individuos por violaciones de los estatutos de aborto de Arizona.

La orden de Hobbs también prohíbe que las agencias estatales ayuden en las investigaciones de otros estados por violaciones de las leyes de aborto si la supuesta conducta no es punible bajo la ley de Arizona y las extradiciones a otros estados por supuestas violaciones de las leyes de aborto que no serían ilegales en Arizona y además establece un Consejo Asesor para la Protección de la Libertad Reproductiva cuyos miembros serán designados por la gobernadora.

La Corte de Apelaciones de Arizona dictaminó en diciembre pasado que una prohibición casi total de los abortos anterior de mediados del siglo XIX no se puede imponer a los médicos, lo que permitió que entrara en vigor una prohibición de los abortos después de las 15 semanas de embarazo que la Legislatura aprobó en 2022.

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