Guatemala, un Macondo del narco

Hace dos años en Youtube circuló un video titulado “Policía pendejo de Guatemala”, en el que un peatón le daba un cachetada a un policía sentado en un vehículo, y la única reacción del policía fue quejarse con otro policía, y decirle que lo habían golpeado. Jamás tomó su pistola, ni reprendió al peatón por irrespetar a la autoridad. Si un guatemalteco observa el video, lo primero que le viene a la mente es que, por mucho menos, otros policías habrían desenfundado y disparado su arma de fuego. Varias veces.

Está el caso de los cuatro policías guatemaltecos que balearon e incineraron a tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, y a su conductor, en enero de 2007 (el caso Parlacen)—entre otros horrores. Supuestamente los policías creyeron que el vehículo de los diputados llevaba droga. Semanas después, los cuatro murieron acribillados en la cárcel, y sus asesinatos todavía permanecen impunes.

Luego está el contingente de policías y soldados que, este 16 de octubre, transportaban al supuesto narcotraficante José Ranferí Ponce Rodríguez, que una turba de pobladores les arrebató y liberó en Izabal, nororiente de Guatemala. La turba también vapuleó a los policías y soldados. El sujeto liberado es hermano de Mario Ponce Rodríguez, un narco guatemalteco capturado en y extraditado desde Honduras en 2011 y condenado a 25 años de cárcel en EE.UU. Y es que los Ponce no son poca cosa. Según el Departamento de Justicia de ese país., la organización Ponce ya había traficado al menos 9 mil kilos de cocaína hacia EE.UU. hasta hace dos años.

No es la primera vez que una turba libera a un narco en Guatemala. En 2007, seis meses después del caso Parlacen, unos 20 hombres liberaron a un sujeto conocido como “El Rey de la Amapola” en San Marcos, occidente de Guatemala: Cornelio Esteban Chilel. Diez policías lo custodiaban. Tenía un año de capturado. Las autoridades todavía no lo han recapturado. Quién sabe si Ponce Rodríguez corra la misma suerte.

En suma, pareciera que no hablamos de la misma policía en todos los casos. Aún así, el caso de Ponce Rodríguez le daría argumentos al Gobierno de Guatemala para decir que no tiene recursos para combatir el narcotráfico, a no ser por una millonaria donación que el país recibió de EE.UU. en equipo de seguridad, vehículos blindados, y helicópteros (Taiwan donó dos más en 2012).

Pero el Gobierno queda sin argumentos ante la evidencia que la efectividad contra el narcotráfico necesita más que recursos materiales y tecnológicos. Requiere personal con mística de trabajo, blindado contra la corrupción, y con la habilidad estratégica para controlar al narcotráfico. No es posible tener polos tan opuestos en la misma fuerza policial, ni que el gobierno (actual y los anteriores) no consiga una calidad policial uniforme y efectiva contra el crimen organizado.

Es fácil para el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, decir que 30 años de lucha contra el narco no han dado resultados, y que se debe considerar nuevas vías (la “despenalización”). Pero es incapaz de reconocer que el problema de fondo es la corrupción y mediocridad—que son más difíciles de enfrentar. Esto es como bañarse con agua sucia, acabar inmundo, y decir que no sirve bañarse porque se acaba igual de sucio, cuando lo que toca es purificar el agua.

En cambio, Guatemala está sumergida en un realismo mágico (a lo García Márquez), un Macondo del absurdo, donde la fuerza policial y militar reúne bajo la misma sombrilla a agentes que se dejan abofetear por peatones, a otros que incineran a diputados, otros que roban droga a los narcos, y a otros que se dejan arrebatar a los detenidos; a soldados que disparan contra manifestantes desarmados (como ocurrió hace un año en Totonicapán), y a otros que una turba vapulea fácilmente. ¿Alguien lo entiende?