Miles de inmigrantes quedan en el limbo tras cancelaciones de protecciones de ‘parole’
La Administración Trump ha cancelado varios programas provisionales que protegen a inmigrantes y miles se vuelden indocumentados
El gobierno de Trump busca terminar con el TPS de varios países. Crédito: AP
Aunque quedan pendientes decisiones en tribunales, miles de inmigrantes con algún tipo de protección temporal o bajo programas de ‘parole’ están en una especie de limbo migratorio, debido a las cancelaciones realizadas por el presidente Donald Trump.
Con la orden ejecutiva “Asegurando nuestras fronteras”, que exige el fin de los programas de libertad condicional categórica como el programa para CHNV, es decir, las visas humanitarias para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, el 20 de enero el presidente Trump arrancó su plan migratorio.
Esa mesa fecha, el republicano firmó la orden ejecutiva “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”, la cual exige la aplicación de las leyes de inmigración y el control operativo de la frontera estadounidense, lo que permite la modificación de reglas sin necesidad de una reforma del Congreso.
Con base en esas órdenes, el 5 de febrero, la secretaria del Seguridad Nacional, Kristi Noem, terminó las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los originarios de Venezuela bajo la designación de 2023, lo cual afecta a casi 300,000 inmigrantes, además de aquellos a quienes cancela la opción de inscribirse al programa, luego de que el gobierno del presidente Joe Biden ampliara tal protección.
La Administración Trump también ha terminado con los ‘parole’ de las personas desplazadas de Ucrania y Afganistán.
“La administración Trump ha moldeado la realidad para adaptarla a su visión del mundo, tomando a más de un millón de personas que habían hecho todo correctamente, desde encontrar patrocinadores en EE.UU. bajo el programa de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) hasta esperar meses en México con una cita en CBP One, y solicitar y, en ocasiones, renovar el TPS, y las ha declarado ilegales”, expone un reporte del American Immigration Council.
El reporte enfatiza que las acciones del presidente Trump han convertido, de tajo, a más inmigrantes en indocumentados.
“Como resultado de estas acciones —que han afectado a muchas más personas de las que la administración Trump ha podido deportar—, el número de personas en EE.UU. sin estatus legal ha aumentado, casi con certeza, desde enero de 2025”, explica.
El papel de la Corte Suprema
Este diario publicó que la Administración Trump estaba utilizando las llamada “peticiones de emergencia”, como una estrategia legal efectiva ante la Corte Suprema para continuar con sus planes de terminar protecciones temporales a inmigrantes.
Al recibir tal petición del Departamento de Justicia (DOJ), que representa al gobierno ante el Máximo Tribunal, los jueces deciden saltándose incluso decisiones de una Corte de Apelaciones. Aplican lo que se conoce “Shadow Docket” o “Expediente en la Sombra”, que los jueces consideran cuando hay una decisión considerada “de emergencia”.
El Brennan Center for Justice alertó que utilizar el “Shadow Docket” para decisiones disfrazadas como “de emergencia”, pero tienen gran envergadura en otros procesos, “contradice los principios de transparencia y el Estado de derecho”.
Tal estrategia se aplicó en el caso Svitlana Doe vs. Noem y en también para el TPS, aunque ambos continúan con desafíos adicionales en otros tribunales, por lo que podrían volver a la Corte Suprema para que los jueces tomen una decisión sobre la pregunta de fondo, sobre si es legal o no terminar con tales protecciones migratorias.
La primera Administración Trump utilizó en 41 ocasiones el “Shadow Docket” para defender sus políticas, pero en el actual gobierno ya suma casi 20 peticiones, incluida su intención de terminar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
¿Qué sigue con el TPS?
Aunque todos los programas de ‘parole’ preocupan a defensores de inmigrantes, el TPS tiene una situación particular, ya que hasta ahora ha sido el único que ha permitido proteger por largos periodos grupos de inmigrantes de ciertos países, a quienes se les otorga una Autorización de Empleo (EAD, en inglés), pero deben renovar cada dos años.
El National Immigration Forum indicó que al 30 de septiembre de 2024, Estados Unidos brindaba protección bajo el TPS a aproximadamente más de un millón de personas de 16 países, incluidos El Salvador, Honduras, Venezuela.
Por ahora, unos 60,000 originarios de Nepal, Honduras y Nicaragua se salvaron de que su TPS terminara el 5 de agosto, tras decisión de la jueza Trina Thompson, de la Corte del Distrito Norte de California, pero el caso continúa en tribunales, dejando a los inmigrantes en un limbo extendido.
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