Concejales piden investigar participación de policía en desalojo de manifestantes en UCLA

Cinco concejales de Los Ángeles unieron fuerzas para presentar una moción conjunta que evite que se usen recursos municipales para arrestar a manifestantes pacíficos.

“El público merece responsabilidad por estas acciones. Hoy nos unimos en una moción para pedir un reporte posterior a la acción sobre cómo fueron hechas las decisiones en cuanto a la respuesta del LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles,) a las protestas”, publicó en su cuenta del sitio X (antes Twitter),  el concejal de Los Ángeles, Hugo Soto Martínez.

Inmediatamente hizo otra publicación en la que dice que no deben usarse recursos de la ciudad para arrestar a manifestantes pacíficos.

“La semana pasada, los oficiales de la policía permanecieron por horas y vieron cómo una turba violenta atacaba a los manifestantes en el campus de UCLA (Universidad de California en Los Ángeles). Al siguiente día, múltiples agencias de policía usaron granadas de aturdimiento y balas de goma ‘menos letales’ para retirar la protesta, mandando a múltiples estudiantes al hospital y arrestando a más de 300 manifestantes”.

Añade que el público merece responsabilidad por estas acciones. “Hoy nos unimos en una moción con los concejales Nithya Ramen, Katy Yaroslavsky, Curren Price, Marqueece Harris-Dawson y Eunisses Hernández para pedir un reporte posterior a los hechos sobre cómo se hicieron las decisiones en la respuesta del LAPD a las protestas la semana pasada”.

Dijo que necesitamos que esto sea el comienzo del proceso de rendición de cuentas, no el final.

“Los angelinos merecen una investigación independiente y a fondo de la respuesta policiaca chapucera a estos eventos, y los estudiantes en nuestra ciudad no deben ser castigados por ejercitar sus derechos a la Primera Enmienda”.

El pasado 25 de abril se estableció un campamento en solidaridad con Palestina en torno a la Guerra Israel-Gaza en el campus de UCLA en Los Ángeles, y como respuesta se suscitó una contraprotesta grande el 28 de abril.

El 30 de abril, UCLA declaró el campamento ilegal y ordenó a los participantes a que la desalojaran o les advirtió que enfrentarían acciones disciplinarias. Esa misma noche, una turba atacó el campamento, y la violencia continuó por tres horas. Ante los eventos, los policías locales se vieron incapaces de controlar los disturbios.

Entre mayo 1 y 2, decenas de oficiales disolvieron el campamento y arrestaron a más de 200.

El país entero ha sido testigo en los últimos meses de protestas a favor y en contra del conflicto Israel-Gaza.

El sindicato de policías que representa a las escuelas de UC criticaron a los administradores por lo que consideraron una falta de respuesta la violencia, y también pidieron una investigación independiente.

“Los administradores de la UC son los únicos responsables de la respuesta de la Universidad a las protestas en el campus, y son dueños de todas las consecuencias de esas respuestas”, dijo el presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de la Universidad Federada, Wade Stern, en un comunicado de prensa.

Por otra parte, sobre el mismo tema de las protestas contra Israel, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que no pueden dejar que sea aprobado un proyecto de ley federal, S4136 que amenaza con la libre expresión bajo el disfraz de la seguridad nacional.

“Este proyecto de ley es claramente una reacción a las protestas propalestinas. Otorga al gobierno un poder prácticamente ilimitado para revocar el estatus de organización sin fines de lucro de las organizaciones de apoyo al terrorismo acusadas, y podría usarse fácilmente para discriminar, atacar y silenciar las voces disidentes”, dijo ACLU en un comunicado.

Añadieron que ya han visto a funcionarios del gobierno mezclar a los estudiantes que protestan con Hamás u otras organizaciones. 

“No es exagerado imaginar cómo se podría utilizar esta autoridad para presionar a las universidades para que cierren grupos de estudiantes activistas en otra reacción excesiva y dañina a las protestas de estudiantes y profesores”.

Dijeron que este proyecto de ley permitiría al gobierno investigar, acosar y desmantelar efectivamente cualquier organización sin fines de lucro, como colegios y universidades públicas, que se les señale de haber brindado “apoyo material” a grupos terroristas, sin el debido proceso. 

“Con una redacción tan vaga, esto podría usarse fácilmente para presionar a las universidades para que cierren las protestas estudiantiles o los grupos de defensa”.