Convulsiones, dolores insoportables, daño pulmonar… las consecuencias por el uso de armas químicas del CJNG

MÉXICO- A veces no puede moverse; otras, no soporta el dolor de los pies y las manos. O simplemente no puede caminar. Lo intoxicaron con carbofurano, un químico neurotóxico conocido como uno de los pesticidas más mortíferos de la historia: con apenas una cuarta parte de cucharada sopera podría matar en minutos a un oso de unos 180 kilos.

El veneno provino de un explosivo lanzado a los campos del norte de Michoacán, en la localidad de Aquila, cerca del epicentro del movimiento de Autodefensas en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha incursionado en el uso de armas químicas para atacar a sus rivales u opositores al tráfico de drogas y extorsión.

En los últimos meses, integrantes de las autodefensas en la localidad han denunciado al menos una treintena de ataques en su contra; al Ejército y a la Policía Estatal de Michoacán no han dado información de las agresiones a sus filas con este tipo de armas, pero reconocen su uso.

“Hemos encontrado explosivos cargados con veneno empleado como pesticida en cultivos de maíz”, dijo a la prensa local uno de los dirigentes de autodefensas.

“Esto es lo que nos han venido aventando desde hace tiempo, este explosivo que nos avientan en un dron, trae pólvora y trae veneno que se llama Furadan que lo usan para que cuando llegue la fumata se intoxique la gente, ya nos intoxicaron a un compañero”.

El Furadán es el nombre más popular del carbofurano, un químico que se usó por décadas en los cultivos hasta que fue prohibido en Estados Unidos en 2008 después de un largo juicio en contra de Bayer, el fabricante.

La batalla se centró en el impacto que generaba en las aves: estuvo a punto de extinguir a  las Águilas Calvas, los Halcones Peregrinos y los Pelícanos Pardos porque el efecto interfiere con las enzimas que ayudan a que los nervios se comuniquen entre sí.

El biólogo estadounidense Ngaio Richards, quien escribió un libro que documenta las intoxicaciones animales globales por carbofurano, detalló que  ¿”cuando un animal está expuesto, sufre convulsiones e insuficiencia respiratoria. Es una muerte horrible”.

Aún así volvió a popularizarse bajo la administración de Donald Trump que permitió que los agricultores que tienen cultivos como el algodón, la soja y la papa volvieran a usarlo y fue nuevamente fácil de conseguir.

No ha sido complicado usarlo en México a pesar de que en 2019 la Secretaría de Salud anunció que adoptaría medidas para prohibir la importación de productos químicos peligrosos, como el carbofurano, por su alto nivel de riesgo para la salud de la población.

Tres meses después del caso de la agresión contra el autodefensa de Aquila, en diciembre pasado, autoridades municipales reportaron el hallazgo de explosivos cargados con Furadán en el municipio aledaño de Coahuayana.

EL DEBATE Y OTROS EXPLOSIVOS

Para analistas del tema de seguridad, la escalada en el uso de armas químicas debería de ser un detonante para legislar la posibilidad de considerar a las organizaciones que las utilizan como “terroristas”, un viejo debate que ha incluido la exigencia de líderes republicanos de Estados Unidos.

“El Cártel Jalisco tiene capacidades para hacer una especie de ‘terrorismo’ en la población y ese es un gran problema que el gobierno debe enfrentar”, dijo Raúl Benitez, experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En México el principal argumento en contra de la declaratoria de terrorismo se centra en el hecho de que las organizaciones criminales no buscan un fin político.

No obstante, el Código Penal Federal tipifica el delito de terrorismo en su artículo 139 con una pena de 40 años de cárcel “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, nuclear, mineral radiactivo, explosivo, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmenterealice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados”.

El observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, con sede en Michoacán, dijo que el uso de sustancias que lanzadas por los drones en esta incursión masiva del CJNG es un paso más en la escalada belicista del conflicto que busca el control territorial para hacerse de la economía: la minería, la tala de árboles, cualquier actividad que sea lucrativa.

“Se ha vuelto una carrera armamentista”, alertó.

Los policías comunitarios denunciaron que en el municipio de Coahuayana la docena de explosivos metálicos que tenían adheridos envases de cristal con un polvo blanco en su interior también podría tratarse de Metomilo, un poderoso insecticida aún autorizado en el país.

De acuerdo con el Departamento de Salud de EE.UU., la exposición al metomilo puede irritar los ojos, la nariz y la garganta; causar dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para respirar, transpiración, contracciones musculares, debilidad, confusión, coma y hasta la muerte.

“Es posible que la exposición repetida cause cambios de la personalidad, tales como depresión, ansiedad o irritabilidad y afectar el sistema nervioso”.

El lanzamiento de estos químicos contra objetivos enemigos fue popular en los años 70 del siglo pasado por parte de militares estadounidenses; por parte de criminales, se documentó que ex guerrilleros de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también las utilizaron.

En 2018, el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval (quien fue asesinado en Puerto Vallarta) denunció que fueron los colombianos quienes capacitaron a la gente del CJNG.

“Contrató a mercenarios colombianos para capacitar a sus sicarios en técnicas de emboscada, contra emboscadas, fabricación de artefactos explosivos e instalación de minas terrestres”, detalló.

Ante las nuevas estrategias, la población se ha dicho indefensa. En algunas ocasiones, pobladores michoacanos han tomado las carreteras para reclamar al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, “hagan algo por expulsar a los criminales, restablecer la seguridad en la región y desarticular la presencia del cártel”.

Intermitentemente, habitantes de Coahuayana y Aquila cierran la circulación de la carretera federal 200, para presionar a los gobiernos y obligarlos a intervenir y la desarticulación del CJNG. “Hay patrullaje, pero no suficiente para expulsar a los grupos criminales”, afirman.

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