Demanda a empleador

SACRAMENTO.— Cuando en 2011 estaba a punto de iniciar el juicio de una demanda interpuesta por José Arnulfo Arias contra la empresa lechera para la que había trabajado por casi diez años, por no pagarle horas extras y negarle recesos para comer y descansar, el abogado de su patrón lo reportó al Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

“Llegué a pensar que podían hacerme eso, pero nunca los creí capaces”, dice Arias, quien pasó noches en vela preocupado, sin poder dormir, pensando en que podían deportarlo y poner en riesgo a su esposa y cuatro hijos. “Estuve muy mal, muy estresado”, comenta.

Tras cuatro años de un litigio que se fue hasta la Corte Suprema del Estado, este trabajador logró finalmente un acuerdo con sus ex patrones de Angelo Dairy, una planta ubicada en el condado de San Joaquín, por la demanda presentada en 2006.

Pero ayer, apoyado por la California Rural Legal Assistance (CRLA) y la Sociedad de Ayuda Legal de San Francisco, Arias presentó una nueva demanda ante una corte federal contra sus ex patrones, la lechería Angelo y su abogado Anthony Raimondo por reportarlo a migración cuando reclamaba sus derechos laborales.

“Se trató de una acción ilegal bajo las leyes federales porque cualquier trabajador independientemente de su estatus, tiene derechos laborales”, explicó Blanca A. Bañuelos, abogada del trabajador de parte de California Rural Legal Assistance.

Y explica que el abogado contactó mediante un correo electrónico a un oficial de Removal and Enforcement Operations (ERO) —el brazo ejecutor de ICE— con quien ya había hablado por teléfono. “Le provee la información del señor Arias y le dice en esa correspondencia, ésta es la persona de la que te hablé y si necesitas nuestra ayuda en cualquier cosa, déjanos saber”, dice Bañuelos, respaldada por Araceli Martinez-Olguin, abogada de la Sociedad de Ayuda Legal.

“Lo que estamos buscando con esta demanda es que la corte declare que hubo una violación y se compense al trabajador por los daños emocionales “, precisa Martinez-Olguin.

Y agrega que aunque ellos ya han emprendido demandas contra empresas que reportan a migración a los trabajadores a la hora de reclamar sus derechos laborales, es la primera vez que entablan una, en contra un abogado.

“Es increíble, un abogado está para ver por la justicia, pero éste llamó y escribió a un oficial de migración y lo hemos documentado en la demanda’, indica Bañuelos.

Arias trabajó como ordeñador en la empresa productora de leche Angelo, y por temor nunca se atrevió a denunciar las irregularidades que padeció, hasta el 2006 cuando entabló la querella.

“Muchos trabajadores prefieren quedarse callados por miedo a que vayan a reportarlos a migración, o a perder el trabajo. Y en el caso de las lecherías es peor porque la mayor parte de los empleados viven dentro del establo”, expuso la abogada Bañuelos.

Arias dice que él vivía dentro de la lechería, y comenzaba a trabajar a las cinco de la mañana hasta el mediodía y volvía de nuevo a las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche.

La Opinión contactó a la oficina del abogado Raimondo, representante de Angelo Dairy, para comentar sobre la demanda pero no obtuvo respuesta.

Ambas litigantes esperan que la demanda siente un precedente para que los patrones dejen de usar el estatus migratorio de los trabajadores como una herramienta de amenaza para negarles sus derechos.

Un estudio nacional reciente de National Employment Law Project que abarcó a casi 4,000 trabajadores, arrojó que 43% de quienes se quejan o intentan formar un sindicato, experimentan represalias por parte de sus empleadores y supervisores.

A nivel de la legislatura estatal, hay tres proyectos de ley que intentan poner fin a las represalias que enfrentan los trabajadores indocumentados cuando se quejan o reportan alguna anomalía en sus derechos laborales.