Juez reprende al Departamento de Justicia por ignorar orden de redirigir vuelos de deportación

Un juez federal amonestó al Departamento de Justicia por desobedecer su orden de deportar dos aviones con destino a El Salvador que transportaban a presuntos pandilleros del Tren de Aragua. También exigió explicaciones sobre los vuelos de deportación ordenados desde que el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros  el sábado.

En una tensa audiencia, el juez federal de distrito resumió la postura de la administración sobre su orden judicial: “No nos importa, haremos lo que queramos”.

Boasberg también exigió que se detallara la fecha de firma y entrada en vigor de la orden del presidente Trump que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros.

La ley de 1798 es una autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente detener y deportar a extranjeros. Trump está utilizando la ley para detener y deportar a todos los migrantes venezolanos mayores de 14 años sospechosos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

En respuesta, el Departamento de Justicia argumentó que debido a que el juez no puso por escrito su orden exigiendo que los aviones regresaran a Estados Unidos, el gobierno no estaba obligado por ella, pero agregó que incluso si la orden hubiera sido escrita, el presidente tenía la autoridad de mantener los vuelos en ruta a su destino final.

“¿Me está diciendo que su primer argumento es que, al decir eso, como no lo dije en una orden escrita, los demandantes no tenían que dar marcha atrás, usted no tenía que acatar?”, preguntó Boasberg. “¿Está diciendo que creyó que podía ignorarlo porque no estaba en una orden escrita?”

Incluso, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió el sábado por la noche que “la orden escrita y las acciones de la Administración no entran en conflicto” y dijo que “un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta a terroristas extranjeros que fueron expulsados ​​físicamente de suelo estadounidense”.

El abogado no proporcionó detalles sobre cuántos vuelos de deportación salieron el sábado, alegando que había “problemas operativos” que le impedían responder. Cuando el juez Boesberg mencionó los dos vuelos que salieron de Texas a las 17:26 y 17:45 hora local, el abogado dijo que no estaba en libertad de proporcionar información sobre los vuelos.

Esto desató un intenso intercambio entre el juez Boesberg y el gobierno sobre si éste afirmaba o no que la información del vuelo era clasificada.

El Departamento de Justicia también argumentó que debido a que los aviones estaban sobre aguas y espacio aéreo internacionales en el momento en que el juez les ordenó dar la vuelta, Boasberg ya no tenía jurisdicción sobre los migrantes.

El juez respondió que su orden se aplicaba a los aviones, independientemente de dónde estuvieran en el aire.

La administración de Trump dijo que los dos aviones habían partido antes de que el juez tomara su decisión, y un tercer avión partió hacia El Salvador poco después, aunque los detalles sobre los pasajeros de ese avión no están claros.

A pesar del fallo de Boasberg, 261 personas fueron deportadas a El Salvador el sábado, 137 de las cuales fueron expulsadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros por presuntos vínculos con pandillas, dijo un alto funcionario de la administración.

Al concluir la audiencia, Boasberg dijo que emitiría una orden escrita rápidamente porque “aparentemente mis órdenes orales no parecen tener mucho peso” ante el Departamento de Justicia.

Una proclamación secreta y vuelos desafiando a la Justicia

Trump firmó en secreto el viernes por la noche la proclamación con la que invocó la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que EE.UU. estaba sufriendo una “invasión” de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas y expertos legales han puesto en duda la validez de esta justificación.

El sábado, a las 16:20 hora local, la Casa Blanca hizo pública la proclamación y, mientras el juez Boasberg estudiaba en una audiencia la legalidad de la orden, despegaron desde Texas dos vuelos con destino a El Salvador, según una investigación de The Washington Post.

Esa investigación revela que, ese mismo día, a las 19:36 hora local, un tercer vuelo salió de Texas, apenas diez minutos después de que el juez Boasberg ordenara, verbalmente y por escrito, que los aviones regresaran a EE.UU. hasta que se resolviera el litigio.

Según las organizaciones demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, la Administración podría haber detenido ese tercer vuelo e incluso haber ordenado el regreso de los otros dos que ya estaban en el aire, pero no lo hizo.

En una rueda de prensa ante la corte, el abogado de ACLU, Lee Gelernt, advirtió que EE.UU. se está acercando a una “crisis constitucional” con un presidente que excede sus poderes. “Lo grave es la aparente negativa del Gobierno de Trump a aceptar la competencia de este tribunal”, advirtió.

ACLU y Democracy Forward representan en el caso a cinco venezolanos que estaban bajo custodia de EE.UU. y que alegan haber sido acusados falsamente de pertenecer a la banda Tren de Aragua.

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