Juez de Texas declara nulo el juicio por caso de ataque a centro de detención de ICE
Con la nulidad declarada antes de que se integrara formalmente el jurado, el proceso deberá reiniciarse de cero. Mientras tanto, los cargos permanecen vigentes
Los fiscales, sin presentar pruebas, han vinculado a los acusados con una supuesta célula regional del movimiento Antifa. En la imagen, Max Ventura sostiene un cartel que dice "SOY ANTIFA". Crédito: Noah Berger | AP
Un juez federal en Texas declaró nulo el juicio contra nueve personas acusadas de presuntamente participar en un ataque contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que la fiscalía objetara la vestimenta de una abogada defensora durante la selección del jurado.
La decisión fue tomada por el juez federal Mark Pittman, antes de que iniciaran los alegatos iniciales en el proceso relacionado con los hechos ocurridos el 4 de julio de 2025 en el Centro de Detención de Prairieland, en Alvarado, al norte de Texas.
Según reportes judiciales, la controversia surgió durante el “voir dire”, cuando fiscales federales señalaron que la abogada MarQuetta Clayton llevaba bajo su saco una camiseta con imágenes vinculadas al movimiento de derechos civiles, entre ellas figuras históricas como Martin Luther King Jr. y Shirley Chisholm.
El magistrado consideró que el mensaje gráfico podía interpretarse como una expresión política susceptible de influir en los potenciales jurados, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Ante ello, ordenó disolver el panel y reiniciar el juicio en una fecha por definir.
Ataque del 4 de julio bajo escrutinio federal
El caso se deriva de un presunto ataque coordinado contra las instalaciones de ICE en Alvarado. De acuerdo con la acusación federal, el grupo habría lanzado fuegos artificiales, provocado daños a edificios y vehículos, y realizado disparos contra agentes. Un oficial de policía local que acudió tras una llamada al 911 resultó herido en el cuello y sobrevivió.
Los fiscales, sin presentar pruebas, han descrito el incidente como una emboscada planificada y han vinculado a los acusados con una supuesta célula regional del movimiento Antifa. El caso ha sido señalado como uno de los primeros en los que el gobierno federal intenta encuadrar cargos bajo la narrativa de terrorismo doméstico asociado a ese colectivo.
La acusación se produce meses después de que el presidente Donald Trump firmara un decreto para designar a Antifa como “organización terrorista”, una medida que expertos legales han cuestionado por la falta de un marco legal claro para catalogar como terrorista a un movimiento doméstico descentralizado.
Organizaciones como el Southern Poverty Law Center han sostenido previamente que Antifa no opera como una estructura jerárquica nacional, sino como una corriente ideológica diversa. Por su parte, el colectivo DFW Support Committee criticó la decisión del juez y afirmó en un comunicado que el tribunal amplió el nuevo panel de posibles jurados de 90 a 120 personas, lo que —según el grupo— evidencia preocupación por la receptividad hacia la defensa.
Con la nulidad declarada antes de que se integrara formalmente el jurado, el proceso deberá reiniciarse desde cero. Mientras tanto, los cargos contra los nueve acusados permanecen vigentes y el caso continúa generando atención en el norte de Texas.
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