Florida enfrenta demanda por ayudar a ICE en abusos a inmigrantes en ‘Alligator Alcatraz’

Varias oficinals del gobierno de Florida enfrentan una demanda por su alianza con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el acuerdo 287(g), el cual permite alianzas con las fuerzas policiacas locales y estatales, para el arresto y retención de inmigrantes en ‘Alligator Alcatraz’.

El demandante-peticionario, de quien no se reveló el nombre, presentó la demanda con apoyo de varias organizaciones civiles. El afectado es un residente e inmigrante de Florida que actualmente se encuentra detenido en el centro de detención dentro del Parque Nacional Big Cypress, denominado ‘Alligator Alcatraz.

Aunque el el demandante lidera este esfuerzo, lo hace a través de una demanda colectiva que integra a cientos de personas detenidas en tal prisión, “en violación de la ley federal, por empleados estatales y contratistas que carecen de autoridad legal para retenerlos por infracciones civiles de inmigración”, indica el documento judicial presentado el viernes.

Este nuevo recurso legal se centra en el acuerdo 287(g) que ICE ha aumentado en los últimos seis meses para aumentar arrestos de inmigrantes y la colaboración de autoridades de condados y estatales.

“El caso se centra en el uso expansivo e ilegal por parte del estado de los acuerdos 287(g) para ejercer un control estatal independiente sobre los detenidos por inmigración, lo cual sigue en disputa tras el fallo judicial [del jueves] que puso fin a los traslados de personas al centro [‘Alligator Alcatraz’]”, indica la demanda.

Este nuevo desafío legal es liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida, el Proyecto de Justicia Comunitaria (Community Justice Project) y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (National Immigrant Justice Center).

Las organizaciones indican que si bien el programa 287(g) permite a los agentes estatales y locales colaborar en tareas de control migratorio y son sujetos a una rigurosa capacitación, su colaboración está limitada.

“[Este acuerdo] no les permite establecer sus propias operaciones de detención independientes”, indica la demanda. “Y no permite que los funcionarios estatales subdeleguen la autoridad migratoria a contratistas privados que no participan ni pueden participar en el programa 287(g)”.

La demanda presentada ante la Corte de Distrito Central de Florida acusa que las autoridades de Florida también “actúan sin la capacitación adecuada en las complejas facetas de la ley migratoria”.

“Muchos [funcionarios] solo dedican unas pocas horas a la capacitación en línea, en comparación con los funcionarios federales equivalentes que reciben varias semanas de capacitación presencial”, se advierte.

Abusos en las detenciones

La demanda indica que los inmigrantes detenidos por autoridades estatales han enfrentado serias limitaciones en sus procesos legales.

“En tan solo las primeras semanas de operaciones del centro, las personas detenidas allí han experimentado desafíos sin precedentes que las personas en centros de detención migratoria generalmente no enfrentan”, se indica. “Han permanecido retenidos durante semanas en el centro sin que se les haya imputado cargos por deportación ni por ningún otro motivo. No han recibido determinaciones iniciales de custodia ni fianza. No aparecen en el sistema de localización de detenidos en línea del ICE, lo que significa que están prácticamente fuera del sistema de rastreo migratorio”.

Esto ha llevado a que los abogados y familiares de los detenidos, a menudo, desconocen dónde están estas personas.

“Hasta hace poco, a ninguno de los detenidos se les había permitido solicitar fianza ni asistir a audiencias en el tribunal de inmigración. Otros no pueden acceder a asistencia legal de forma efectiva”, se acusó.

Una demanda paralela obligó a ICE a establecer un centro de atención legal para los inmigrantes, pero no queda claro cómo funciona el proceso.

“Estas instalaciones ya se han convertido en un desastre en las primeras semanas de operaciones, con crecientes informes de enfermedades, deportaciones injustificadas y la negación de todo tipo de derechos básicos”, declaró Spencer Amdur, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y asesor principal.

Amy Godshall, abogada asociada y defensora de los derechos de los inmigrantes de la ACLU de Florida, dijo que el estado gobernado por el republicano Ron DeSantis “ha malgastado cientos de miles de dólares de los contribuyentes para detener ilegalmente a personas en este abusivo centro de detención migratoria”.

“Esta es una crisis creada enteramente por la decisión imprudente del estado de ignorar la ley federal e inventar su propia cárcel de inmigración en medio de los Everglades”, dijo.