Crueldad, prejuicio y dinero motivan la política antiinmigrante de Trump

El gobierno de Trump actúa con saña, desde alegrarse de quitarle el TPS a los haitianos, los mismos que acusó el año pasado de comer mascotas en Ohio, pasando por el zar fronterizo, Tom Homan, confirmando que todos los indocumentados son objetivo de deportación pues todos son “criminales”, hasta el correo electrónico de Elon Musk a empleados federales indicándoles que provean cinco logros en su semana previa de trabajo o serán despedidos. El nivel de crueldad y perversión es aberrante.

Mientras Trump desmantela el gobierno federal y gira maquiavélicas órdenes ejecutivas, muchas de ellas aparentemente ilegales y anticonstitucionales, un sector de los estadounidenses parece estar todavía procesando qué está ocurriendo. Incluidos los que votaron por Trump y ahora se ven afectados por algunas de esas órdenes ejecutivas o sus propuestas de recortes presupuestales.

Quizá pensaron que Trump se limitaría a detener y deportar indocumentados de color y que sus políticas no los tocarían. Pero la realidad es otra.

De hecho, la Cámara Baja y el Senado proponen diferentes versiones del presupuesto. La Cámara Baja busca financiar las reducciones de impuestos a multimillonarios y corporaciones así como su maquinaria de deportaciones con recortes a programas de salud y nutricionales, como Medicaid, Obamacare (ACA) y SNAP, por nombrar algunos. Son más de $175,000 millones de dólares los que Trump quiere para la frontera y las deportaciones masivas.

Los ataques de esta administración provienen de tantos flancos que es difícil determinar cómo responder. No se limita a un solo grupo o causa. Se ataca a los inmigrantes, a la comunidad LGBTQ+, a quienes dependen de diversos programas federales que abarcan desde salud, educación, energía y asistencia nutricional, a los que financian investigaciones científicas contra el cáncer o el Alzheimer. Sin contar programas internacionales de ayuda alimentaria y salubrista, incluso para prevenir y tratar el VIH y el SIDA en naciones pobres.

Se han presentado múltiples demandas para frenar las acciones de Trump y algunos jueces han fallado en contra del presidente, como en el caso de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, o para impedir detenciones de indocumentados en iglesias y otros templos.

La pregunta es si el gobierno de Trump respetará los fallos judiciales porque en este nuevo orden que presenciamos Trump cree tener el poder absoluto de un monarca o dictador donde el ejecutivo prevalece sobre las otras ramas del gobierno, los poderes legislativo y judicial que para Trump no tienen ningún peso.

Y es que la obsesión de Trump con los inmigrantes no se debe únicamente a su prejuicio hacia las comunidades de color sino a que todas sus acciones ejecutivas y sus planes de deportaciones masivas benefician económicamente a quienes operan cárceles privadas. Estos a su vez son benefactores políticos del presidente. ABC News reportó que el CEO de CoreCivic, el mayor operador de prisiones privadas, Damon Hininger, declaró que “prevemos importantes oportunidades de crecimiento, tal vez el crecimiento más significativo en la historia de nuestra empresa en los próximos años”.

Los contratistas militares privados también celebran los planes de Trump. Según POLITICO, un grupo que incluye a Erik Prince, exdirector ejecutivo de Blackwater, presentó a la Casa Blanca un agresivo plan para deportar a 12 millones de inmigrantes antes de las elecciones intermedias de 2026 mediante “campos de procesamiento en bases militares, una flota privada de 100 aviones y un pequeño ejército de ciudadanos privados facultados para realizar detenciones”.

¿Otra muestra de los contrastes? Trump quiere un registro de indocumentados con multas o cárcel para los que no se anoten, al tiempo que propone su ‘tarjeta dorada’ para inversores al módico costo de 5 millones de dólares que incluye una vía a la ciudadanía.

Pero ya comienzan a surgir focos de resistencia a través del país. Los medios reportan sobre asambleas convocadas por legisladores republicanos en estados republicanos donde los representados cuestionan los planes de Trump que los afectan directamente.

El diario La Opinión reportó que patrullas comunitarias alertan a las comunidades sobre la presencia de agentes migratorios e incluso han frustrado operativos.

Guadalupe Carrasco, profesora de Estudios Chicanos y Latinoamericanos de Cal State University Northridge, quien participa de las patrullas, le dijo al diario que “sabemos que hay riesgos en lo que hacemos, que nos pueden perseguir y hasta levantarnos cargos falsos por cualquier motivo…De todos modos vamos a seguir protegiendo a la comunidad”.