Ortega presenta una reforma constitucional en Nicaragua con la que su esposa será copresidenta
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que pasará de vicepresidenta a "copresidenta". Crédito: Getty Images
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
El “copresidente” y la “copresidenta” gozarían del mismo poder y serían elegidos por sufragio universal.
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
Según una de las enmiendas, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
También se ampliaría a 6 años de los actuales 5 el mandato de los dos copresidentes, que durante ese período gozarían de “inmunidad”.
Otra enmienda oficializaría la figura de los “policías voluntarios” como “cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado a estas brigadas informales de reprimir y disparar contra ciudadanos durante las protestas antigubernamentales de 2018.
La reforma constitucional también permitiría cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitaría aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
La pareja de “copresidentes”
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
El anuncio de la reforma constitucional ha desatado una oleada de críticas en la oposición nicaragüense, cuyos líderes están en el exilio tras ser encarcelados y después desterrados en 2023.
Para Félix Maradiaga, una de las figuras más visibles de la disidencia, la medida “no solo representa una consolidación totalitaria del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que formaliza en papel las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos que la dictadura ha venido cometiendo desde hace años“.
Por su parte, el político, economista y empresario Juan Sebastián Chamorro denunció que la reforma “elimina la separación de los poderes del Estado y los deja bajo la coordinación de una dictadura bicéfala”
Chamorro alegó que, aunque esto “ya venía ocurriendo en la práctica”, supone “la más flagrante violación de los derechos, porque se trata de la carta magna”.
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