Corte Suprema autoriza a Trump a terminar TPS para Venezuela

La Corte Suprema permitió el viernes al gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300,000 inmigrantes de Venezuela.

Las tres juezas liberales de la Corte Suprema disintieron de la orden. En su opinión contraria al fallo, Ketanji Brown Jackson aseguró que “no puedo estar de acuerdo con este interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.

La alta corte concedió por una mayoría de 6-3 una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump que buscaba bloquear el fallo de un juez que dijo que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no siguió el proceso correcto al revocar el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos.

La última presentación de emergencia del gobierno de Trump ante el Supremo ocurrió después de que el juez federal de distrito Edward Chen, con sede en California, volviera a fallar en contra de la administración el 5 de septiembre, esta vez en forma de decisión final, en lugar de preliminar.

La Corte Suprema dictaminó en su fallo que la administración puede seguir adelante con sus planes de poner fin a la ayuda humanitaria migratoria conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que podría hacer que más personas sean vulnerables a la deportación.

El caso se deriva de una decisión tomada a principios de este año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS para los migrantes venezolanos.

El Tribunal Supremo había llegado a un resultado similar en el mismo caso en mayo.

“Si bien la postura del caso ha cambiado, los argumentos jurídicos de las partes y los perjuicios relativos en general no lo han hecho”, dice la orden de la Corte Suprema. “El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado en este caso”.

Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y el Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Puente Haitiana (HBA), quienes desafiaron la decisión de la administración Trump de revocar las protecciones y establecieron la demanda inicial.

El fallo de la Corte Suprema del viernes deja a unos 350,000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, y a otros 250,000 venezolanos en riesgo de detención y deportación después del 7 de noviembre, cuando expirará su TPS.

Titulares del TPS y sus defensores critican el fallo de la Corte Suprema

Cecilia González, demandante y miembro de la Alianza Nacional del TPS, dijo en las declaraciones enviadas a La Opinión: “Es desgarrador que los jueces hayan aprobado sin más la cancelación ilegal del TPS por parte de esta administración. Esta decisión trastocará la vida de cientos de miles de beneficiarios del TPS, respetuosos de la ley y trabajadores, como yo”.

“Hoy, lamento la pérdida de las familias que serán separadas, de los padres que pasarán horas en vela preocupados por cómo mantener a sus hijos, de las personas que se quedarán sin tratamiento médico, que perderán sus empleos, su estabilidad, todo por lo que han trabajado. Pero mañana, nos uniremos y seguiremos luchando por nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra libertad”, afirmó González.

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, principal demandante que representa a cientos de miles de beneficiarios del TPS, declaró: “La decisión de hoy de la Corte Suprema genera dudas sobre si el máximo tribunal del país está decidiendo con base en la ley o simplemente aprobando las acciones del presidente Trump”.

“Los beneficiarios venezolanos del TPS cumplieron con todas las normas y, aun así, se encuentran despojados de su estatus legal de la noche a la mañana. No podemos, ni lo haremos, permanecer en silencio ante tal injusticia. Invitamos a todos a unirse a nosotros en la Semana de Acción para Proteger a las Familias del TPS, del 6 al 10 de octubre. Porque una cosa está muy clara: solo el pueblo salvará al pueblo”, concluyó Palma.

Jessica Bansal, abogada de TPS de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo: “Cuando a 600,000 inmigrantes con residencia legal se les puede despojar de su estatus legal sin siquiera una explicación, ninguno de nuestros derechos está a salvo”.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, destacó: “El edicto de tres párrafos de hoy ha ampliado la facultad de la Corte Suprema para procesar casos en la sombra a las sentencias definitivas de tribunales inferiores, más allá de las meras resoluciones provisionales. Esta es quizás la señal más extrema de que la Corte Suprema ha abandonado el derecho por la política”.

“Es imposible, desde el punto de vista jurídico, comprender el vasto y nuevo poder que la Corte se ha atribuido. Este fallo tampoco puede conciliarse con las decisiones de la Corte en muchos otros casos, incluyendo sus recientes decisiones que permiten que tribunales inferiores detengan las políticas proinmigrantes durante la administración Biden. Es revelador que la Corte ni siquiera lo intente. Sus decisiones solo cobran sentido si reconocemos la verdad que salta a la vista: que la Corte Suprema ha abandonado por completo el ejercicio del derecho”, aseguró Arulanantham.

Emi MacLean, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California: “Esta decisión es desgarradora, cruel e ilegal. Sin razonamiento alguno, la Corte Suprema ignoró la decisión final de un tribunal de distrito —basada en pruebas y argumentos— y emitió una orden inexplicable que priva de su estatus legal humanitario a 600,000 personas prácticamente de la noche a la mañana. Si la ley significa algo, la solicitud infundada del gobierno debería haber sido denegada. En cambio, la Corte Suprema ha permitido a la Secretaria Noem ejercer un poder desmedido sin fundamento legal”.

“Este caso no ha terminado. Las personas que representamos merecen algo mejor de Estados Unidos que estas expropiaciones irrazonables y de emergencia que vulneran sus protecciones legales contra daños irreparables. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión discrepante de la jueza Jackson. Procedemos a los argumentos sobre el fondo en el Noveno Circuito”, declaró Erik Crew, abogado de la Alianza del Puente Haitiano, refiriéndose al tribunal inferior donde aún se litiga el caso.

Cecilia Wang, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aseguró: “Una vez más, la Corte Suprema ha viciado una opinión bien fundamentada de un tribunal de distrito, dejando a cientos de miles de personas en peligro de perder sus empleos y ser detenidas y deportadas. La corte está ignorando sus estándares para dar luz verde a las acciones ilegales de la administración Trump. El daño al estado de derecho, así como a las familias estadounidenses directamente afectadas, es profundo”.