Defensores de inmigrantes piden al Congreso que apruebe medida para proteger a venezolanos sin TPS
Más de 240,000 personas perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que las dejará vulnerables a la detención y la deportación
Al perder la protección del TPS, los venezolanos que no lograron renovar o acceder a otro tipo de estatus están en riesgo de ser deportados. Crédito: Ariana Cubillos | AP
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advirtieron en un comunicado de prensa dado a conocer por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 240,000 venezolanos representa la pérdida de una de las protecciones humanitarias fundamentales del país.
“La cancelación de este estatus es un momento crucial para que el Congreso reafirme su compromiso bipartidista de proteger a las personas que huyen de crisis y persecución, mediante la aprobación de legislación que incluya una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios actuales y anteriores del TPS” dice el comunicado.
Las organizaciones advirtieron que “Esta última cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos dejará a cientos de miles vulnerables a la detención y posible deportación a Venezuela, donde muchos enfrentan peligro inminente de sufrir daños, persecución o encarcelamiento, así como a terceros países con los que no tienen ningún vínculo”.
Al terminar el TPS para Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria y ahora Venezuela, ya más de 675,000 personas están en riesgo inmediato de separación familiar, detención y deportación, aseguraron las organizaciones.
En respuesta a la cancelación del TPS para los venezolanos, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes publicaron sus reacciones:
“Este momento representa mucho más que la pérdida de estatus para un grupo de personas; es un punto de inflexión en el esfuerzo generalizado del gobierno de Trump por atacar el TPS y otras protecciones humanitarias, poniendo a cientos de miles de nuestros vecinos en riesgo de deportación y arresto por agentes enmascarados”, declaró Haddy Gassama, asesora principal de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Gassama continuó afirmando: “Es fundamental que los miembros del Congreso se movilicen y se unan en torno a una legislación que proteja a los beneficiarios del TPS y proporcione una vía hacia la ciudadanía a millones de nuestros vecinos y seres queridos que han construido sus vidas en comunidades de todo el país”.
Adelys Ferro, Directora Ejecutiva del Caucus Venezolano-Americano, declaró: “Esta cruel decisión del gobierno de Trump, respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos, no se trata de política ni de leyes; se trata de xenofobia, racismo y discriminación. Para muchos, regresar a Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro simplemente no es una opción. Muchos beneficiarios del TPS son refugiados políticos, víctimas de persecución y pilares de sus comunidades: personas que contribuyen diariamente a este país. Perder su estatus significa perder la estabilidad y la esperanza”.
“Los migrantes venezolanos se han convertido en parte integral de nuestras comunidades: son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, cuidadores y amigos. Merecen ser reconocidos por su humanidad y sus numerosas contribuciones a nuestra sociedad”, dijo Dulce Guzmán, Directora Ejecutiva de Alianza Américas.
“El Congreso creó este programa específicamente para proteger a las poblaciones vulnerables de condiciones inseguras o inestables en sus países de origen. Al seguir adelante con estas terminaciones, la Administración socava el propósito mismo del programa y obliga a las personas a regresar a condiciones peligrosas”, dijo Nils Kinuani, Gerente de Política Federal de African Communities Together (ACT).
Carolyn Tran, Directora Ejecutiva de Communities United for Status & Protection (CUSP), declaró: “En CUSP, nos solidarizamos plenamente con la comunidad venezolana con TPS. Cuando una de nuestras comunidades es atacada, todas somos atacadas”.
“Las mismas fuerzas que amenazan a las familias venezolanas amenazan a las familias haitianas, sudanesas, etíopes, sirias, birmanas, afganas y nepalesas en toda la diáspora. Nuestra fuerza reside en nuestra resistencia colectiva y en nuestra negativa a ser divididas. El Congreso debe actuar ya para proteger a todos los beneficiarios del TPS y ofrecerles una vía hacia la ciudadanía”, concluyó Tran.
George Escobar, Jefe de Programas y Servicios de CASA, afirmó: “No permaneceremos en silencio mientras los inmigrantes de todo el país están en peligro y continuaremos luchando para garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad puedan prosperar”.
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