Corte federal ordena regreso de madre DACA deportada

Una Corte Federal de Pasadena ordenó a la Administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de María de Jesús Estrada Juárez, una madre beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), tras encontrar deficiencias legales en su deportación a México.

“Me siento llena de alivio y esperanza tras conocer la decisión del tribunal”, dijo María de Jesús de 42 años y madre de una hija nacida en Estados Unidos hace 22 años.

“Estar separada de mi hija y de mi hogar ha sido increíblemente doloroso. Seguí las reglas y confié en el proceso; ahora solo quiero regresar con mi familia y reconstruir mi vida. Esta decisión me da la esperanza de que pronto podré volver a casa”, afirmó.

María de Jesús llevaba viviendo casi tres décadas en el país, trabajaba como gerente regional del Motel 6, y gozaba de la protección de DACA desde 2013.

El 18 de febrero de 2026, acudió a una entrevista programada para su residencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Sacramento, acompañada por su hija, ciudadana estadounidense. En lugar de completar la entrevista, fue detenida y deportada a México al día siguiente.

Su abogada Stacy Tolchin  presentó una demanda para solicitar al tribunal que ordenara al gobierno federal facilitar su regreso y restituirla al estatus que ostentaba antes de su expulsión.

El escrito incluyó una solicitud de una orden judicial de emergencia que instruya al gobierno a permitir el regreso de María a Estados Unidos mientras el caso sigue su curso.

La demanda argumentaba que su expulsión vulneró la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución de los Estados Unidos.

El 23 de marzo de 2026, la jueza de distrito Dena M. Coggins concedió una moción a favor de María de Jesús que exige al gobierno que facilite su regreso a los Estados Unidos a más tardar para el 30 de marzo.

Asimismo, el tribunal ordenó que, tras su regreso, a María se le respeten todos los derechos y protecciones bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), como si su expulsión del 19 de febrero de 2026 nunca hubiera ocurrido.

“Estas últimas semanas sin mi madre han sido devastadoras. Nada ha vuelto a ser igual sin ella. Estamos inmensamente agradecidos de que el tribunal haya reconocido que lo que se le hizo estuvo mal. Contamos los días para que regrese al lugar al que pertenece”, dijo su hija Damaris Bello.

La abogada dijo que el tribunal reconoció lo que sostuvieron desde el principio, que la deportación de María de Jesús fue ilegal, ya que su estatus DACA la protegía de ser expulsada de los Estados Unidos.

“Este fallo la reunirá con su hija, ciudadana estadounidense”.

El gobierno expulsó a María mediante una orden de reinstauración de la expulsión basado en una supuesta orden de expulsión expedita de 1998, emitida cuando María era menor de edad. 

Sin embargo, el expediente demuestra que dicha orden nunca se formalizó, dado que carecía de la aprobación supervisora ​​requerida. 

La oficina de la abogada señaló que las reglamentaciones federales establecen claramente que una orden de expulsión expedita no adquiere carácter definitivo a menos que sea revisada y aprobada por un supervisor. Sin dicha aprobación, no existe orden válida alguna que pueda ejecutarse o reinstaurarse.

Asimismo no puede emitirse una orden de reinstauración de la deportación cuando la entrada más reciente del individuo a los Estados Unidos haya sido lícita. 

La última entrada de María se produjo bajo el permiso que en inglés se conoce como advance parole, un ingreso lícito al país que impide la aplicación de la reinstauración. Los propios registros del gobierno no reflejaron adecuadamente este hecho.

“Este caso pone de manifiesto graves fallos en los intentos caóticos e irresponsables del gobierno de expulsar a personas sin cumplir con la ley”, declaró la abogada Tolchin. 

“Nos centramos en garantizar el regreso seguro de María y en evitar que esto vuelva a suceder”.

El tribunal ordenó además que las partes presenten, en un plazo de diez días, un informe conjunto sobre el estado del caso en relación con el regreso de María. 

El asunto ha sido remitido a un juez magistrado para la continuación de los procedimientos a medida que avanza el caso.

María permanece separada de su familia, pero ahora se espera que regrese a los Estados Unidos en cumplimiento de una orden judicial. Su equipo legal continúa buscando la plena rendición de cuentas y una reparación permanente para garantizar que sus derechos sean plenamente restablecidos.

El presidente de FWD.us, Todd Schulte dijo que están inmensamente felices por María y su familia, y profundamente apenados de que la situación haya llegado a este extremo. 

“Este fallo confirma lo que ya sabíamos: el gobierno actuó de manera ilegal. Los beneficiarios de DACA merecen vivir con dignidad y no bajo la amenaza de deportación. Sin embargo, esta administración los ha tomado cada vez más como blanco. El gobierno debe acatar esta orden de inmediato y garantizar su regreso seguro”.

Agregó que el caso de María de Jesús no es un hecho aislado; por lo que llamó al gobierno a detener el preocupante aumento en la detención y  la deportación de beneficiarios de DACA, a pesar de las protecciones que ofrece el programa. 

Mientras los legisladores evalúan destinar decenas de miles de millones en fondos adicionales para el ICE y la CBP, sumándose a los aproximadamente $150,000 millones ya asignados, este caso constituye un crudo recordatorio del costo humano que conlleva la expansión de estos sistemas, de por sí ya excesivos.

En febrero pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que en los primeros 11 meses de 2025, más de 250 inmigrantes beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fueron arrestados, y más de 80 deportados de Estados Unidos.

Estos datos fueron revelados en una carta, con fecha del 11 de febrero, que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, envió al presidente del Comité Judicial del Senado, el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois.

El programa DACA fue aprobado por el presidente Obama en 2012 para cancelar la deportación de las personas indocumentadas que vinieron al país siendo niños, haber concluido la secundaria, y no tener antecedentes penales.

El DACA otorga un permiso de trabajo a renovar cada dos años.

Se estima que hay alrededor de 515,000 beneficiarios de DACA en el país, 144,000 de ellos residen en California.