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Un reporte revela que EE.UU. ha ejecutado a 21 reos que probablemente eran inocentes

Pese a la oposición pública a la pena de muerte, este año se han llevado a cabo más ejecuciones que en cualquier otro año de la última década

inyección letal

El informe insta a las legislaturas y a los ejecutivos estatales a derogar la pena de muerte. Crédito: Nevada Department of Corrections | AP

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicó un reporte titulado “Fallas Fatales: Inocencia, Raza y Condenas Injustas”, un nuevo informe que expone cómo el racismo, el error humano y las fallas sistémicas han convertido las condenas injustas, y en particular las de hombres afroamericanos, en una consecuencia inevitable del sistema de pena de muerte.

El documento subraya que, pese a la oposición pública a la pena de muerte, este año se han llevado a cabo más ejecuciones que en cualquier otro año de la última década, incluso de personas con argumentos sólidos para demostrar su inocencia.

“Cada condena injusta revela no solo un error individual, sino también los patrones de injusticia sistémica inherentes a la propia pena de muerte”, afirmó Megan Byrne, abogada principal del Proyecto sobre la Pena Capital de la ACLU.

Desde que comenzó la era moderna de la pena de muerte en 1973, al menos 200 personas han sido exoneradas del corredor de la muerte en Estados Unidos. Sin embargo, al menos otras 21, probablemente inocentes, fueron ejecutadas, detalla el reporte.

El informe examina los factores que condujeron a estas condenas injustas y destaca las historias humanas que hay detrás, como la de Glynn Simmons, quien pasó 48 años encarcelado injustamente, el encarcelamiento injusto más largo conocido en la historia de Estados Unidos.

ACLU también menciona el ejemplo de Carlos DeLuna, un latino que Texas ejecutó en 1989 por una identificación equivocada, pues quedó sentenciado por matar a un trabajador de una gasolinera en Corpus Christi, donde el responsable en realidad era un hombre llamado Carlos Hernández.

También señala la ejecución del afroamericano Leo Jones, en 1998 en Florida, donde un jurado de solo personas blancas lo condenó, con base en una “confesión coaccionada”, por asesinar a un policía blanco.

Factores que influyen

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen la mala conducta oficial de la policía o la fiscalía, como la coacción a testigos, la ocultación de pruebas exculpatorias o la falsificación de informes.

Asimismo, el falso testimonio o el perjurio se produce en casi el 70 % de los casos de condena injusta a la pena de muerte, y es el factor más común entre las personas afroamericanas y latinas exoneradas.

La identificación errónea por parte de testigos presenciales ha contribuido a una de cada cinco condenas injustas a la pena de muerte. Las identificaciones erróneas son especialmente probables cuando el testigo y el sospechoso son de razas diferentes.

Las pruebas forenses poco fiables influyen en aproximadamente una de cada tres exoneraciones. Muchas técnicas forenses desacreditadas, como el análisis de marcas de mordeduras y cabello, se siguen utilizando en casos de pena de muerte y dan lugar a condenas injustas.

De acuerdo con el reporte, el sesgo racial en la selección del jurado perjudica a los acusados. La selección de jurados para casos de pena de muerte que excluye a jurados afroamericanos dan como resultado jurados propensos a la condena que no representan a la comunidad.

El informe insta a las legislaturas y a los ejecutivos estatales a derogar la pena de muerte, ampliar las vías de recurso y rendición de cuentas posteriores a la condena, garantizar jurados justos y diversos, crear recursos efectivos y apoyo reparador para las personas condenadas injustamente, y fortalecer las comisiones ejecutivas de clemencia y revisión de inocencia.

“Fallos Fatales: Inocencia, Raza y Condenas Injustas” es el segundo volumen de una serie sobre la pena de muerte. El primer volumen, “Fallos Fatales: Revelando la Manipulación Racial y Religiosa del Jurado en Casos de Pena Capital”, expone cómo el proceso de selección de jurados para casos de pena capital distorsiona la composición de los jurados en estos juicios.

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