Espionaje en envío de remesas preocupa a latinos en L.A.

Gregorio Córdova Murrieta, padre de cinco hijos y originario de Teziutlán, Puebla se convertirá en el primer ciudadano mexicano que ha sido rastreado por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en sus envíos de remesas y enfrenta la deportación. 

Córdova Murrieta, fue atrapado en Oʻahu, Hawái. El 15 de junio, agentes de inmigración vigilaron el dúplex donde vivía con su prometida, Grace Parra quien abrió la puerta y pidió una orden judicial. Los agentes le mostraron una, entraron y esposaron a Córdova. 

El hombre de 48 años fue fotografiado y descrito como un hombre de mediana edad, de piel morena, de aproximadamente 1.62 metros a 1.68 metros de estatura. 

Córdova Murrieta se encuentra recluido en el Centro de Detención Federal en Honolulu, desde el 26 de junio. El 9 de septiembre está programada la sentencia en su contra. Podría ser encarcelado por haber reingresado por tercera vez de manera irregular a Estados Unidos hace 17 años o ser deportado de inmediato. 

El caso del mexicano es el primero que se conoce como resultado de información proporcionada por la empresa de envíos de dinero MoneyGram a las autoridades federales de inmigración. 

¿Quién comparte la información financiera? 

 Su información privada fue obtenida por una organización sin fines de lucro de Arizona: Transaction Record Analysis Center (Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC), una base de datos poco conocida que es accesible para más de 600 agencias federales, estatales y locales de las fuerzas del orden de Estados Unidos sin supervisión judicial. 

TRAC se creó en 2014 por orden de la fiscalía general del estado de Arizona para supervisar las transferencias internacionales de dinero entre Estados Unidos y más de 20 países, -incluido México- como parte del acuerdo con Western Union contra el narcotráfico. Los datos recopilados por TRAC incluyen los nombres completos del remitente y el destinatario, así como el importe o cantidad de la transacción. 

“En MoneyGram, proteger la privacidad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. No compartimos voluntariamente datos sobre transferencias con terceros, a menos que la ley lo exija”, respondió la empresa a La Opinión 

Mediante TRAC, la oscura base de datos tiene en su poder registros de millones de transferencias de dinero realizadas en Estados Unidos, incluyendo nombres, direcciones y otros detalles que identifican a los remitentes como Gregorio Córdova Murrieta. 

El Consulado General de México en Los Ángeles, confirmó que ninguna de las personas detenidas por ICE por el momento que han sido entrevistadas por CONSULMEX ha sido [detenido, arrestado o repatriado] por envíos de dinero. 

“Yo cuestionaría la legalidad de la vigilancia del gobierno de Estados Unidos cuando mandamos dinero a nuestras familias”, dijo Rafael Pérez, un hombre de Jalisco que le envió $100 a una de sus hijas. “Eso de que nos estén vigilando o rastreando está mal”. 

La señora Carmen Mercado, oriunda de Zacatecas y quien ha vivido en este país por más de tres décadas mencionó que, cuando ella trabajaba siempre les enviaba dinero a sus padres. 

“Me preocupa que rastreen los envíos de remesas, como también me preocupa el trato inhumano que el gobierno le está dando a todos los inmigrantes”, declaró. 

Las herramientas que sirvieron para el arresto de Gregorio Córdova Murrieta, a través de TRAC, originalmente estaban diseñadas para investigar y detener delitos como el lavado de dinero y transacciones relacionadas con el narcotráfico. 

Hasta el verano de 2024, TRAC contenía registros de 337 millones de transacciones, según un boletín de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de octubre de 2024. 

Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate comentó que, si MoneyGram compartió la información de Córdova Murrieta al HSI, “no me cabe la menor duda que los demás también puedan hacerlo”. 

¿Una trampa para los consumidores? 

De esa manera, compañías de envíos de dinero podrían convertirse en una trampa para los inmigrantes irregulares en Estados Unidos.  

Las compañías Western Union o RIA Financial no respondieron a las preguntas de si comparten la información privada de sus clientes al gobierno federal, las medidas que adoptan para protegerlos o las consecuencias que sufrirían si los inmigrantes dejan de usar sus servicios y no mandan dinero a sus países de origen, 

“Yo no sé si ellos voluntariamente como empresas están compartiendo [la información de las personas”, dijo el activista. “La pregunta es si el gobierno federal tiene acceso a través del Departamento del Tesoro a todas las transacciones de remesas familiares que sean originadas desde Estados Unidos”. 

Sanabria añadió que el caso del mexicano rastreado por autoridades de inmigración hace suponer que el Departamento del Tesoro u otra agencia federal que monitorea los envíos de dinero originados desde Estados Unidos a través de plataformas de remesas familiares, tiene acceso a la información de los inmigrantes. 

Vaticinó que si la información se comparte, nadie va a confiar en esas plataformas de envío de remesas “y obligatoriamente se modificaría esta industria”. 

Impacto en la economía del país 

 Lo anterior podría desembocar en la contracción de la economía de Estados Unidos, porque desaparecería la confianza de los usuarios, quienes buscarían mecanismos alternativos para el envío de sus remesas familiares. 

“Podría darse una estampida de usuarios de las compañías y de las plataformas de envío de dinero”, dijo. “Quizás podrían volver a los tiempos de enviar cheques de viajero o giros postales, o hasta enviar su dinero mediante encomiendas familiares”. 

El abogado Alex Gálvez, experto en temas de inmigración, sostuvo que el impacto económico de las deportaciones de inmigrantes “se están sintiendo” y afectan al 70% de la economía estadounidense, “porque está basada en el consumo” y el mismo gobierno está acelerando una crisis económica. 

“Las acciones contra inmigrantes son como una nueva era de persecución”, dijo el abogado. “Las compañías de envíos de dinero van a verse afectadas porque la gente no enviará dinero sabiendo que están siendo rastreados”. 

Los países que reciben las mayores remesas desde Estados Unidos son India, México, China, Filipinas, Pakistán y varios países de América Latina como Guatemala, El Salvador, Honduras y la República Dominicana.  

India es el principal receptor de remesas a nivel mundial, superando los $100,000 millones anuales, mientras que México recibió $65,000 millones en 2024, según datos del Banco Mundial. 

Demanda de The Intercept 

La organización no lucrativa de noticias The Intercept, que ha cubierto desde hace mucho tiempo a gobiernos autoritarios, oligarcas multimillonarios y democracias en decadencia en todo el mundo, demandó al Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC) de Arizona, para que revele registros sobre la redada de vigilancia financiera de millones de transferencias bancarias enviadas hacia o desde México y los estados fronterizos de Estados Unidos. 

El programa de vigilancia financiera ha estado en vigor por más de una década. Fue implementado por la fiscalía general de Arizona. 

Durante el último año, la fiscalía general de ese estado ha denegado múltiples solicitudes de registros sobre su relación con el Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC), una organización sin fines de lucro que gestiona una enorme base de datos con detalles sobre millones de transferencias bancarias enviadas a través de Western Union y otras empresas.  

The Intercept indica que la base de datos, alimentada por citaciones administrativas emitidas por la fiscalía general de Arizona, ofrece una visión personal de la vida financiera de millones de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses.  

A lo largo de los años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desempeñado un papel fundamental en el TRAC, no solo como principal usuario de los datos de transferencias bancarias, sino también como otra fuente de datos, mediante citaciones que alarmaron a los organismos de control de las libertades civiles. 

“El público tiene derecho a saber sobre la vigilancia masiva que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos”, declaró Heather E. Murray, directora asociada de la Clínica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de Cornell, que representa a The Intercept en la demanda.