El virus del monopolio: el negocio de Gilead y ViiV contra el VIH
El 85% del gasto público en medicamentos contra el VIH se concentra en manos de solo cinco empresas
Cinco empresas controlan medicamentos contra VIH. Crédito: poderlatam.org | Cortesía
En Ginebra, la titular del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) Winnie Byanyima reportaba que prácticamente toda Latinoamérica fue excluida de un acuerdo que permitía a los países en cuestión tener acceso a medicamento antirretroviral sin licencia de patente . Esas declaraciones fueron la antesala para una solicitud mayor dirigida a la empresa Gilead: la de “permitir que su fármaco más reciente Lenacapavir (del cual posee la única patente), una solución inyectable que se aplica solamente dos veces al año, pueda ser distribuido sin patente” . La importancia de ambos discursos radica en que, según lo narra Byanyima, existe un fuerte aumento de nuevos casos en la región afectada por la falta de acuerdo a liberar patentes.
En México, la misma discusión tuvo lugar durante el evento Estudio de Impacto de la Ampliación del Acceso al Lenacapavir en nuestra región, realizado por el Instituto AHF de Salud Pública Global. En dicho evento, la doctora Georgina Morales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recordó que el país ya cuenta con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para pruebas piloto y con personal capacitado para la aplicación de Lenacapavir. Sin embargo, el proceso para su aplicación debe ser a largo plazo por necesidades operativas: “Ese tipo de estrategias requieren tiempo. Justamente porque deben de quedar si el día de mañana las autoridades ya no estamos. Tenemos la experiencia y la disposición, pero no el acceso. Estas estrategias deben complementar la PrEP oral (Profilaxis Pre Exposición), no reemplazarla”, dijo.
Guillermo Bustamante Vera, gerente del programa país en la organización internacional AIDS Healthcare Foundation (AHF) en entrevista para PODER comenta sobre la exclusión de países del acuerdo: “Es falta de sensibilidad de las farmacéuticas. Desafortunadamente se excusan en el cambio de ciertas moléculas para poder conservar la patente y seguir vendiendo medicamentos a precios más elevados. Resulta paradójico estar tan cerca médicamente de superar la crisis de VIH. Pero al mismo tiempo estamos muy lejos debido a la insensibilidad farmacéutica. En el caso de México hemos sido muy respetuosos, incluso más de lo que deberíamos, respecto a defender estas patentes”, explica.
La reciente advertencia de ONUSIDA de que casi toda Latinoamérica ha sido excluida del acuerdo que permitiría el acceso a medicamentos genéricos eficaces en la prevención del VIH marca una señal de alerta: cuando no se abren las patentes o las licencias tienen fuertes restricciones, los países de ingresos medios o bajos pierden la capacidad de producir o importar versiones genéricas más accesibles.
Cuando desaparecen las licencias libres de derechos o las versiones genéricas, el mercado se inclina hacia contratos con precios más altos, otorgados a empresas dominantes que poseen patentes o suministros exclusivos. La imposibilidad de acceder a versiones genéricas baratas (como se señala en el análisis internacional donde se reconoce que un tratamiento preventivo para VIH cuesta hasta 40,000 dólares al año frente a versiones genéricas que podrían costar cerca de 40 dólares) deviene en una carga para los sistemas públicos de salud.
Conflictos de alto perfil
La organización AHF ha denunciado en repetidas ocasiones el “abuso comercial de Gilead”, argumentando que “los precios de sus medicinas vitales para el VIH, Hepatitis C y COVID-19 (como el Biktarvy, Truvada y Remdesivir) son muy altos y la farmacéutica se aferra a sus patentes”. AHF, en su capÍtulo México, también cuestionó que el acuerdo reciente de Gilead con el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) dejó fuera a la mayoría de América Latina y el Caribe, obligándolos a negociar individualmente y en opacidad para acceder a nuevos fármacos como el lenacapavir .
En 2019 Estados Unidos demandó a la empresa Gilead Sciences Inc por presuntamente no compensar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) por descubrir que su medicamento Truvada podía ayudar a prevenir la infección por el VIH . Finalmente Gilead logró salir adelante en el juicio de 2023, donde un jurado determinó que las patentes gubernamentales no tenían validez, lo que le permitió evitar pagar 691 millones de dólares en daños y perjuicios. A pesar de ese veredicto, la Fiscalía de EE.UU apeló la decisión.
En otra demanda judicial, ocurrida en el mismo país, la empresa Gilead se vio obligada a indemnizar hasta 40 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con su medicamento para el VIH llamado tenofovir, un componente de varios esquemas de tratamiento. El caso fue presentado en mayo de 2019 en el Distrito Norte del estado de California.
Cinco proveedores acaparan mercado de suministros en México
En México, el mercado de los tratamientos e insumos vinculados al VIH es un sistema cerrado, donde unas cuantas empresas definen no solo el flujo del dinero público, sino la capacidad del Estado para garantizar la continuidad de los tratamientos. De acuerdo con datos de Compranet analizados por PODER, el 85 % de los recursos públicos destinados a la atención del VIH en los ejercicios 2024 y 2025 terminó en manos de solo cinco proveedores.
Los registros oficiales muestran que INTERMET S.A. de C.V., el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, WALA Servicios México S.A. de C.V. y Abbott Laboratories de México S.A. de C.V. se reparten más de 1,400 millones de pesos en contratos públicos. INTERMET lidera con 368 millones de pesos en adquisiciones de equipamiento y suministros médicos; el INER y el Instituto de Nutrición concentran más de 340 millones; WALA Servicios suma 174 millones en contratos de logística y distribución; mientras que Abbott, la farmacéutica de capital extranjero, acumula más de 308 millones en pruebas y kits de diagnóstico.
El patrón de concentración es claro y persistente. “No es un tema de voluntad política, sino de estructura: el sistema de compras se sostiene sobre operadores fijos, y eso deja fuera a quienes podrían ofrecer soluciones más ágiles o de menor costo”, explica Guillermo Bustamante Vera, especialista en gestión hospitalaria y exfuncionario del sector salud. Según él, la alta dependencia de unos cuantos proveedores ha reducido la capacidad del gobierno para planear con anticipación y responder ante los episodios de desabasto que, año tras año, se repiten en las unidades médicas.
“México no puede hablar de soberanía sanitaria si depende de un solo laboratorio para adquirir pruebas o reactivos críticos”, advierte Bustamante Vera. “Cuando se excluye a la región de los acuerdos de licencias abiertas, se rompe la cadena de abasto, se encarece todo el proceso y se compromete la continuidad de los tratamientos. No hay margen de planeación ni de respuesta técnica”, argumenta el especialista de AHF.
El resultado es un modelo dual en el que el mercado internacional controla la oferta, y el mercado nacional opera bajo una lógica de dependencia técnica y financiera.
“Hay un discurso de eficiencia que no corresponde con la realidad”, señala Bustamante Vera. “El problema no es que falten medicamentos en el sistema, sino que no llegan a tiempo a los pacientes. La distribución está centralizada y las compras se hacen sin prever escenarios de contingencia, lo que genera rupturas constantes en la atención.”, explica Bustamante Vera.
La exclusión latinoamericana del acceso a los medicamentos genéricos, unida a la concentración de contratos en México y a las fallas en los mecanismos de transparencia, define una tendencia: el combate al VIH se ha transformado en un espacio de negociación entre gobiernos y corporaciones, más que en una política de salud pública basada en derechos.
Las nuevas compras TARV no bastan: 30 mil muertes por VIH
En total, México erogó 1,685,779,235.06 pesos en 1,529 contratos de Tratamiento Antirretroviral o (TARV) en 2020, último año en el que el país reportó pública y desagregadamente las compras de medicamentos consolidados. Dicha información obtenida del portal de transparencia de la Secretaría de Salud (SSa) nos permite además entender la ruta del dinero hasta ese mismo año en que dejaron de transparentar las compras públicas consolidadas debido al cambio de modelo de compra por licitación a compra consolidada.
México empezó a adoptar en serio el modelo de compras consolidadas a partir del cambio de gobierno en 2018, cuando la entonces nueva administración federal transfirió a la Secretaría de Hacienda (SHCP) la responsabilidad de centralizar las compras públicas . El motivo principal fue que concentrar las compras en un solo proceso permitiría al Estado tener más poder de negociación, reducir duplicidades, lograr mejores precios, facilitar la fiscalización y disminuir la corrupción .
En 2020, 3 empresas concentraron el total de adjudicación de TARV. El gasto público en medicamentos antirretrovirales en 2020 se concentró de manera extrema en un pequeño grupo de proveedores. El 82 por ciento del gasto se quedó en manos de solo tres empresas. La mayor beneficiaria fue Farmacéuticos Maypo, que acaparó 40.79 por ciento del presupuesto. Le siguió Gilead Sciences México, responsable de 30.73 por ciento del gasto, y en tercer lugar Janssen-Cilag de México, con 11.60 por ciento. Este nivel de concentración implica que dos transnacionales y un intermediario dominaron el suministro nacional.
El resto del mercado se fragmentó entre proveedores cuyo peso fue claramente marginal.
GlaxoSmithKline alcanzó 6.39 por ciento; Sandoz sumó 4.20 por ciento; Landsteiner Scientific, 2.44 por ciento, y Merck Sharp & Dohme, apenas 1.65 por ciento. Ninguna otra empresa superó el uno por ciento del gasto total. Entre ellas se encuentran Abbvie, Alternavida, Evolution Proces, Stendhal, Roche, Ultra Laboratorios, Aurovida Farmacéutica y Boehringer Ingelheim, todas con participaciones que van del 0.66 por ciento hasta cifras casi simbólicas de 0.002 por ciento.
El patrón general muestra un mercado dependiente de muy pocos actores . Esto revela una estructura de compra altamente concentrada, así como una vulnerabilidad sistémica: cualquier falla de suministro en una de las tres principales empresas tendría un efecto inmediato sobre el acceso a tratamientos, dado que la mayor parte del dinero y del volumen contratado recae en ellas.
En entrevista exclusiva para PODER el titular general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis (CENSIDA), el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, comentó que se desconoce el motivo por el cuál se dejaron de transparentar los contratos de compras públicas pero que ese fue el resultado de los acuerdos con organizaciones de la sociedad civil, sin nombrar cuáles de ellas.
“A nosotros, en México, no nos afectó la falta de medicamento TARV sin licencias. México tiene compromisos internacionales con Gilead o GSK específicamente. Son compromisos de patentes con todas las compañías, los cuales nos obligan a respetar las patentes”, aseguró el funcionario. Es decir, México se encuentra imposibilitado por acuerdos comerciales globales a adquirir medicamentos TARV sin patentes.
El especialista insistió en recalcar que el tema que se resolvió de la mejor manera, entorno a los medicamentos, es el de la accesibilidad y agregó que las cifras en aumento de mortalidad pueden responder a la falta de diagnóstico: “El abasto de medicamentos está asegurado. Se aseguraron para los últimos años y las personas lo reciben de manera gratuita. (…) En México tenemos diagnosticadas 320 mil personas con VIH. Eso quiere decir, que debe haber en México alrededor de 80 mil personas que no conocen su diagnóstico (debido a que las estimaciones de la OMS es de 400 mil personas que viven con el virus en México). Estas personas se pueden dar cuenta muy tardíamente de su diagnóstico en la etapa que denominamos SIDA, muchas veces por que sigue siendo una enfermedad con estigma”. Asegura además que la capacidad de reacción es limitada en esos casos.
Las defunciones en México por VIH
Como lo reporta el doctor Mosqueda en la conversación anteriormente citada, “existen 400 mil personas viviendo con VIH y un aproximado de 80 mil personas que viven con el virus pero carecen de diagnóstico”. De ese universo, PODER analizó la estadística que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Salud referentes a la mortalidad del VIH.
De acuerdo con los datos desagregados por PODER, este esquema de adquisiciones no consiguió mejorar de manera significativa la cobertura ni reducir la mortalidad asociada al virus. En total, de 2019 a la fecha, en México han muerto 29,474 personas a causa de condiciones relacionadas al VIH.
En 2019 y 2020, los reportes anuales de Secretaría de Salud reportan 5293 y 4557 respectivamente. Para 2021, se registraron 4662 muertes relacionadas con este virus; mientra que durante el 2022, se reportaron 4847 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad o alguna complicación generada por esta.
A partir del año 2023 podemos observar un incremento: el INEGI registró 4966 muertes relacionadas con el VIH, ya sea por la infección directamente o por complicaciones asociadas.
Para 2024, el panorama no mejoró. El informe anual de mortalidad del INEGI señala 5149 fallecimientos por VIH o sus complicaciones . De esas muertes, 58.6 por ciento se atribuyeron a enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que 3.9 por ciento correspondieron a tumores malignos. En 14.9 por ciento de los casos no se precisó la condición asociada.
Al respecto, el titular de CENSIDA comenta estar en desacuerdo con las cifras. Argumenta que desconoce el modelo por el cual ingresan datos de mortalidad en INEGI. Sin embargo, asegura que el tipo de fallecimientos ha cambiado: “Históricamente las personas que viven con diagnóstico de VIH solían fallecer del mismo VIH, de la progresión de su enfermedad. Porque no había medicamento, porque no había atención, porque la enfermedad avanzaba inexorablemente hasta llevarlos a morir. Ahora no. La mortalidad se ha ido asociando cada vez más a causas que no tienen que ver con el VIH”, comenta sobre los reportes de INEGI, aunque no existen datos públicos al respecto de lo que menciona el funcionario.
El desabasto también se mantiene
La fotografía más reciente sobre el abasto de antirretrovirales en México no proviene de declaraciones improvisadas, sino de los reportes que cada institución está obligada a publicar tras los acuerdos de CENSIDA, por ejemplo, el informe de abasto de Antirretrovirales de la Secretaría de Salud. Para 2025, el CENSIDA de la SSa difunde en su sitio web el estado de las existencias y, de acuerdo con su informe más reciente, la mayoría de las claves presentan niveles adecuados.
Con esa información de suministros, contrastada con el protocolo existente para la atención de VIH, la organización de la sociedad civil AIDS Healthcare Foundation (AHF), identificó los siguientes percances de abastecimiento: Abacavir 300 mg —con un consumo mensual de 14 unidades— y Darunavir de 150 mg —con un consumo mensual de apenas una unidad— registraron existencias en cero y uno, respectivamente.
En contraste, el esquema de mayor uso en el país, Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida, mantiene un consumo mensual de 113,467 unidades y una existencia de 413,136, suficiente para 3.6 meses. Lo mismo ocurre con Emtricitabina–Tenofovir para PrEP, con un consumo mensual de 29,397 y existencias para 4.1 meses (un mes mayor a lo que obliga el protocolo).
En el caso de ls servicios de salud de Pemex, su informe del segundo trimestre de 2025 reconoce un desabasto de Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida, con existencia para solo un mes de suministro nacional. La empresa continúa utilizando Efavirenz, emtricitabina y tenofovir disoproxilo para la mayoría de sus usuarios, con 588 unidades de consumo mensual y existencias suficientes para 4.8 meses. Pero varias claves críticas —Abacavir-Lamivudina 600/300 mg, Darunavir 600 mg, Lopinavir-ritonavir y Ritonavir 100 mg— solo cuentan con un mes disponible.
El IMSS, que atiende al mayor número de personas que viven con VIH en el país, reportó desabasto o niveles mínimos de suministro en seis medicamentos. La lista va desde Darunavir 600 mg, con un consumo mensual de 38 unidades y solo una existencia disponible, hasta formulaciones pediátricas de Dolutegravir —las tabletas dispersables de 5 mg y las de 10 mg— que tienen cero o apenas diez piezas registradas a nivel nacional. Otros medicamentos, como Efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxilo y la suspensión de Nevirapina, directamente no registran existencias.
Con estos datos, el mapa queda claro: México tiene la normativa, los acuerdos y las instituciones capaces para prever el abastecimiento. Pero los reportes muestran diferencias profundas entre sistemas, fallas puntuales en claves específicas y un cumplimiento desigual de la obligación de informar. Ninguna de esas piezas se puede analizar sin la otra. Y mientras la información siga fragmentada, el acceso continuo al tratamiento dependerá menos de la política pública y más de la institución a la que cada persona pertenece.
Este reportaje fue realizado con información pública. Los datos de reportes por desabasto de medicamentos fueron sistematizados por PODER pero se encuentran para su libre consulta gracias a la colectiva Cero Desabasto. Los datos aquí revelados son producto del análisis de COMPRANET, CENSIDA, INEGI y Secretaría de Salud. Las conclusiones pueden contener variaciones debido a la falta de información pública o a su disponibilidad.
(*) Ricardo Balderas es periodista de investigación en PODER Latinoamérica.
