Consecuencias de deportaciones masivas: jueces advierten que están perdiendo testigos clave en casos penales
La protección a los testigos bajo estatus inmigrante se ha vuelto difícil, lo que ha imposibilitado la resolución de algunos juicios
Trump sigue acelerando sus planes de deportación masiva. Crédito: Eli Hartman | AP
En el oeste de Texas, un caso de agresión grave quedó paralizado luego de que la presunta víctima fuera deportada antes de llegar a juicio. El hecho expone cómo el endurecimiento de la política migratoria puede afectar directamente el funcionamiento del sistema judicial penal.
En septiembre, Adán Yáñez Porras fue acusado en el condado de Ward de agredir violentamente a Manuel Chairez-Montes, provocándole fracturas en el lado izquierdo del rostro. Sin embargo, antes de que el proceso avanzara, Chairez-Montes, quien era indocumentado, fue deportado a México.
La fiscal de distrito Sarah Stogner explicó que, sin el testimonio de la víctima, resulta imposible llevar el caso a juicio. Aunque Yáñez Porras enfrenta un cargo grave de segundo grado, permanece en libertad bajo fianza desde poco después de ser acusado, según confirmó la propia fiscal.
Stogner indicó que está solicitando una visa U, un recurso migratorio que permite a víctimas de delitos permanecer legalmente en Estados Unidos por hasta cuatro años. Aun así, reconoció que el proceso es lento y que el daño al caso ya está hecho.
La fiscal, que también representa a los condados de Loving y Reeves, aseguró que esta situación es una consecuencia directa del enfoque migratorio de la administración Trump, que ha intensificado las deportaciones en todo el país, afirmó Sarah Stogner.
El temor migratorio y su impacto en la justicia
Mientras el presidente Donald Trump acelera los esfuerzos de deportación masiva con el argumento de proteger a las comunidades, otros fiscales de Texas advierten que estas medidas, en la práctica, dificultan el procesamiento de delitos violentos al alejar a víctimas y testigos clave.
En distintas regiones del estado, inmigrantes indocumentados han optado por permanecer en casa y limitar sus salidas a lo estrictamente necesario. Según reportes locales, algunos incluso han dejado de asistir a iglesias por miedo a encontrarse con agentes de inmigración.
El fiscal de distrito de El Paso, James Montoya, señaló que las redadas del ICE han generado tal nivel de temor que algunos testigos se rehúsan a colaborar con la justicia. Citó un caso de asesinato en el que un testigo clave decidió no regresar a Texas para declarar, explicó James Montoya.
Montoya afirmó que su oficina no pudo garantizar que una citación judicial protegiera al testigo de una posible detención migratoria. El acusado fue finalmente declarado inocente, una decisión marcada por la ausencia de ese testimonio crucial, señaló James Montoya.
El abogado de inmigración Ali Zakaria advirtió que este clima de miedo favorece la impunidad, ya que muchas víctimas indocumentadas evitan denunciar delitos. Incluso cuando hay arrestos, el riesgo de deportación impide que los afectados comparezcan ante los tribunales.
En el condado de Harris, el fiscal Sean Teare reconoció que las redadas del ICE han afectado numerosos casos penales, incluidos delitos sexuales contra menores. Para mitigar el problema, su oficina comenzó a emitir tarjetas de identificación para testigos indocumentados.
Teare recordó el caso de Carmelo González, padre de una niña asesinada en Pasadena, quien estuvo a punto de ser deportado pese a ser testigo clave. Aunque logró frenar su expulsión, González ahora participa desde un centro de detención migratoria.
